El ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, informó que Paraguay continúa a la espera de un informe oficial del Brasil respecto al espionaje.

“Estamos muy cerca, el presidente Lula se comprometió a entregar en la brevedad el informe relatorio que explica los hechos acontecidos, inclusive mencionó la posibilidad de hacer una visita al Paraguay, lo cual sería muy bueno y estamos aguardando ese dossier”, explicó Giménez, en una entrevista con la 1080 AM.

La postura de Santiago Peña, detalló, es actuar con firmeza y reclamar al Brasil este informe, ya que persiste la molestia por lo acontecido, pese a que ocurrió mayormente en la administración de Jair Bolsonaro.

Una vez que esto suceda se restituirá la confianza, ya que Peña no es una persona rencorosa, señaló.

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Una vez que se cumpla con este paso, se reanudarán las conversaciones sobre el Anexo C, cuya definición estaba inicialmente marcada para el 31 de mayo.

“Hay que desmitificar un poco esto de que el parate beneficia al Brasil eso no es cierto”, opinó el ministro.

La Policía Federal elevó un informe al Supremo Tribunal de Justicia del Brasil señalando que el espionaje por parte de la Abin (Agencia Brasileña de Inteligencia) había ocurrido en ambas administraciones, es decir, continuó durante la era Lula.

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La licenciada Marina Ayala, secretaria general del Sindicato Nacional de Enfermería del IPS (Sinadips), señaló en entrevista con el canal GEN que la decisión del ente constituye una privatización y pone en riesgo los puestos de trabajo del personal que actualmente cumple funciones en el RAC (Recepción, Acogida y Clasificación).

“Estamos en contra. En lugar de invertir en su propio personal, contratan empresas privadas para tareas que ya realizamos desde enfermería”, manifestó.

La representante sindical explicó que el contrato con Neighpart SAECA contempla la instalación de cabinas electrónicas de evaluación y personal tercerizado, lo que desplazaría progresivamente a los funcionarios del área. Además, denunció que los contratos del personal están asegurados solo hasta diciembre, por lo que a partir de 2026 podrían darse desvinculaciones masivas.

“Nuestros contratos están garantizados solo hasta diciembre. Después no sabemos si continuaremos, porque el área central sería cubierta completamente por la empresa tercerizada”, advirtió.

Ayala también recordó que el sector de enfermería lleva 14 años sin reajuste salarial y que existen trabajadores contratados que perciben menos del salario mínimo. Cuestionó que, mientras se alegan limitaciones presupuestarias para equiparar salarios, el IPS destine más de USD 5 millones a un servicio que podría realizarse con recursos propios.

“El problema de la aglomeración de pacientes no es la falta de tecnología, sino la falta de personal médico y de enfermería. En un solo turno llegamos a clasificar más de 240 pacientes en ocho horas”, sostuvo.

El gremio ya mantuvo una reunión con el presidente del IPS y su equipo técnico, quienes defendieron la licitación alegando la necesidad de optimizar la atención en urgencias. Sin embargo, los trabajadores insistirán en el Congreso Nacional, donde el próximo 19 de noviembre buscarán apoyo parlamentario para frenar la implementación del contrato.

“Vamos a seguir movilizándonos porque es la única manera de que las autoridades escuchen”, adelantó la representante sindical.

La adjudicación a Neighpart SAECA, representada por Claudio Escobar Brizuela, forma parte de la Licitación Pública Nacional para modernizar el sistema de triaje en el Hospital Central del IPS.

Tras permanecer encerrado desde el año 2000, Luis Alberto Rojas, asesino de Luis María Argaña, finalmente compurgó la pena carcelaria por el magnicidio que estremeció al país el 23 de marzo de 1999.

Jesús Argaña, hijo de Luis María Argaña, se describió como un hombre de derecho y dijo sentirse conforme con el cumplimiento de la pena.

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“Él fue el que le disparó a papá, el que , por la ventanilla derecha le disparó con la escopeta, realmente fue el asesino material de Argaña, de eso no hay ninguna duda”, comentó Jesús Argaña.

Consultado acerca de lo que declaró Rojas al respecto, indicó que se mantuvo en que “le mataron nomás de onda, no le vinculó a Oviedo, habrá estado muy amenazado y sostenido económicamente”.

Luis María Argaña circulaba en una camioneta Nissan Patrol con su chofer y guardaespaldas, cuando un Fiat Tempra lo interceptó.

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El operativo principal tuvo lugar en el barrio Primavera, donde fue detenido el cabecilla del esquema, Eugenio Rodrigo Melgarejo, paraguayo, con antecedentes por tráfico de drogas y transgresión a la ley de armas. El mismo habría establecido una red de distribución reclutando a miembros de comunidades indígenas, quienes se encargaban de la venta de drogas dentro de sus propias comunidades y en zonas aledañas.

Del poder del presunto líder se incautaron pasta base de cocaína y clorhidrato de cocaína, G. 23.500.000 en efectivo, dos automóviles y una motocicleta, una réplica de fusil AK-47, 50 cartuchos calibre .38 Spl, teléfonos celulares y una balanza de precisión.

Paralelamente, la comitiva ejecutó dos allanamientos dentro de la comunidad indígena UJ’ELHAVO, perteneciente al pueblo Nivaclé, donde fueron detenidos los distribuidores que formaban parte de la red: Wesli Tito Zacarías, Liz Dorián Zacarías de Tito, Iván Francis Tito Zacarías e Ángel Mariano Aliendre Román.

En total, fueron retirados de circulación 504 gramos de pasta base de cocaína, equivalentes a unas 2.500 dosis de “chespi”, además de 5,7 gramos de cocaína y 20,4 gramos de marihuana.

El operativo fue coordinado con el fiscal Jorge Armando Benítez, quien dispuso la detención de todos los implicados y la incautación de las evidencias halladas.