La iniciativa, que tiene como denominación oficial “Que establece el protocolo especial para la búsqueda por medios digitales de personas desaparecidas”, propone obligar a las empresas telefónicas a proporcionar información de geolocalización de manera inmediata.

El diputado Saúl González (ANR-Central), proyectista del documento, dijo que uno de los principales obstáculos en las investigaciones de personas desaparecidas son las demoras de las compañías telefónicas para entregar información crucial.

“Los familiares de desaparecidos, frecuentemente, reciben de las autoridades la respuesta de que las compañías telefónicas demoran en dar la información requerida sobre la geolocalización y triangulación de antenas celulares”, expresó.

La exposición de motivos del documento sostiene que esta situación genera frustración en los denunciantes que perciben que la Policía Nacional, la Fiscalía General y los juzgados de garantías no actúan con la urgencia necesaria en estos casos críticos.

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DATOS EN TIEMPO REAL

El proyecto establece que las empresas públicas y privadas de telefonía celular deberán proveer datos de geolocalización y triangulación de antenas “en forma inmediata, es decir en tiempo real y en su defecto, en un plazo no mayor a dos (02) horas a partir de su solicitud”.

El proyecto designa al Departamento de Búsqueda y Localización de Personas de la Policía Nacional como la entidad principal encargada de estas investigaciones. Sin embargo, también otorga facultades a la Fiscalía General de la República a solicitar, directamente, a los juzgados de garantías cuando la Policía Nacional no active el protocolo de inmediato.

Los oficios serán tramitados mediante la figura del “anticipo jurisdiccional de pruebas”, garantizando un marco legal sólido para las solicitudes de información, según la propuesta.

Una de las disposiciones más exigentes del proyecto es la que obliga a las empresas telefónicas a “adecuar sus instalaciones técnicas e infraestructura de manera a dar la respuesta requerida en el tiempo establecido”.

Tras la media sanción, se dispuso que el proyecto sea remitido a la Cámara de Senadores para su siguiente trámite constitucional.

Desde la Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres (DGRRD) advirtieron que este fenómeno suele estar asociado en Paraguay a precipitaciones abundantes en cortos períodos de tiempo, acompañadas en muchos casos por fuertes ráfagas de viento.

Según las evaluaciones técnicas, uno de los principales desafíos no pasa actualmente por el nivel del río Paraguay, sino por la posibilidad de que se registren eventos de lluvias extraordinarias capaces de provocar anegamientos, desbordes de cauces hídricos y la saturación de los sistemas de drenaje.

Como antecedente reciente, recordaron que en la capital se registraron precipitaciones cercanas a los 200 milímetros en menos de 24 horas, una cantidad equivalente a la lluvia que normalmente se acumula durante todo un mes.

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AGOSTO, BAJO ESPECIAL OBSERVACIÓN

Las proyecciones meteorológicas indican que los próximos meses podrían presentar condiciones favorables para el desarrollo de El Niño, con especial atención hacia agosto, período en el que podrían registrarse escenarios de mayor impacto hidrológico.

Ante esta situación, la Municipalidad de Asunción mantiene tareas de limpieza de sumideros, alcantarillas y canales pluviales, además del seguimiento permanente de los puntos considerados críticos para la acumulación de agua.

Las zonas ribereñas y los sectores bajos de la ciudad continúan bajo vigilancia debido a que históricamente concentran las mayores afectaciones durante episodios de lluvias intensas.

CAMBIO CLIMÁTICO AUMENTA LA INCERTIDUMBRE

Las autoridades también señalaron que los efectos del cambio climático dificultan cada vez más la previsibilidad de estos fenómenos, lo que obliga a fortalecer los mecanismos de alerta temprana y los planes de contingencia.

En ese contexto, insistieron en la necesidad de mantener medidas preventivas permanentes, tanto a nivel institucional como ciudadano, ante la posibilidad de eventos meteorológicos extremos durante la segunda mitad del año.

El operativo permitió el retorno seguro de la paciente al país, donde continuará su proceso de recuperación y seguimiento especializado en el Hospital General Pediátrico “Niños de Acosta Ñu”, centro en el que permanecerá internada bajo control médico permanente.

La misión fue posible mediante un trabajo coordinado entre distintas dependencias nacionales e internacionales, dando continuidad a las gestiones iniciadas tras la reunión mantenida en abril entre la ministra de Salud, Dra. María Teresa Barán, y representantes del Hospital Pequeño Príncipe de Curitiba.

Actualmente, el Ministerio de Salud mantiene cooperación con dicho centro asistencial y con el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu, en el marco del fortalecimiento del intercambio técnico y la atención de pacientes que requieren tratamientos altamente especializados.

En el operativo participaron la Dirección General de Relaciones Internacionales del MSPBS, el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT), el Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME), el Hospital Niños de Acosta Ñu y la Fuerza Aérea Paraguaya.

Durante el traslado, la paciente fue acompañada por dos paramédicos especializados, quienes garantizaron la estabilidad clínica de la bebé en todo momento.

Desde la cartera sanitaria destacaron el trabajo conjunto de los equipos médicos, técnicos y de apoyo, así como de la tripulación aérea, que hicieron posible esta compleja misión aeromédica enfocada en preservar la vida y asegurar la continuidad del tratamiento de la paciente.

El Instituto de Previsión Social (IPS) puso en marcha una auditoría integral técnica, administrativa y contractual sobre las obras de refacción del Hospital 12 de Junio. La medida fue tomada de urgencia por el presidente de la previsional, el Dr. Isaías Fretes, luego de que una inspección in situ revelara anomalías en el estado edilicio y de infraestructura del centro asistencial.

Ante la gravedad del escenario, Fretes convocó a una reunión técnica con el objetivo de analizar la documentación de la obra. En el encuentro se ordenó la revisión de los informes técnicos, las certificaciones firmadas, las actas de recepción de los trabajos y las pólizas de garantía vigentes.

El principal foco de la investigación apunta a dimensionar el impacto económico y el posible perjuicio patrimonial que estas fallas representan para la institución.

De comprobarse negligencias técnicas, el IPS activará los mecanismos legales pertinentes. Las penalizaciones analizadas no se limitan a multas administrativas o rescisiones de contrato, sino que se impulsarán acciones civiles y penales correspondientes ante la Justicia.

Actualmente, las direcciones Jurídica y de Infraestructura operan en una mesa de trabajo coordinada para blindar las pruebas mientras las verificaciones en el hospital continúan su curso.