“Él fue condenado a 4 años de pena privativa de libertad por el hecho punible de abuso sexual en niños y efectivamente cumplió todas las etapas del régimen penitenciario”, explicó Maciel en entrevista con la radio 650 AM.

Dijo que el régimen incluye una primera etapa de observación, seguida del tratamiento, el periodo de prueba y finalmente la libertad condicional. “Por los registros que tenemos, él fue accediendo a cada una de estas etapas e incluso tuvo salidas transitorias este año, dentro del periodo de prueba”, puntualizó.

Sin embargo, Maciel fue tajante al reconocer una de las debilidades estructurales del sistema. “No existe ninguna ciencia del comportamiento humano que pueda darte una garantía del 100 % de que esta persona, que vino cumpliendo brillantemente cada una de las etapas, no vaya a tomar una decisión de dañar a alguien”, reconoció.

Marcelo Giménez Duarte, de 24 años, fue imputado por homicidio doloso tras ser identificado como el principal sospechoso del asesinato de la pequeña Melania, cuyo cuerpo fue hallado en un yuyal, con signos de estrangulamiento.

El mismo hombre había sido denunciado y condenado en 2022 por abusar sexualmente de la menor cuando tenía apenas 8 años. Fue beneficiado con libertad condicional a fines de abril de este año, menos de tres meses antes del crimen.

Varios cuarteles de la capital se declararon en alerta ante una inminente crisis operativa. Exigen a la Municipalidad de Asunción la transferencia inmediata de la deuda acumulada, un fondo proveniente de los impuestos a la construcción que la ciudadanía ya pagó, pero que sigue retenido.

Según la ordenanza municipal, el 3,5 % del impuesto a la construcción que debe destinarse a los cuerpos de bomberos de la capital, sin embargo, ese fondo no está siendo liberado desde hace 5 años y a la fecha acumula más de G. 10.000 millones.

La ordenanza municipal rige desde el 2012, pero recibieron el aporte hasta el 2020, según comentó Lorena Canan, presidenta del CBVP, al canal GEN/Nación Media.

Este incumplimiento municipal afecta directamente a la capacidad de respuesta de los bomberos, quienes deben cubrir mantenimiento de móviles, comprar nuevos equipos, combustible.

Ante la presión del comunicado y el malestar generalizado, el intendente capitalino convocó a una reunión con los voluntarios para hallar una solución, aunque los bomberos urgen un cronograma de pago real para garantizar su operatividad en las calles.

La normativa busca introducir mayores controles y garantías en los procesos judiciales vinculados a reclamos de deudas, estableciendo que los documentos originales deberán permanecer bajo custodia del juzgado mientras dure el litigio.

Esto significa que, cuando un acreedor presente un pagaré o cheque para demandar judicialmente el cobro de una deuda, el documento físico quedará depositado en la secretaría judicial hasta la finalización del proceso.

El diputado Héctor Figueredo, presidente de la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo, explicó que el objetivo es asegurar que el título de crédito permanezca plenamente identificado como objeto de un reclamo judicial.

“El título de crédito debe estar siempre custodiado, ya sea a través de su inmovilización física o de otro mecanismo que permita identificar el hecho fundamental de que el título en cuestión es objeto de reclamo judicial”, expresó.

La ley también incorpora la posibilidad de que el acreedor conserve físicamente el documento bajo la figura de “depositario judicial”. En esos casos, el juzgado realizará una anotación oficial en el pagaré o cheque dejando constancia de que se encuentra sometido a un proceso judicial.

Sin embargo, el acreedor tendrá la obligación de presentar el documento cuando sea requerido por el juzgado. El incumplimiento podrá derivar en un caso de quebrantamiento de depósito, con eventuales consecuencias penales.

Otro aspecto destacado es que el deudor tendrá derecho a recuperar el documento original una vez cancelada la deuda, una disposición ya contemplada en el Código Civil, aunque con dificultades en su aplicación práctica dentro del sistema judicial.

Por su parte, el diputado Jorge Ávalos Mariño, titular de la Comisión de Legislación y Codificación, señaló que el proyecto apunta a fortalecer la trazabilidad y transparencia en los juicios ejecutivos.

Asimismo, indicó que la normativa incorpora actualizaciones procesales vinculadas al uso de herramientas digitales, como notificaciones electrónicas, verificación de firmas electrónicas y reconocimiento de títulos ejecutivos digitales.

Con la sanción parlamentaria, el proyecto queda ahora pendiente de promulgación por parte del Poder Ejecutivo.

Los mellizos, un niño y una niña, fueron rescatados inconscientes por un tío quien los derivó de inmediato al centro asistencial.

Según el reporte, los síntomas de los menores eran de intoxicación, pero marcadamente distintos debido a las diferentes sustancias que ingirieron.

El niño ingresó a la urgencia presentando un cuadro severo de agitación, midriasis, taquicardia y una sudoración profusa, efectos relacionados con el consumo de cocaína. Por su parte, la niña ingresó en un estado de sedación profunda, provocado por la ingesta de un potente ansiolítico.

Los allegados de los mellizos señalaron de forma directa al padre de los niños como el presunto responsable de haberles suministrado las sustancias. De acuerdo con los testimonios, el hombre se encuentra atravesando por un cuadro depresivo severo.

El comisario Francisco López, subjefe de la Cría. 4ta. de Capitán Bado, comentó a la radio Universo 970/Nación Media que el padre acudió a la escuela para retirar a los pequeños. pero nunca los llevó a casa. La madre acudió a la comisaría para radicar la denuncia por desaparición.

El hombre había trasladado a los niños hasta una vivienda rural y posteriormente, se adentró con ellos en una zona boscosa donde los dejó abandonados e inconscientes.

Fue detenido horas más tarde y puesto a disposición del Ministerio Público.