Se trata del Proyecto de Ley, “que modifica los artículos 192 y 312 de la Ley 1160/1997, Código Penal, modificado por el artículo 1° de la Ley 3.440/2008, que modifica varias disposiciones de la Ley 1.160/97, Código Penal, los artículos 239, 298, 300, 301, 302, 303 y 305 de la Ley 1.160/1997, Código Penal, y los artículos 3°, 4°, 6°, 7° y 8° de la Ley 2523/04, que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función publica y el tráfico de influencias”, presentado por el diputado Daniel Centurión (ANR-Capital).

La propuesta establece penas de hasta 25 años de prisión para funcionarios públicos que incurran en actos ilícitos específicos, considerados de alta gravedad para el Estado y la sociedad.

Subraya la necesidad de una disuasión legal efectiva para el combate frontal a la corrupción pública y privada, destacando que el crimen organizado nacional se sostiene gracias al apoyo de determinados funcionarios públicos, generando un drenaje sistemático del patrimonio estatal.

Asimismo, sostiene que la corrupción pública vulnera derechos humanos fundamentales y que sus efectos son comparables a los crímenes de lesa humanidad, al deteriorar servicios esenciales como la salud, la educación y la seguridad ciudadana.

Las principales modificaciones al Código Penal propuestas en el proyecto de ley se resume de la siguiente manera:

𝐋𝐞𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 (𝐀𝐫𝐭. 𝟏𝟗𝟐)

Pena actual: Hasta 5 años o multa

Pena propuesta: hasta 25 años para funcionarios públicos (casos graves).

𝐄𝐱𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 (𝐀𝐫𝐭. 𝟑𝟏𝟐)

Pena actual: 10 años o con multa

Pena propuesta: 10 a 20 años

El artículo 2º del proyecto de ley presentado tambien establece modificaciones al Código penal en los artículos 239, 298, 300, 301, 302, 303 y 305, que quedan redactados de la siguiente manera:

𝐀𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐜𝐫𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐥 (𝐀𝐫𝐭. 𝟐𝟑𝟗)

Pena actual: Hasta 5 años

Pena propuesta: 10 a 15 años para funcionarios públicos

𝐐𝐮𝐞𝐛𝐫𝐚𝐧𝐭𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐞𝐩𝐨́𝐬𝐢𝐭𝐨 (𝐀𝐫𝐭. 𝟐𝟗𝟖)

Pena actual: Hasta 2 años o multa

Pena propuesta: 10 a 15 años para funcionarios públicos

𝐂𝐨𝐡𝐞𝐜𝐡𝐨 𝐩𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 (𝐀𝐫𝐭. 𝟑𝟎𝟎)

Pena actual: Hasta 3 años o multa para funcionarios / hasta 5 años o multa para jueces

Pena propuesta: 5 a 8 años para funcionarios / 5 a 10 años para jueces

𝐂𝐨𝐡𝐞𝐜𝐡𝐨 𝐩𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐚𝐠𝐫𝐚𝐯𝐚𝐝𝐨 (𝐀𝐫𝐭. 𝟑𝟎𝟏)

Pena actual: Hasta 5 años para funcionarios / hasta 10 años para jueces

Pena propuesta: 5 a 10 años para funcionarios / 10 a 15 años para jueces

𝐏𝐫𝐞𝐯𝐚𝐫𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨 (𝐀𝐫𝐭. 𝟑𝟎𝟓)

Pena actual: 2 a 5 años

Pena propuesta: 5 a 8 años (hasta 15 años en casos graves)

En el artículo 3° del proyecto presentado, se propone la modificación de los artículos 3°, 4°, 6°, 7° y 8° de la Ley Nº 2523/04, “Que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función publica y el trafico de influencias”, que quedan redactados de la siguiente manera:

𝐄𝐧𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐢𝐥𝐢́𝐜𝐢𝐭𝐨 (𝐀𝐫𝐭. 𝟑°)

Pena actual: 1 a 10 años

Pena propuesta: 10 a 15 años

𝐓𝐫𝐚́𝐟𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐥𝐮𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬 (𝐀𝐫𝐭. 𝟕°)

Pena actual: hasta 3 años

Pena propuesta: 10 años (15 años si la influencia es ejercida ante magistrados o fiscales / 20 años si el autor es funcionario público).

𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐜𝐡𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐢𝐨 (𝐀𝐫𝐭. 𝟖°)

Pena actual: hasta 10 años

Pena propuesta: 15 a 25 años.

El proyecto también incorpora medidas como el comiso especial de bienes obtenidos ilegítimamente y prohibiciones posteriores al ejercicio del cargo, estableciendo multas de mil días para funcionarios que se vinculen laboralmente con empresas beneficiadas por contratos administrativos dentro del año siguiente a su celebración.

TIENE DICTAMEN DE COMISIÓN

La Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social, presidida por el legislador Yamil Esgaib (ANR-Capital), ya emitió dictamen favorable, con modificaciones, al proyecto de ley que propone una sustancial reforma del Código Penal Paraguayo, con el objetivo de endurecer significativamente las penas por delitos de corrupción en la función pública.

Los agentes del Ministerio de Justicia frustraron el intento de ingreso de supuestas sustancias estupefacientes que se encontraban ocultas en el interior de diversas verduras.

El sospechoso, identificado como Sebastián Javier Dávalos, fue aprehendido en el acto tras pretender ingresar los insumos alimenticios destinados al interno Cristhian Andrés Ayala, persona privada de libertad (PPL) en la citada sede penitenciaria.

El hecho se registró alrededor de las 16:45 horas de ayer, momento en que las funcionarias asignadas al control de suministros procedieron a verificar la carga presentada por Dávalos. Durante la inspección detallada, los agentes detectaron que el cargamento de hortalizas presentaba modificaciones para ocultar los paquetes prohibidos:

Las sustancias ilícitas se encontraban acondicionadas en el interior de zapallos, repollos y cebollas.

Tras constatar la presencia de los paquetes sospechosos, se activó el protocolo de seguridad penitenciaria y se procedió a la demora inmediata del involucrado.

La dirección del penal comunicó el hecho a la Comisaría jurisdiccional y a los agentes del Ministerio Público para la entrega de las evidencias incautadas y la formalización de la causa penal contra el detenido.

Paralelamente, las autoridades del establecimiento penitenciario ordenaron la apertura de un sumario administrativo y las investigaciones correspondientes dentro del recinto para determinar posibles complicidades.

Desde el Ministerio de Justicia ratificaron la política de tolerancia cero ante el intento de ingreso de elementos no autorizados en los penales del país.

El propietario de una empresa que alquila hangares en Paraguay —sin vinculación societaria alguna con Horacio Cartes o su familia—, ofreció la posibilidad de contratar un servicio aéreo y facilitó el contacto con la persona que se presentó como propietaria y representante de la aeronave, quien no registra antecedentes penales, detalló Pedro Ovelar.

Aclaró que el dueño no es el ciudadano brasileño vinculado al Banco Master de Brasil, sino una persona distinta.

Señaló que la contratación de un servicio de flete aéreo no implica ni permite presumir que quien lo contrata conozca la composición actual o histórica de las sociedades que sean o hayan sido propietarias de la aeronave ni mucho menos que mantenga vínculo alguno con sus socios, propietarios anteriores o personas relacionadas con ellos.

“Pretender establecer una vinculación de esa naturaleza por el solo hecho de haber contratado el servicio carece de sustento”, afirmó.

Tanto la aeronave como su tripulación estaban debidamente habilitadas y sin restricciones para realizar el vuelo previsto entre Paraguay y los Estados Unidos y su posterior regreso, subrayó.

La aeronave y su tripulación cumplieron con los controles y procedimientos aeroportuarios y migratorios en ambos países, sin impedimento para el viaje.

“No existe, por tanto, fundamento para atribuir a mi representado, a partir de la contratación de este vuelo, vínculos, conocimientos o conductas diferentes de los aquí expresamente señalados”, insistió.

El abogado advirtió que podrá iniciar acciones legales en caso de que se difundan afirmaciones que lesionen el honor de su defendido, Horacio Cartes.

Toda afirmación en contrario deberá estar respaldada por hechos ciertos y comprobables. La difusión de afirmaciones falsas o imputaciones que lesionen ilegítimamente el honor y la reputación de mi representado podrá dar lugar al ejercicio de las acciones legales que correspondan conforme al ordenamiento jurídico vigente.

Dos propuestas legislativas que buscan promover la participación de la agricultura familiar en el programa Hambre Cero y establecer un régimen para la importación de productos frutihortícolas obtuvieron dictámenes favorables en la Comisión de Industria y Comercio. Ambos figuran en el orden del día de la sesión ordinaria de hoy en el Senado.

El primero, el proyecto de Ley “Que modifica y amplía el artículo 9° de la Ley N° 7264/2024 ‘Que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar para la Universalización Equitativa de la Alimentación Escolar (Hambre Cero en nuestras escuelas y Sistema Educativo), modifica y amplía la Ley N° 5210/2014 de Alimentación Escolar y Control Sanitario y sus posteriores modificaciones y modifica la Ley N° 6628/2020’”, presentado por Colym Soroka.

Se propone elevar del 10% al 40%, como mínimo, el porcentaje de adquisición directa de productos nacionales provenientes de la agricultura familiar campesina. Esto, para productores que figuren en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF), para la provisión del programa Hambre Cero.

Se da potestad al Consejo Nacional de Alimentación Escolar (CONAE) para aumentar, mediante resolución fundada, el porcentaje mínimo establecido. Se prevén faltas y sanciones administrativas en caso de incumplimiento de la normativa.

Por otro lado, el proyecto de Ley “Que establece el régimen para la importación de productos frutihortícolas en estado natural y crea el Consejo Nacional Frutihortícola”. El planteamiento pretende regular la importación de determinados productos frutihortícolas durante los períodos en que la producción nacional no sea suficiente para cubrir la demanda.

Incluye la creación del Consejo Nacional Frutihortícola, integrado por representantes del sector público y privado. Por parte del Estado, participarán representantes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y del SENAVE. Por el sector privado, gremios vinculados a los diferentes rubros de la producción y la comercialización.

“Pensamos que estos proyectos serán de gran utilidad para toda la producción familiar que tenemos en Paraguay. Estamos hablando de entre 40 y 50 mil inscriptos en el sistema”, señaló el senador Soroka. Para ello, se plantea realizar un censo con ayuda del INE.

Ambos proyectos tienen moción de preferencia para ser tratados hoy en la Cámara de Senadores.