El expresidente está bajo sospecha por las serias irregularidades financieras detectadas en su patrimonio: USD 45 millones en reservas operativas sin respaldo, un crecimiento desmedido de inversiones y millonarias discrepancias en cuentas por cobrar con proveedores. Ahora se suman las cuentas offshore en Seychelles, que podrían anexarse a la causa por la Fiscalía

• LA CAJA NEGRA

El Ministerio Público sigue adelante con la investigación penal abierta en setiembre de 2024, tras las inconsistencias detec­tadas en las ganancias gene­radas por las empresas dis­tribuidoras de asfalto Aldia SA y Createc SA, vinculadas al expresidente Mario Abdo Benítez.

La pesquisa, que permanece en curso actualmente, apunta a determinar posibles delitos tras detectarse multimillo­narias ganancias por venta de asfalto a contratistas del Estado.

Un crecimiento exponencial de 70 veces más en la venta de asfalto desde que asumió el poder, las inconsistencias en los estados financieros y el misterioso destino de las uti­lidades registradas (USD 45 millones) en las empresas liga­das al exmandatario son los aspectos claves del lucrativo negocio.

El equipo de fiscales asignado a la investigación solicitó una serie de informes a la Contra­loría, a la Dirección de Ingre­sos Tributarios, a la Seprelad y a las empresas que realizaron transacciones comerciales con las empresas Aldia y Crea­tec SA. Así también se remi­tieron pedidos de informes específicos a estas últimas para que informen sobre las inconsistencias detectadas en sus estados financieros. La investigación apunta a los directivos de ambas empre­sas y al principal accionista de ambas, el expresidente Mario Abdo Benítez. La causa penal fue asignada por el fis­cal general del Estado, Emi­liano Rolón Fernández, a un equipo de fiscales especiali­zados en Delitos Económi­cos y Anticorrupción: Jorge Arce, María Verónica Valdez y la fiscal adjunta María Sole­dad Machuca. La causa fue iniciada luego de que la Con­traloría General de la Repú­blica (CGR), respaldada por un informe de la Dirección Nacional de Ingresos Tribu­tarios (DNIT), presentara evidencias de anomalías en las operaciones financieras de ambas empresas, que expe­rimentaron un crecimiento desproporcionado, superior a la media del mercado, en sus ingresos con la provisión de asfalto.

Extractos del informe de CGR señalan dos aspectos trascendentales sobre las ganancias de las empresas de asfalto de Abdo

POSIBLES DELITOS

El expediente, identificado como causa n.º 82/2024, tiene como principal objetivo esclarecer los posibles deli­tos económicos derivados de las operaciones de Aldia SA y Createc SA, que experimen­taron un crecimiento finan­ciero sin precedentes durante el gobierno de Abdo Benítez. Las indagaciones se centran en analizar los movimien­tos financieros y la declara­ción patrimonial del expre­sidente, así como el destino de los USD 45 millones (G. 329.000 millones) que ambas empresas habrían acumu­lado en reservas operativas sin justificar su uso.

Entre las principales incon­sistencias detectadas figu­ran: discrepancias contables, cuando la DNIT identi­ficó diferencias en las cuen­tas de deudores por venta, que ascienden a G. 155.500 millones en proveedores locales. Incrementos abrup­tos en inversiones: Aldia SA pasó de tener G. 1.397 millo­nes en inversiones en 2022 a G. 40.515 millones en 2023. Utilidades no declaradas claramente: la Contraloría informó sobre ingresos des­proporcionados que habrían sido derivados a fondos opera­tivos, sin evidencia de un uso claro y transparente.

El permanente aumento del volumen destinado a esas reservas de ambas empre­sas, sin evidencia de las dismi­nuciones que corresponden según la legislación tributa­ria, sugiere la evidencia de que no fueron aplicadas para los fines previstos, sino más bien para otros.

La falta de un registro docu­mental que exponga el des­tino final del dinero enviado a la cuenta de “reservas” eleva las sospechas de que el mecanismo era utilizado aparentemente para la eva­sión de impuestos y el even­tual lavado de dinero.

CUENTA OFFSHORE

Tras la denuncia realizada por el periodista argentino Luis Gasulla, de Periodismo y Punto, una nueva sospecha salpica al expresidente que ahondan las dudas sobre su patrimonio y el origen de su fortuna. Se refiere a cuentas bancarias en islas Seychelles de empresas que tendrían como beneficiarios finales a Abdo Benítez y a su esposa, Silvana López Moreira. Se trata inicialmente de unos 21 millones de dólares, que habrían sido producto de depósitos al momento de la habilitación y de remesas desde empresas aparente­mente fantasmas desde zonas como Hong Kong o Dubái.

Las carpas, que cuentan con 50 camas ampliables a 60, ya se encuentran instaladas y cuentan con conexión de los servicios básicos gracias a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y a la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), el ministro agradeció esto durante una entrevista con Medios del Estado.

El albergue contará con baño y cocina, funcionarios permanentes y un chofer con vehículo. También resaltó que una empresa se comprometió a donar 60 sábanas y 60 edredones nuevos a la institución, con el objetivo de renovar la ropa de cama del albergue. Agregó que con la autorización de la Municipalidad de Asunción será habilitado.

Los dormitorios están clasificados para hombres y mujeres, así como para madres con hijos.

Está pendiente una reunión con todas las instituciones cooperantes de la SEN, con el propósito de analizar el fenómeno del Niño, deberán prepararse para cumplir con las directivas del presidente de la república, Santiago Peña.

Se prevé un simulacro en el mes de julio con distintas instituciones como como la Municipalidad de Asunción; los ministerios de Defensa Nacional, Salud Pública, del Interior, Niñez y Adolescencia; de la Mujer; Obras Públicas; además de INDI, Diben y la Dirección de Meteorología, con prácticas sobre la capacidad de respuesta, con ejercicios para analizar en cuánto tiempo se construye una vivienda temporal.

La Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, en alianza con el Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA), habilitó oficialmente una nueva convocatoria para el programa Access, que otorgará 50 becas completas destinadas a adolescentes paraguayos de colegios públicos para estudiar inglés de manera presencial durante dos años.

La distribución de los cupos se dividirá equitativamente entre dos puntos estratégicos del país: 25 becas serán asignadas a la sede del CCPA en San Lorenzo y las 25 restantes a la filial de Coronel Oviedo. El llamado no solo abarca a los residentes de dichas localidades, sino también a estudiantes que vivan en ciudades cercanas.

Los seleccionados recibirán materiales didácticos digitales y acceso libre a la plataforma educativa del CCPA. Además, para garantizar la permanencia en las aulas, el programa contempla un fuerte soporte económico: un subsidio de G. 20.000 por clase para movilidad y un aporte mensual de G. 50.000 para el financiamiento de internet.

Los interesados en postular deben cumplir con un riguroso perfil académico y social. Entre los requisitos excluyentes se encuentra tener entre 14 y 16 años, cursar desde el octavo grado de la Educación Escolar Básica hasta el primer curso de la Media, y registrar un promedio académico igual o superior a 4,00. Evaluarán aptitudes de liderazgo, la participación en actividades de voluntariado y el hecho de no haber cursado previamente estudios de idiomas en el CCPA u otras instituciones similares.

El proceso de postulación se realiza de forma virtual, a través de un formulario en línea donde se debe adjuntar las documentaciones requeridas, que incluyen copias de cédula del alumno y sus tutores, libretas de calificaciones de los periodos 2024 y 2025, constancia de inscripción escolar y una carta de recomendación docente. El plazo máximo para el envío es hasta el martes 30 de junio de 2026 a las 23:59 horas.

Las clases arrancarán en octubre de 2026 y se extenderán hasta septiembre de 2028, periodo en el cual los becarios también participarán en talleres complementarios de ciencia, tecnología, arte y liderazgo (STEAM). Tras el cierre de inscripciones, se iniciará una etapa de preselección que decantará en entrevistas virtuales con los finalistas y sus padres.

Atome Paraguay SA busca llegar a un acuerdo con la ANDE para instalar una planta de hidrógeno y fertilizantes verdes. La firma apunta a conseguir una tarifa preferencial de USD 30 por megavatio hora para un consumo intensivo de 125 megavatio, para lo cual, prevé una inversión de USD 665 millones.

El jefe de Gabinete de la Presidencia, Javier Giménez, aclaró que no existe ningún subsidio, ya que, por definición, esto equivale a una tarifa por debajo del costo y eso no sucede. Aunque sí reconoció que existe una diferencia sustancial con otro tipo de industrias que, por una cuestión de categoría de consumo, de por sí pagan otras tarifas.

POR QUÉ CONVIENE

El tratado de Itaipú establece que toda la energía que Paraguay no utiliza debe cederla a Brasil. La palabra cesión, en este contexto, no equivale a regalar, pero sí a entregar a un precio simbólico de USD 10. Actualmente, Paraguay sigue cediéndole a Brasil entre un 40% y 50% de toda su energía.

“Entonces, nos conviene más venderle a una empresa como esta productora de hidrógeno verde, porque si no vendo, la energía no se puede guardar y le estoy cediendo a Brasil a USD 10”, detalló Jiménez, en un contacto radial con la 730 AM.

Argumentó que cambiaremos la cesión de energía a 10 dólares por una venta interna de USD 30 por megavatio, una tarifa que, si bien no llega al mejor precio de 42 dólares que se cobra a las criptominerías, sí permite cubrir el costo de producción.

“Es mucho mejor venderle a una empresa que te va a invertir cerca de 1.000 millones en Paraguay y va a sustituir la importación de fertilizante, va a mover camiones, barcazas, el periodo de construcción en sí ya es de 5 años, 700 a 800 millones de dólares de inversión en en en todo lo que es el la construcción, entre eso y cederle a Brasil por 10 dólares, preferimos que vengan estas industrias”, contestó.

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Respecto a las diferencias de tarifas entre las diferentes industrias, Jiménez explicó que la ANDE tiene un pliego tarifario que establece distintas tarifas para cada segmento, es decir, un shopping no paga ni consume igual que una cementera.

Sobre la cláusula que mantendrá la tarifa invariable por 10 años, el ministro indicó que este tipo de medidas se toman en base al cálculo de tiempo que tomará recuperar la inversión.