Un vuelo de la empresa Gol que aterrizó en el Silvio Pettirossi, procedente de San Paulo, trajo entre sus tripulantes a Emilia Cristina Mantilla, de nacionalidad boliviana, pero con documentos brasileños.

La mujer fue identificada como cuñada del prófugo uruguayo Sebastián Marset y, según se verificó en el sistema, cuenta con alerta de la Interpol.

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“Se le comunicó a la gente de Interpol, entonces fue inadmitida para el ingreso a nuestro país, estaba con una criatura, quedó a cargo de interpol y se comunicò a la compañía que debe embarcar para salir del país”, explicó Rubén Aguilar, titular de Dinac, en una entrevista con la 1020 AM.

La mujer se negó a volver, pero pasó la noche en el aeropuerto bajo resguardo. No obstante, hoy deberá regresar. La requerida por Interpol se encuentra con un menor de edad.

Emilia es esposa de Nicolás Marset, hermano de Sebastián, cuya esposa, Giannina García Troche, se encuentra presa en Paraguay.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y la Facultad de Arquitectura de la UNA presentaron el informe realizado en las 138 comisarías de Central y, según revelan, existen graves déficit de habitabilidad.

El relevamiento se realizó entre julio y noviembre, y combinó evaluación arquitectónica, mediciones técnicas y un enfoque de derechos humanos. Las conclusiones del informe indican un riesgo estructural generalizado en la mayoría de las comisarías.

De las 138 comisarías, 70 no cuenta con una sola celda, solo 68 tiene una o más, pero que ni siquiera están adaptadas para albergar a una persona.

El 52,7% de las celdas individuales no alcanza los 6 m² mínimos exigidos, y varias presentan superficies menores a 4 m².

La falta de ventilación, iluminación adecuada y sanitarios internos también es un problema y constituye una vulneración directa a la dignidad humana.

El 42,4% de las personas entrevistadas llevaba más de 72 horas detenidas.

El informe formula recomendaciones a instituciones clave del sistema de seguridad y justicia como, clausura inmediata de celdas menores a 6 m², atención médica independiente, registros adecuados y espacios para entrevistas privadas. Además. control estricto del límite de 72 horas de detención.

Claudia Centurión, ministra de Obras Públicas, respondió a las incógnitas en torno a la nueva ley de reforma del transporte público.

Respecto a la reabsorción que inicialmente estaba establecida solamente para los conductores, se corrigió el texto en la Cámara de Diputados y se amplió el universo a los trabajadores, lo que permite incluir a mecánicos, administrativos y otros empleados que forman parte de una empresa de transporte.

La legislación establece que los trabajadores con dos años de antiguedad deberán mantener sus contratos, es decir, ser reabsorbidos por la empresa.

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“En el caso de los conductores, sus patrones van a ser los operadores, pero estos operadores que son los que otorgan el itinerario ya no precisamente son los dueños de la flota ni los dueños de la tierras donde se dan las guardas de los buses”, explicó la ministra de Obras, Claudia Centurión, en una visita al estudio de la 970 AM.

En cuanto a la preocupación de quién les responde ante una eventual demanda, Centurión señaló que las licitaciones no serán adjudicadas a una empresa de maletín, sino a una con suficiente patrimonio y volumen de facturación

Respecto a la estabilidad laboral, el Código Laboral con los derechos y obligaciones de cualquier trabajador están garantizados, pues no se introduce ninguna modificación al respecto.

“Ellos tienen que ser reabsorbidos por las empresas y tienen que pasar por pruebas de rigor en el caso de los conductores para garantizar la idoneidad que es lo mínimo que se le exige a cualquier conductor”, afirmó.

Otro de los puntos cuestionados y que lleva a los choferes a realizar una huelga el 16 y 17 de noviembre es el artículo que declara al transporte como un servicio imprescindible y que obliga a garantizar el funcionamiento mínimo del 60 % de la flota, lo que, a criterio de ellos, afecta el derecho a la huelga, al obligar a que una alta cantidad de trabajadores no pueda recurrir a esta medida.

Con esta ley, al servicio de transporte se lo iguala al concepto de salud pública, pues debe estar activo incluso ante situaciones externas o de emergencia.

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Personal del Departamento contra el Crimen Organizado este jueves llevó adelante allanamientos simultáneos en cuatro viviendas situadas en el barrio San Rafael de Ciudad del Este.

Dicho procedimiento se dio en el marco de la investigación abierta tras el asalto a la sucursal de la Cooperativa Reducto, ocurrido la semana pasada.

Antecedentes: Violento asalto a una cooperativa en Ciudad del Este

En el operativo, fueron aprehendidas un total de diez personas, entre adultos y menores de edad. Asimismo, se lograron incautar varias evidencias, incluyendo armas de fuego, uniformes camuflados, chalecos antibalas con insignias policiales, entre otras.

El objetivo principal de esta intervención era dar con el paradero de Blas Pablo Melgarejo Benítez, alias “Chopalé”, un peligroso delincuente sindicado como autor de varios asaltos en la zona de Alto Paraná, incluyendo el de la cooperativa.

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Los detenidos formarían parte de la banda liderada por este criminal, quien desde hace meses permanece prófugo de la justicia luego de fugarse de la cárcel de Minga Guazú, y no se descarta que hayan estado planificando otro atraco.

Videos de circuito cerrado revelan que tanto “Chopalé” como otros dos cómplices, identificados como Willian Rotela y Rodrigo Fabián Argüello, alias “Pica”, lograron escapar antes de la llegada de la comitiva policial.