“La ley nos obliga a proveer medicamentos a todos los pacientes paraguayos con diagnóstico oncológico. Si un paciente está en tratamiento en un sanatorio privado y ya no puede comprar su medicamento, accede al INCAN. No se le entrega al sanatorio, se le entrega directamente al paciente”, afirmó la doctora en entrevista con el canal GEN.

El pronunciamiento surge en medio de las críticas tras la auditoría de la Contraloría General de la República, que reveló la existencia de medicamentos vencidos por más de G. 5.497 millones entre 2022 y 2024. La Dra. Noguera explicó que asumió la dirección apenas 24 horas antes del inicio de la auditoría y desde entonces se encuentra impulsando correcciones estructurales y administrativas.

Además, adelantó que el INCAN lanzará en los próximos días protocolos específicos para cinco enfermedades oncológicas, con el objetivo de delimitar con mayor claridad el uso de medicamentos y garantizar que los fármacos provistos estén dentro del tratamiento indicado.

La directora también reconoció que el instituto atiende actualmente a más de 15.000 pacientes a nivel nacional y enfrenta una fuerte presión por la derivación de casos del IPS. En ese sentido, anunció que están trabajando con el Ministerio de Salud para establecer un listado único de medicamentos oncológicos, a fin de unificar criterios entre instituciones públicas y evitar duplicidades o vacíos de cobertura.

El agente fiscal antidrogas de Cordillera, Gedeón Escobar, obtuvo una condena de 12 años de pena privativa de libertad para Justina Ruiz Flecha y su hijo Alfirio Ruiz Flecha por la comisión del hecho antijurídico de tenencia y comercialización de drogas.

El Tribunal de Sentencia que dictó la condena estuvo integrado por las magistradas Ángela Carolina Jara, como presidenta, y Cristel Muller y Liliana Ruiz Díaz, como miembros.

El ilícito fue detectado en mayo del 2024. Los hoy condenados fueron detenidos durante un allanamiento realizado mediante orden judicial en una vivienda ubicada en la ciudad de Atyrá. En el citado lugar se hallaron e incautaron cocaína y otras sustancias, así como aparatos celulares y dinero de distintas denominaciones.

Cabe mencionar que Alfirio Ruiz Flecha cuenta con antecedentes por venta de drogas.

A las 11:00 de la mañana salió doña Cecilia de su casa ubicada sobre la Avda. Félix Bogado y Japón, barrio San Vicente de Asunción, al lado del supermercado Luisito.

La señora llevaba una hebilla blanca, remera blanca con motas negras y un short de color beige. Los familiares indicaron que la mujer padece alzheimer y que podría estar desorientada y asustada.

Lea también: Moza recibió mensaje de Peña: “Me agradeció por salvar a su mamá”

En caso de tener información, se solicita intentar resguardarla y llamar de inmediato al 0981 362 040 o bien, directamente al 911.

Durante su exposición ante los jueces, la representante del Ministerio Público recordó que Giuzzio se desempeñó como ministro del Interior entre el 22 de enero de 2021 y el 22 de febrero de 2022, periodo en el que se habrían producido los hechos investigados.

Según la acusación, el entonces secretario de Estado mantuvo contacto frecuente con el ciudadano brasileño, quien administraba la empresa Black Eagle Group SA, dedicada al blindaje de vehículos, mantenimiento de unidades blindadas, alquiler de móviles de seguridad y venta de materiales de protección.

De acuerdo con la Fiscalía, las comunicaciones entre Giuzzio y Marques de Padua se realizaban principalmente a través de mensajes de WhatsApp. En ese contexto, el 16 de agosto de 2021 el entonces ministro habría aceptado la oferta del empresario para enviar hasta Ciudad del Este una camioneta blindada Santa Fe, con chapa AAY 082, con el objetivo de realizar mantenimiento de suspensión, revisión del blindaje y retoques de pintura sin costo.

Posteriormente, en octubre de ese mismo año, Giuzzio también habría aceptado servicios de reparación y blindaje de otro vehículo asignado al Ministerio del Interior para la llegada de un agregado de la Policía de Israel. Según la acusación fiscal, el 15 de diciembre de 2021 igualmente se habría concretado la reparación de un móvil de la FOPE.

La fiscala también mencionó que el 26 de diciembre de 2021 Giuzzio solicitó ayuda al empresario brasileño para un viaje familiar de vacaciones, tras lo cual recibió en préstamo gratuito una camioneta blindada. El vehículo habría sido devuelto el 19 de enero del año siguiente.

Según la hipótesis del Ministerio Público, estos beneficios se habrían ofrecido a cambio de favorecer posteriormente a la empresa Black Eagle Group en procesos de contratación pública vinculados a la provisión de chalecos antibalas y blindaje de vehículos para el Ministerio del Interior y la Policía Nacional.

Durante el juicio, la Fiscalía expuso que ya existían tratativas para concretar esos negocios. Entre las evidencias citadas figuran mensajes de noviembre de 2021 en los que el empresario informaba que se encontraba en Asunción con muestras de materiales para pruebas balísticas de chalecos antibalas.

Además, Giuzzio habría acudido junto con el comisario general Pablo René Ríos a las oficinas de la empresa para observar demostraciones de los chalecos. Posteriormente, el 10 de diciembre de 2021, el entonces ministro participó junto a Marques de Padua en pruebas balísticas realizadas en el polígono de tiro de la FOPE.

Para el Ministerio Público, estas gestiones constituían parte de un esquema para direccionar futuras adjudicaciones a favor de la empresa del ciudadano brasileño, lo que contravendría las disposiciones de la Ley 2051/2003 de Contrataciones Públicas.

No obstante, las negociaciones no llegaron a concretarse, ya que Marques de Padua fue detenido el 15 de febrero de 2022, lo que interrumpió las tratativas para convertir a la firma en proveedora del Estado.

La Fiscalía sostiene que las pruebas documentales, mensajes y testimonios presentados durante el juicio demostrarían que Giuzzio aceptó beneficios indebidos en el marco de esas gestiones, conducta que implicaría la violación de sus deberes como funcionario público.