En entrevista con el canal GEN, la dirigente Noelia Caballero señaló que la medida responde a la falta de respuesta del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y del Ministerio de Economía a los reclamos por mayor presupuesto, reajuste salarial y dignificación de la labor docente.

Caballero denunció que más de 3.400 aulas en todo el país están en peligro de derrumbe y que aún existen instituciones con letrinas, incluso en Asunción y Central. “No puede haber calidad educativa cuando tenemos aulas superpobladas, con 30 o 40 alumnos, y sin infraestructura adecuada”, sostuvo.

Otro de los puntos críticos es la educación inclusiva, afectada por el cierre de centros de apoyo y la falta de especialistas. “La resolución 5136 exige inclusión, pero el MEC no contrata el personal necesario. Todo se descarga en las escuelas comunes”, afirmó.

Según la dirigente, el Gobierno destina fondos a programas que terminan autofinanciando los propios docentes, en lugar de fortalecer las instituciones. También cuestionó que los acuerdos alcanzados en mesas de trabajo no se cumplen en su totalidad y que las propuestas presupuestarias “no cubren ni la cuarta parte de las necesidades reales del sistema educativo”.

La movilización será acompañada de marchas y protestas en distintas ciudades del país.

Este miércoles se dio a conocer la acusación formulada por el Ministerio Público en contra de la exintegrante del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y fundadora del extinto Ejército del Mariscal López (EML) junto con su esposo Alejandro Ramos, fallecido en 2018.

Lourdes Ramírez y fue detenida en febrero del 2025.

El Ministerio Público sostiene que la acusada habría integrado el autodenominado el EPP entre los años 2009 y 2015, participando presuntamente en diversos hechos delictivos atribuidos al grupo armado.

El 2 de abril de 2014 Ramírez y otros integrantes del EPP, fuertemente armados y vestidos con uniformes camuflados, ingresaron al establecimiento rural de la familia Fick, en el distrito de Azotey, departamento de Concepción.

Redujeron a los ocupantes, entre ellos Arlan Fick, quien fue secuestrado, además, se apoderaron de dinero y provisiones alimenticias.

Tres meses después, el 5 de julio de 2014, participó en el secuestro del suboficial Edelio Morínigo Florenciano en la estancia María Auxiliadora, en Arroyito, Concepción.

De acuerdo con la acusación, los miembros del EPP emboscaron a un grupo de personas en una zona boscosa, liberando a todas excepto a Morínigo, cuyo paradero sigue desconocido.

El 22 de octubre de 2014 fueron hallados en Paso Tuyá discos compactos con una supuesta “prueba de vida” de Arlan Fick y Edelio Morínigo, en los que, según la Policía, se identificó a la acusada entre los integrantes del grupo armado.

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) puso en marcha un despliegue de fiscalización sin precedentes sobre el sector del transporte de cargas.

En un esfuerzo conjunto con la Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN), equipos de inspectores comenzaron a intervenir operativas de logística local, interdepartamental e internacional con el objetivo de garantizar que cada kilómetro recorrido esté debidamente respaldado ante el fisco.

En los procedimientos realizados se controló el cumplimiento de obligaciones formales, como el estado del RUC, la actualización de los datos declarados en el RUC, la exhibición de la Constancia del RUC y la posesión de comprobantes de venta con timbrado vigente, así como el control de los requisitos preimpresos y del llenado de estos.

Según informaron, esta primera fase de controles in situ está siendo ejecutada por la Coordinación de Operaciones Especiales (COE) Jeroviaha, brazo operativo de la Gerencia General de Impuestos Internos.

Instan a los contribuyentes dedicados a este rubro al cumplimiento de las normas tributarias vigentes.

De acuerdo con el balance institucional, una sola llamada puede alertar sobre varios afectados y distintos tipos de vulneración. Del total de comunicaciones, 249 fueron realizadas por familiares y 140 por agentes comunitarios, entre ellos docentes, vecinos y profesionales de salud. Además, en 27 casos fueron los propios niños y adolescentes quienes solicitaron asistencia.

La violación del deber de cuidado encabezó la lista de situaciones denunciadas, con 459 reportes. También se registraron 406 casos de maltrato y 192 situaciones de riesgo social relacionadas con pobreza extrema o falta de atención médica.

El informe agrega que fueron contabilizados 125 casos de niños y adolescentes en situación de calle y 102 denuncias de presunto abuso sexual.

Central y Asunción concentran más reportes

En cuanto a la distribución geográfica, el departamento Central registró la mayor cantidad de denuncias, con 266 casos, seguido de Asunción con 113 e Itapúa con 38 reportes. Por otro lado, Alto Paraguay y Boquerón presentaron la menor incidencia, con un caso cada uno.

Según los datos del Minna, 595 de los afectados corresponden al sexo femenino y 515 al masculino. La institución señaló además que el grupo más vulnerable sigue siendo el de la primera infancia.

Tras cada denuncia, el Minna realizó derivaciones a instituciones del Sistema de Protección Integral, principalmente al Ministerio Público, Ministerio de la Defensa Pública y las CODENI locales, con el objetivo de garantizar la protección y restitución de derechos.

Finalmente, la institución recordó que la protección de la niñez es una responsabilidad compartida e instó a denunciar cualquier situación de violencia o vulneración de derechos a través de la línea 147 Fono Ayuda, el 911 de la Policía Nacional o el 133 de la Defensa Pública.