El ministro Giménez explicó que este proyecto de Ley responde a la necesidad de preparar al país para los desafíos derivados de su creciente industrialización y la transición energética.

Señaló que Paraguay, históricamente exportador de energía, enfrentará en los próximos años la necesidad de incorporar nuevas fuentes de generación y optimizar la transmisión y distribución eléctrica, que requiere una inversión significativa para garantizar la generación y distribución de energía por parte de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y el sector privado.

A su turno, Bejarano aseguró que contar con la figura de un ministro de industria, minas y energía dará una fuerza real a la política energética nacional y una ingerencia importante en el sistema energético.

“Creo que ya no podemos hablar de una fusión, estamos ante la creación por primera vez en la historia, de un Ministerio de industria, comercio, turismo y energía”, indicó a la par de asegurar que esté proyecto dotará de herramientas a las instituciones para forjar un futuro energético más allá de quienes la representan hoy.

El proyecto de ley fue presentado este lunes ante las Comisiones de Entes Binacionales e Hidroeléctricos; Energías y Minas; Ciencia y Tecnología; Cuentas y Control de la Ejecución Presupuestaria y Asuntos Económicos Financieros, para fundamentar sobre este la incorporación del Viceministerio de Minas y Energía a la cartera de Industria y Comercio (MIC).

Gestión detallada y eficiente

El titular del MIC señaló que la reorganización propone incorporar el Viceministerio de Minas y Energía al MIC, con una mirada más alineada a las demandas de la industria y la economía nacional, infraestructura energética y minería, creando un entorno seguro para la inversión privada.

“Va a ser un cambio por el más importante tener un ministerio que aproveche estas sinergias, que encare estos desafíos que tenemos en puerta y creo que, de ser aprobada esta ley, el tiempo demostrará que se tomó la decisión correcta para lograr estas dos cuestiones fundamentales qué es asegurar la energía en Paraguay”, indicó.

Igualmente, comentó que esta Ley también busca fomentar la inversión privada en el sector energético, esencial para el desarrollo de nuevas fuentes de generación, como pequeñas centrales hidroeléctricas y granjas solares.

Política energética definida

En tanto que el viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, subrayó que la creación de este Ministerio no se trata de una fusión, sino de la implementación efectiva de la política energética definida desde 2016, que prevé la coordinación de todas las actividades del sector hasta el año 2050.

Según el Viceministro este “Ministerio de Industria, Comercio, Minas y Energía” permitirá tener una visión integral de la energía, los hidrocarburos, la bioenergía y la minería, garantizando normativas claras y un ente regulador que ordene el sector eléctrico y las concesiones existentes, evitando vacíos legales y facilitando la inversión privada.

Destacó que la nueva estructura permitirá aprovechar la energía disponible para industrializar materia prima y desarrollar nuevas tecnologías, como centros de datos y producción de hidrógeno, fomentando la creación de empleo y fortaleciendo la industria nacional.

El proyecto de Ley ahora se encuentra en análisis de las comisiones legislativas, avanzando en el proceso para su eventual aprobación.

El camionero paraguayo denunció la crítica situación que vive junto a otros compatriotas en la localidad de Desaguadero, frontera entre Perú y Bolivia. En una entrevista concedida al canal GEN/Nación Media, el trabajador reveló que llevan 35 días varados en territorio peruano sin poder avanzar debido al severo bloqueo de rutas que mantienen grupos indígenas en Bolivia, quienes exigen la salida del presidente de ese país.

Los manifestantes cortaron los accesos con maquinaria pesada, piedras y palos, impidiendo el paso de cualquier tipo de vehículo.

Valdez calificó de “vergüenza” y de “migajas” la asistencia económica brindada por la embajada paraguaya en Lima. Según explicó, la representación diplomática les envió un primer desembolso de 270 soles, unos 479.000 guaraníes, a los ocho días de haber llegado, y una segunda partida de 170 soles hace apenas una semana.

El chofer lamentó que el dinero solo les alcanza para cubrir los gastos de alimentación de dos días, debido a que los comerciantes locales inflan los precios de los productos básicos al notar la desesperación de los transportistas.

La situación se complica aún más para estos trabajadores debido a su condición laboral, ya que operan como propietarios independientes. Valdez aclaró que los camiones están registrados bajo una empresa de transporte local que únicamente les provee el permiso internacional necesario para circular por la región de manera legal.

A pesar de haber enviado toda la documentación correspondiente y sus datos de identidad a los responsables de la firma para solicitar apoyo, el conductor denunció que la empresa optó por llamarse a silencio y desentenderse del problema, dejándolos completamente a su suerte.

Actualmente, el panorama es de total incertidumbre para el grupo de paraguayos, quienes transportan cargas que van desde telas y plásticos hasta aceite bitónico.

A pesar de contar con todos los papeles de tránsito en regla para cruzar a territorio boliviano y continuar el viaje hacia Paraguay, los afectados no tienen una fecha estimada de retorno ni saben cuánto tiempo más durará el conflicto político ajeno que los mantiene retenidos.

El Gobierno Nacional dejó sin efecto los decretos 5306 y 5307, vinculados al régimen de industrias convergentes y proyectos de transformación energética, según confirmó este martes el ministro de Industria y Comercio y jefe de Gabinete, Javier Giménez.

“El presidente ordenó que se deje sin efecto los decretos relacionados con industrias convergentes”, afirmó el secretario de Estado, al anunciar la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo.

Las normativas habían sido promulgadas en enero de este año y posteriormente modificadas en abril, con el objetivo de establecer condiciones especiales para atraer inversiones de alto consumo energético al país.

El Decreto 5306 declaraba como política pública el desarrollo de las denominadas industrias convergentes, categoría que incluía actividades como centros de datos, inteligencia artificial, computación de alto rendimiento y otras iniciativas tecnológicas intensivas en el uso de energía eléctrica. La normativa contemplaba además mecanismos especiales para la habilitación de estos proyectos y esquemas tarifarios específicos para el suministro de energía.

Por su parte, el Decreto 5307 estaba orientado a proyectos denominados “Power to X”, destinados a transformar energía eléctrica en productos de valor agregado como hidrógeno verde, amoníaco verde, metanol y combustibles sintéticos, considerados estratégicos dentro de la transición energética global.

Ambos decretos buscaban aprovechar la disponibilidad de energía hidroeléctrica paraguaya para captar inversiones nacionales y extranjeras, ofreciendo previsibilidad para proyectos de gran escala.

Sin embargo, el Ejecutivo decidió dar marcha atrás a estas disposiciones. “Este gobierno no tiene empachos en corregir en lo que se tenga que corregir”, sostuvo Giménez al explicar la determinación.

El ministro argumentó que la prioridad del Gobierno pasa actualmente por fomentar un mayor aprovechamiento interno de la energía generada en el país. “La prioridad ahora es dejar de exportar energía y que se use en Paraguay”, expresó.

La derogación de las normas marca un cambio en la estrategia impulsada por el Ejecutivo respecto al uso de la energía disponible, en momentos en que el debate sobre industrialización, inversiones y aprovechamiento de los excedentes hidroeléctricos ocupa un lugar central en la agenda económica nacional.

El encuentro se llevó a cabo en Villa Serrati, sede del MEF, y estuvo encabezado por el ministro de Economía, Oscar Lovera, y la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión. También participaron el viceministro de Economía y Planificación, Gerardo Ruiz Díaz; la gerente de Economía, Nathalia Rodríguez; así como representantes de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) y la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco).

Durante la reunión fueron evaluados los avances en el cumplimiento de los pagos correspondientes a obligaciones pendientes con el sector, además de la ejecución presupuestaria del MOPC en el presente ejercicio fiscal.

Las autoridades también analizaron el ritmo de ejecución de las obras públicas desarrolladas durante el año y las proyecciones previstas para el segundo semestre de 2026, en el marco de las inversiones impulsadas por el Gobierno en infraestructura.

El ministro Lovera destacó la importancia de mantener una coordinación permanente entre el sector público y privado, señalando que este tipo de espacios contribuye a generar previsibilidad financiera y facilitar el desarrollo de los proyectos en ejecución.

En ese contexto, reiteró la apertura del Ministerio de Economía para continuar dialogando con los distintos actores vinculados a la actividad de la construcción y evaluar alternativas que permitan atender las necesidades del sector.

Por su parte, la ministra Centurión valoró el acompañamiento de los gremios en la búsqueda de mecanismos para avanzar en la regularización de los compromisos pendientes del Estado, al tiempo de destacar el trabajo conjunto desarrollado con el equipo técnico del MEF.

A su turno, representantes de Cavialpa y Capaco resaltaron la predisposición mostrada por ambas instituciones y destacaron la importancia de la mesa de trabajo instalada entre el Gobierno y el sector privado para coordinar acciones y plantear soluciones a los desafíos que enfrenta la actividad constructiva.