El fiscal Silvio Corbeta, quien integra uno de los equipos que investiga las denuncias contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, afirmó que el avance de las causas es muy lento debido a las constantes recusaciones planteadas por la defensa.

“Las investigaciones avanzan en la medida de lo posible, pero estamos ante reiteradas chicanas que nos dejan temporalmente fuera de las causas. En el caso Costanera, por ejemplo, fuimos recusados dos veces en cuestión de días, incluso por personas que ni siquiera guardan relación directa con el proceso”, explicó Corbeta en entrevista con el canal GEN.

El agente fiscal recordó que las denuncias de la Contraloría Ciudadana datan del 2020, pero que el Ministerio Público recién tomó intervención en 2023, bajo la administración del nuevo fiscal general.

Detalló que en el caso Prieto existen más de 40 denuncias, de las cuales hay dos equipos de fiscales de Delitos Económicos que investigan los hechos punibles. Por una parte están los fiscales Jaime Adle, Verónica Valdez y él; y por otra figuran Néstor Coronel, Marlene González y Luz Guerrero. Entre ambos equipos llevan 33 investigaciones. Las 10 denuncias restantes están a cargo de fiscales de Ciudad del Este por tratarse de delitos ordinarios.

“Hay causas en etapa de acusación, como el caso Tía Chela y el de Tajy, pero seguimos dependiendo de pericias técnicas contables y de obras para avanzar. Sin esos informes, resulta imposible llegar a imputaciones sólidas”, agregó.

Corbeta también reveló que él y sus colegas fueron víctimas de amedrentamientos durante diligencias en Ciudad del Este. Recordó que en una constitución en el Hospital de Contingencia debieron pedir apoyo policial debido a la presencia masiva de adherentes y concejales que intentaron obstaculizar el trabajo.

“Se nos quiso instalar que ya existía una desestimación previa, lo cual es falso. Nunca pasó por el fiscal Rojas esa causa. Incluso dimos participación a los constructores y autoridades locales para transparentar el proceso”, sostuvo.

El fiscal recalcó que la Unidad de Delitos Económicos necesita de pericias técnicas que hoy están sobrecargadas, lo que retrasa aún más las investigaciones. “La justicia debe ser objetiva, sin mirar a quién afecta. Si tenemos elementos imputamos, y si no, corresponde la desestimación. Pero en este caso dependemos de informes externos que siguen pendientes”, explicó.

Cinco allanamientos en simultáneos se realizan desde temprano en prosecución a un hecho de tráfico internacional de sustancias estupefacientes. Los operativos se desarrollan en Central, Ñeembucú y Asunción y están a cargo del Departamento Contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional.

En el primer caso, los intervinientes detuvieron en Ñeembucú al intendente de Mayor Martínez, Roberto Ariel Arce, investigado por integrar un esquema de tráfico de drogas que envía “mercaderías” a la Argentina.

Por su parte, la asistente fiscal Alba Duarte es investigada por presunta filtración de datos a la banda. Su casa en Luque fue allanada en busca de evidencias para la investigación.

En el año 2023, el intendente fue atacado a balazos por su propio hermano. Los disparos impactaron en su vehículo, pero no lo alcanzaron a él.

Los procedimientos continúan en curso y los intervinientes hablarán recién al término de los trabajos.

El agente fiscal Federico Delfino, de la Unidad n.º 2 Especializada en Hechos Punibles contra la Libertad de las Personas, presentó imputación contra dos efectivos policiales por la presunta comisión de los hechos punibles de coacción, cohecho pasivo agravado y estafa. Asimismo, requirió la prisión preventiva de los sindicados.

Según la investigación, el 15 de marzo de 2026, a las 07:15, Jesús Mathías Vallejos Blasco, de 37 años, se desplazaba a bordo de una camioneta, cuando sufrió un accidente de tránsito con otro vehículo, conducido por una mujer, en la ciudad de Asunción.

Fue testigo del accidente un chofer de Bolt, identificado como Alejandro Daniel Benítez Ramírez, de 23 años, quien circulaba a bordo de un Hyundai HB20. Este conductor se acercó al hombre, y se hizo pasar como “primo de la conductora” y le solicitó la suma de G. 2.500.000, asegurando que el dinero serviría para llegar a un acuerdo económico con la otra parte involucrada.

Confiando en la supuesta relación familiar, el responsable del accidente accedió y realizó una transferencia por el monto mencionado a la cuenta proporcionada por el sujeto, quien, una vez recibido el importe, se retiró del lugar.

Inmediatamente después, mientras el conductor responsable del choque salía del lugar del accidente, fue interceptado por el suboficial segundo Eduardo Ortigoza Portillo y suboficial ayudante Gabriel Isaías Martínez Duarte, de la comisaría 19ª de Asunción, quienes se desplazaban a bordo de una motopatrulla.

En ese momento, uno de los agentes se habría presentado como “medio hermano de la conductora accidentada” y, en ese contexto, solicitó nuevamente la suma de G. 2.500.000 con el mismo argumento. La víctima realizó una transferencia de G. 1.000.000 a la cuenta de una mujer, quien posteriormente habría reenviado el dinero al personal policial. No obstante, para dejarlo libre, los agentes habrían exigido el pago íntegro del monto solicitado.

A raíz de ello, se dirigieron hasta una estación de servicios, donde la víctima fue atendida por un playero y efectuó dos transacciones, de G. 600.000 y G. 700.000, totalizando G. 1.300.000. Esta suma habría sido entregada en mano al supuesto “medio hermano”, quien en todo momento se encontraba en compañía del otro efectivo policial. Una vez recibido el dinero, permitieron que la víctima continuara su camino, mientras ambos agentes retomaron su servicio sin haber comunicado hasta la fecha el accidente ocurrido.

Posteriormente, la conductora implicada en el accidente negó tener vínculo familiar con estas personas, así como haber recibido dinero de los supuestos “intermediarios” o haber autorizado acuerdo económico alguno.

Todas las lesiones orgánicas que el trabajador llegue a sufrir en ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta para su patrón y durante el tiempo que lo realice o debiera realizarlo se considera un accidente laboral. Han de producirse por la acción repentina y violenta de una causa exterior.

Ejemplos: un accidente de tránsito (en el traslado de entrada, durante o de salida del horario laboral), caídas, quemaduras, cortes, golpes, electrocución, dentro del recinto laboral, politraumatismos por asaltos, entre otros.

En caso de que algo de esto ocurra y el empleado sea trasladado a un hospital, una vez que esté en condiciones mentales y físicas, deberá completar un formulario firmado por él y su patronal, presentarlo con los documentos requeridos y entregarlo en la oficina de Junta Médica para la comunicación de accidente laboral.

El seguro social del IPS cubre el subsidio de reposo por accidente laboral por un 75% del salario del asegurado con tope de 12 meses mientras que subsista la incapacidad.

ADMISIÓN, PROCESO Y ACOMPAÑAMIENTO

Cuando un asegurado llega al IPS Central, su ingreso se da por el área de urgencia, donde donde los médicos, además de clasificar la gravedad del caso, ya comunican que se trata de un accidente laboral. Esa información la pasan a los funcionarios del Servicio Social, quienes acuden para iniciar los trámites y asesorar a la persona o a sus familiares.

se debe completar el formulario de accidente laboral proveído por los funcionarios de Servicio Social y presentar con los siguientes documentos en la oficina de Junta Médica ubicada en la calle Dr. Manuel Peña y Dr. Ricardo Odriozola al costado del Hospital Central de lunes a viernes de 07:00 a 13:00 horas.

Requisitos para comunicación de accidente de trabajo:

1- Llenado correcto (sin enmiendas ni tachaduras) y completo (sin espacios en blanco) del formulario de comunicación de accidente de trabajo con sello de la empresa y firma del representante legal de la empresa, esta declaración será corroborada con datos del expediente clínico y demás documentos que certifiquen la veracidad del accidente (traer 3 copias del formulario)

2- Certificado de reposo original con firma y sello del profesional, diagnóstico claro que especifique completamente las lesiones sufridas en el accidente, así como la fecha que será corroborado con el expediente clínico del IPS, en caso que la atención se haya realizado en otro centro hospitalario (privado o del MSPBS) deberá estar visado por el MSPBS, estos deben ir acompañados de una constancia de atención o internación (hoja de RAC) firmada por el encargado de dicho centro hospitalario externo (esto solo si fuera en otro centro que no sea IPS), (traer 1 copia del certificado de reposo)

Los reposos de los médicos residentes deben estar firmados por sus tutores. 3- 2 fotocopias de cédula de identidad del asegurado, verificar que no esté vencida.

4- Fotocopia de cédula de identidad actualizada de los 2 testigos firmantes de la comunicación del accidente, estos deben figurar como empleados de la empresa. Este ítem en caso de que el accidente haya ocurrido dentro del predio de la empresa.

5- Fotocopia de cédula de identidad del empleador (patrón) firmante de la comunicación del accidente que debe figurar en la constancia de persona jurídica como representante legal de la empresa (verificar en el ítem 12 de la constancia de persona jurídica SET.

En caso de que el firmante de la comunicación no figure como representante legal debe contar con un poder por escribanía que lo habilite con esa facultad legal.

6- Fotocopia de la cédula tributaria de la empresa (RUC)

7- Registro único contribuyente RUC-Constancia persona jurídica donde en el ítem 12 debe figurar el nombre del representante legal firmante de la comunicación del accidente o poder por escribanía a favor del firmante o copia del sistema REI.

8- Denuncia policial original realizada por la comisaria jurisdiccional (Si el accidente ocurrió en la vía pública o si fue por arma blanca-fuego o producto de una violencia dentro del predio de la empresa)

CASOS ESPECIALES

Accidente laboral con arma blanca-fuego o violencia con denuncia policial

Accidente laboral ocurrido en un barco, debe traer la copia de la bitácora (libro de navegación donde figure el hecho, firmada y sellada por los responsables)

Accidente con derivación fatal, se debe presentar el certificado de defunción así como la denuncia policial.

Todos los accidentes ocurridos en el extranjero deben presentar los mismos requisitos con el apostillado correspondiente.