En la sesión extraordinaria de este miércoles, la Junta de Asunción realizó la elección del intendente de Asunción, tras aceptar la renuncia de “Nenecho”.

Por 15 votos a favor fue electo el concejal Luis Bello, hasta hoy presidente de la Junta Municipal. Por su parte, el candidato de la oposición, Álvaro Grau, obtuvo nueve votos.

Teniendo en cuenta que son 24 concejales, la cantidad mínima para ser electo era de 13 votos, número que fue superado por Bello.

Posteriormente, como tercer y último punto en el orden del día, se tomó juramento a Bello, quien completará el periodo hasta el 2026.

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“Nenecho” Rodríguez presentó su renuncia el viernes pasado, una hora antes de que Carlos Pereira entregase en el Ministerio del Interior los resultados de la intervención del municipio capitalino.

Al dar un paso al costado, a diferencia de lo ocurrido en Ciudad del Este, en Asunción no es necesario llamar a elecciones municipales, ya que esa decisión se deja en manos de la Junta. En cambio, si Nenecho no hubiera renunciado, el TSJE habría tenido que convocar a nuevos comicios, a menos de un año de las elecciones 2026.

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Al ser consultados sobre el pedido de interpelación al presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), los principales voceros del movimiento Honor Colorado expresaron su posición en contra de dicha propuesta.

El senador Natalicio Chase, líder de la bancada en la Cámara Alta, adelantó que solicitarán la postergación del proyecto de resolución que cita a interpelar a Francisco Ruiz Díaz.

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A su vez, su colega Basilio Núñez, presidente del Senado, confirmó que desde la bancada plantean ya sea postergar o, en todo caso, rechazar la interpelación al actual titular del Indert. “Faltan más elementos”, sostuvo.

“Bachi” recordó que, durante una conferencia de prensa convocada ayer, Ruiz Díaz expuso una serie de evidencias que, a su criterio, deben ser objeto de análisis antes de tomar una decisión.

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Dichas evidencias guardan relación con presuntas irregularidades en la adjudicación de unas 10.000 hectáreas en el área de influencia del Corredor Bioceánico, en la localidad de Carmelo Peralta, Chaco paraguayo.

El pedido de interpelación al presidente del Indert figura en el punto 12 del orden del día de la sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores, que se desarrolla este miércoles.

Emiliano Rolón, fiscal general del Estado, confirmó que hace aproximadamente un año o más, se presentó ante él un abogado paraguayo de Sebastián Marset para plantear la posibilidad de que el uruguayo se presente ante la justicia paraguaya, pero bajo ciertos condicionamientos.

“Pidió que se le deje fuera de todo trámite judicial a la esposa y pidió algunas concesiones o beneficios carcelarios y la respuesta nuestra es que no podemos emprender una salida negociada hasta tanto no se presente en forma efectiva”, relató el fiscal Rolón, en un contacto con el canal Gen.

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Si bien admitió que, efectivamente recibió a un abogado de Marset, aclaró que lo hizo en el marco del derecho constitucional que tiene todo abogado de hacer peticiones formales.

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset permanece prófugo de la justicia, aunque ayer mantuvo una comunicación con un medio radial paraguayo. De haberse sabido con antelación, se habría podido utilizar la tecnología para rastrearlo, explicó Rolón.

En la sesión extraordinaria celebrada esta mañana, el Senado trató en el primer punto del orden del día el proyecto de “Modernización del Transporte Público de Pasajeros”.

Luego de un amplio debate respecto a la propuesta legislativa, presentada por el Poder Ejecutivo, por mayoría se resolvió la aprobación del documento, en la versión remitida por la Cámara de Diputados.

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La Cámara Baja había incorporado una serie de modificaciones al texto original, las cuales finalmente acabaron siendo aceptadas por los senadores.

El proyecto establece que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) será el encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones referente a las obras públicas y el transporte.

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De igual manera, se prevé la creación de un consejo asesor como instancia consultiva, integrado por autoridades, usuarios, empresarios, trabajadores del sector y representantes de las universidades.

El documento pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.