El senador Basilio “Bachi” Núñez, presidente del Senado, este lunes firmó la resolución mediante la cual convoca a una sesión extraordinaria para este martes 9 de septiembre.

En la ocasión, los legisladores de la Cámara Alta analizarán como único punto del orden del día el proyecto de ley de “Reforma del Transporte Público”, presentado por el Poder Ejecutivo.

Antecedentes: La tercera es la vencida: lograron acuerdo y choferes levantan paro

Cabe recordar que la semana pasada se resolvió postergar el estudio de esta propuesta, que aborda una serie de modificaciones al sistema de transporte público vigente, a fin de impulsar una reforma estructural.

La noticia fue recibida con cautela por el sector de los choferes de ómnibus, quienes habían amenazado con ir a un paro general, en rechazo a ciertos puntos del proyecto, medida que luego fue levantada tras llegar a un acuerdo con las autoridades.

Según afirmó a diversos medios Juan Godoy, presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores del Transporte (FUTT), este escenario los obliga a estar expectantes a la aprobación o rechazo de este plan de reforma en el Congreso.

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En caso de que termine aprobándose sin la participación de los transportistas, tal y como habían solicitado para levantar el paro, mañana mismo convocarían a una “reunión de emergencia”, a fin de analizar las siguientes acciones a tomar.

“Nos reservamos el derecho de preparar una gran movilización y una huelga general para (cuando se haga el tratamiento en) la Cámara de Diputados, a ver si ahí podemos revocar”, afirmó Godoy a la 730 AM.

Durante el encuentro entre ambos jefes de Estado, Peña destacó la afinidad con la administración colombiana entrante.

En declaraciones brindadas a medios locales, el mandatario paraguayo lamentó la postura del gobierno saliente de Gustavo Petro, señalando que rechazó en reiteradas oportunidades las propuestas de reunión planteadas por la cancillería paraguaya, aunque aclaró que la cooperación operativa en materia de seguridad no se interrumpió en ningún momento.

Peña resaltó la decisión del gobierno de De la Espriella de integrarse a la iniciativa Escudo de las Américas, plataforma de la cual Paraguay ya forma parte. Además, valoró la capacidad del nuevo presidente colombiano para consolidarse como un articulador regional decisivo en el combate contra el crimen transnacional organizado.

Igualmente, la agenda de trabajo incluyó el impulso de las relaciones comerciales. Desde la Presidencia paraguaya informaron que ambos líderes coincidieron en la importancia de promover un mayor acercamiento de Colombia al Mercosur, con el objetivo de dinamizar el intercambio comercial, atraer inversiones y consolidar un plan de trabajo conjunto a largo plazo.

La propuesta plantea blindar el tope de responsabilidad fiscal y garantizar el equilibrio presupuestario de entre el 1,5% y el 3%, estableciendo que los políticos e integrantes de las altas esferas del Estado paguen de su propio bolsillo si autorizan o legislan gastos no previstos que sobrepasen los límites legales.

El titular del Poder Legislativo explicó que la iniciativa afectará de manera directa los ingresos de los legisladores, del presidente y vicepresidente de la República, así como de las autoridades del Poder Judicial en caso de incumplir las metas fiscales.

Pese a que el plan contempla reducir salarios —como el sueldo parlamentario de 35 millones de guaraníes, Núñez aclaró que no busca ser tan radical como en otros países donde se propone la suspensión total de haberes, aunque enfatizó la necesidad de que la clase política asuma un impacto monetario real ante el descontrol presupuestario.

Dentro del alcance del proyecto, Núñez apuntó de forma particular contra el Poder Judicial al denunciar la existencia de una presunta “mafia de los amparos”, un esquema mediante el cual se dictan fallos que obligan al Estado a adquirir medicamentos de alto costo o no disponibles en el sistema de salud pública. Según el legislador, esta dinámica involucra a clínicas y laboratorios.

En caso de prosperar, la norma excluirá explícitamente de cualquier ajuste a las jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares y universales, seguro de desempleo, salud, seguridad, defensa nacional y servicios penitenciarios.

El agente fiscal Federico Delfino logró sostener la acusación al demostrar que el edil exigió la suma de 15.000 dólares americanos a la víctima a cambio de frenar una denuncia en su contra por supuesta violencia contra la mujer.

El fallo judicial fue emitido tras el juicio oral y público conducido por el Tribunal de Sentencia que estuvo integrado por los magistrados Natalia Cacavelos, Fabián Escobar y Juan Fretes.

Durante el debate, el representante del Ministerio Público expuso diversos medios probatorios que resultaron determinantes para probar la responsabilidad penal del político del partido Yo Creo.

De acuerdo con los antecedentes presentados en la causa, los hechos sucedieron el 17 de marzo del año 2023 en la ciudad de Asunción.

La investigación confirmó que Villalba Alves utilizó su posición e influencia para amedrentar a la víctima y chantajearla económicamente con la promesa de evitar que el proceso legal en su contra prosperara.