El legislador Beto Ovelar exteriorizó su molestia con la senadora Yamy Nal, tras la difusión de un audio en el que supuestamente se escucha hablar a la legisladora sobre una serie de hechos gravísimos entre distribución de dinero y de cargos.

“Es una boca suelta por irresponsable y todos los calificativos que uno pueda encontrar de la gente que no se preparó nunca para ocupar un espacio como este”, opinó Ovelar, en una entrevista con la 1080 AM.

Contó que ya conversó con el presidente del Congreso, Basilio Núñez, al respecto y le dijo que, como mínimo, deben convocar a la senadora Yamy Nal para que se rectifique de lo mencionado.

“No podemos aparentar demencia, se tiene que demostrar que ser senador de la nación implica ser serios, de comprobarse la veracidad de los hechos mencionados, esto da para pérdida de investidura”, reconoció Ovelar.

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Para el senador, estas declaraciones dañan enormemente la imagen del Congreso, en donde él preside la Comisión Bicameral de Presupuesto, encargada de analizar 16,5 billones de dólares.

Por su parte, el presidente del Congreso, Basilio Núñez, informó que la cooperación de USD 8 millones de Taiwán no fue ejecutada aún, y que los recursos serán administrados por la propia embajada y no pasarán por manos de ningún legislador.

Una parte del audio, la voz a la que se oye, y que sería de Yamy Nal, dice: “Ahora viene todo, ocho millones de dólares, que, mínimo, máximo va a salir un millón de dólares más, va a salir ese ascensor. El otro siete palos distribuidos entre Lizarella, Nano, Bachi, Beto Ovelar, todos los cuates, entre cuatro y cinco. Pero yo soy la mala, yo soy la revolucionaria”.

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Con la ley 7544 promulgada en septiembre último, el presidente de la República tiene la facultad de decretar hasta tres feriados adicionales por año. De este cupo, uno ya fue utilizado el 5 de septiembre, por motivo de la histórica clasificación de la Albirroja al Mundial de Fútbol luego de 15 años de espera. Este año, a Peña le quedan dos posibilidades y en el 2026 vuelve a tener tres oportunidades.

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Al respecto, un rumor comenzó a correr ayer miércoles. Supuestamente, representantes del Ejecutivo sondearon a sectores empresariales qué les parecía la idea de decretar feriado el viernes 26 de diciembre, posterior a la Navidad, y/o el 2 de enero, posterior al Año Nuevo.

Consultamos a fuentes de la Presidencia de la República si se manejaba esta posibilidad y la respuesta fue: “No hay nada oficial de eso”.De hecho, de ser cierto el rumor, no lo admitirían mientras no sea una decisión oficial, no obstante, cumplimos con nuestros lectores en buscar la respuesta de la fuente directa.

La primera vez que el Ejecutivo utilizó esta potestad, las reacciones estuvieron divididas. Ciertos sectores expresaron su conformidad, pero otros cuestionaron la decisión, alegando que representaba una pérdida económica para jornaleros y para empresarios que debían pagar el doble por feriado trabajado.

Otros más optimistas destacaban la posibilidad de dinamizar la economía a través de actividades, viajes y consumo.

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Según el registro oficial del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), correspondiente al listado de compromisos con proveedores del programa Hambre Cero al 27 de octubre de 2025, la empresa Comepar S.A. es la que presenta la deuda más elevada, con G. 298.441.199.410 pendientes de pago.

El documento detalla que la firma en cuestión solo recibió el 45% de los pagos, mientras que otras proveedoras alcanzaron hasta el 59%, lo que desmonta la versión publicada por el diario ABC Color, que afirmó que Comepar tendría un trato privilegiado por parte del Gobierno.

Pagos y deudas en el programa Hambre Cero. Fuente: MDS.

Desde la empresa argumentaron que si eran los mimados, como quiere instalar el Grupo Zuccolillo, ¿por qué son proporcionalmente los más afectados en el atraso de los pagos? La compañía aclaró además que logró mantener el suministro de alimentos mediante créditos bancarios, pese al atraso en los desembolsos.

Es por ello que, el 11 de noviembre, Comepar, junto con las demás proveedoras, remitió una nota al ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, en su carácter de presidente del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (CONAE), solicitando una reunión de urgencia para encontrar una salida al problema de la mora.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social, el ministro Tadeo Rojas explicó que la deuda total del programa asciende a unos G. 400.000 millones, y que desde ayer se inició el desembolso de G. 100.000 millones como parte del proceso de regularización.

Rojas señaló que los retrasos se debieron a la implementación progresiva del Sistema Integrado de Alimentación Escolar (SIAE), que reemplazó el sistema manual de liquidación de servicios utilizado al inicio del año.

“La ejecución comenzó en febrero con el sistema convencional, lo que ralentizó los trámites. Desde julio, con el SIAE, los pagos se agilizaron gracias a la trazabilidad con el RUE y la DNCP. Aun así, el arrastre de los primeros meses generó demoras que estamos corrigiendo con el Ministerio de Economía”, explicó el ministro.

El MDS adelantó que el próximo lunes se realizará una reunión con los proveedores para establecer un plan de caja que permita regularizar los pagos pendientes sin comprometer las normas de responsabilidad fiscal.

El secretario general del gremio, Odilón Turo, explicó que la medida se toma ante la falta de respuesta del Poder Ejecutivo y Legislativo, que “desde hace 14 años viene recortando el presupuesto del Ministerio Público”.

“La huelga arranca el martes 18 de noviembre y se extenderá hasta el 17 de diciembre. Lo que reclamamos en esta oportunidad es más presupuesto para el Ministerio Público y un pequeño reajuste para los compañeros”, expresó a la radio 650 AM.

Durante la huelga, se suspenderán casi todos los servicios, garantizándose únicamente aquellos considerados básicos y esenciales, conforme lo establece la Constitución y las normas jurídicas vigentes.

El dirigente sindical advirtió que la situación presupuestaria afecta directamente el funcionamiento institucional, la capacidad operativa y las condiciones laborales de los funcionarios.

“El Ministerio Público es clave en la lucha contra el crimen y la corrupción, pero sin recursos suficientes se vuelve imposible cumplir con esa misión”, remarcó.