Rodrigo Ayala Alvizo, de 38 años, fue víctima de un hecho de robo agravado en el motel “Safari”, ubicado en el barrio Santo Rey de San Lorenzo.

Dos ladrones llegaron al establecimiento en horas de la noche y amenzaron con un arma blanca a este hombre (quien trabaja allí como portero), aprovechando que se encontraba solo.

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En un momento dado, se produjo un forcejo con los delincuentes, quienes finalmente acabaron despojando al guardia de su teléfono celular para posteriormente darse a la fuga.

Horas después, agentes de la Comisaría 65ª Central - Calle’i lograron detener a uno de los presuntos autores del atraco. Se trata de Ángel Gabriel Ramírez Meza, alias “Jakare Po”, de 20 años.

Este joven cuenta con varios antecedentes, todos por hurto agravado, y salió hace apenas tres días de la cárcel, por lo que no esperó mucho tiempo para volver a la vida delictiva.

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Ramírez admitió la autoría del asalto y reveló haber vendido el smartphone de la víctima, un Huawei Nova 90, por la suma de G. 200.000 en una chatarrería.

Su cómplice sería un adolescente de 16 años, quien también posee antecedentes y es acusado del robo de un motocicleta. El mismo ya está siendo buscado por la Policía.

El uniformado identificado como, Freddy Alcides Martínez Ferrari, fue detenido en flagrancia en la zona de Remanso mientras transportaba cocaína en su automóvil.

El suboficial quien presta servicio en Pozo Colorado, transportaba los paquetes desde el Chaco, pero aparentemente de origen boliviano.

Según los primeros datos recabados, la sustancia era distribuida en el departamento Central. Fueron hallados en el vehículo dos paquetes de cocaína con un peso aproximado de 2 kilos, cuyo valor rondaría los USD 13.000.

El operativo contó con la cooperación de agentes de la SENAD.

Sin embargo, según la autoridad educativa, las fechas no coinciden, no hubo denuncia previa y el niño señalado como agresor estaba ausente el día del supuesto hecho.

En entrevista con el canal GEN, Vallejo dijo que “la mamá en ningún momento denunció un hecho de esa naturaleza”.

Explicó que sí existió un episodio el 20 de octubre, cuando el niño afectado se cayó tras un tropezón con un compañero. La profesora llamó dos veces a la madre, sin éxito, y luego se comunicó con el padre, quien confirmó que el menor además cursaba un cuadro gripal fuerte. Ese día, el niño fue retirado con normalidad por su madre y solo se quejaba de dolor de cabeza.

La directora afirmó que la versión de la madre cambia al mencionar el 24 de octubre como fecha de la supuesta agresión. “El niño al que acusan no estuvo en la institución ese día. Tiene ausente. Suele faltar por sus terapias con psicólogo y neurólogo”, explicó.

Según la institución, la madre recién apareció el 31 de octubre, a las 17:00, acompañada de la profesora, con una orden de ecografía urgente, alegando que su hijo tenía dolor testicular. Ese mismo día dijo por primera vez: “Le lastimaron”.

El padre informó luego que el niño sería sometido a cirugía y que existía la posibilidad de que perdiera un testículo, situación que finalmente ocurrió.

Vallejo detalló que la docente mantuvo contacto permanente con la familia y hasta visitó al alumno en Acosta Ñu, donde fue informada de que la cirugía salió bien y que el menor podría recibir el alta.

El lunes siguiente, la madre presentó un reposo de siete días.

La directora admitió que el golpe pudo haber ocurrido, pero no en las fechas señaladas ni con el niño acusado.

“Una patada en los genitales causa un dolor que la profesora hubiera notado. En esa fecha no se registró nada. El niño siguió viniendo normalmente el 24 y 25”, aseguró.

Además negó que la docente haya pedido a la madre no hablar del hecho. “Es imposible. El protocolo exige avisar de inmediato”, dijo.

Madre del presunto agresor también niega el hecho

La madre del niño acusado relató que su hijo niega rotundamente haber golpeado al compañero. Aseguró que cuando la profesora le informó de la cirugía del otro niño, se comunicó con la madre afectada y hasta le ofreció ayuda económica. “En ningún momento me dijo que culpaba a mi hijo. Me agradeció que me preocupe. Recién el lunes me entero que le estaban culpando”, señaló.

Con relación a esta publicación, el Abg. Domingo Federico Burgos Espínola, patrocinante legal de Genaro Feliciano Torossi Esquivel, remitió un escrito que transcribimos a continuación:

Ante informaciones difundidas recientemente por medios de prensa de Paraguay y del Perú, en las cuales se mencionan acusaciones contra Genaro Feliciano Torossi Esquivel, la defensa legal del mismo considera necesario aclarar cuanto sigue:

1. Las denuncias referidas no tienen sustento judicial ni procesal vigente.

El Juzgado de Paz del Distrito de la Catedral, luego de evaluar los antecedentes presentados, resolvió levantar todas las medidas de protección dictadas contra Genaro Feliciano Torossi Esquivel, al no haberse constatado hechos de violencia física, psicológica ni patrimonial.

En dicha resolución, la magistrada interviniente destacó que el Estado paraguayo ha atendido con excesiva rigurosidad los hechos denunciados, en tanto se conformó una Mesa Extraordinaria Interinstitucional de Prevención de la Violencia contra la Mujer, con la participación de representantes de once instituciones del Estado, conforme al Acta N.º 05/2024, de fecha 29 de julio de 2024.

2. Respecto a la denuncia de supuesta apropiación, cabe señalar que la misma fue presentada por la denunciante y ya fue objeto de investigación por el Ministerio Público, siendo desestimada en el año 2023 por falta de elementos que sustenten la existencia de un hecho punible.

Dicha decisión fue posteriormente ratificada por la Fiscalía General del Estado, por lo que la desestimación quedó firme y ejecutoriada, careciendo de toda vigencia o posibilidad de reapertura.

3. En cuanto a la situación administrativa de Genaro Feliciano Torossi Esquivel, se aclara que el mismo fue pasado a situación de retiro con vigencia desde el 31 de diciembre de 2024, conforme a resolución del Tribunal de Calificaciones de la Policía Nacional.

No obstante, y ante declaraciones públicas difundidas por algunos medios que sostienen que se encuentra “en situación de disponibilidad”, se ha solicitado informe oficial a la Comandancia de la Policía Nacional.

Asimismo, no percibe salario alguno desde el mes de enero de 2025, ni en carácter de retirado ni en estado de disponibilidad, lo cual constituye una arbitrariedad administrativa por parte de la Policía Nacional, actualmente recurrida ante la instancia competente.

4. No existe causa ni denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado paraguayo vinculada al caso mencionado.

Toda información que afirme lo contrario resulta inexacta y carente de verificación documental ante dicho organismo.

La defensa reafirma su compromiso con la verdad, la transparencia y el respeto a la labor periodística, pero exhorta a los medios a ejercer la obligación constitucional de brindar información veraz, responsable y equilibrada, conforme al artículo 28 de la Constitución Nacional.