El caso involucra al contador Julio David Ramírez Domínguez, quien inscribió falsamente a decenas de personas como empleados, logrando un perjuicio superior a G. 1.200 millones.

Respecto al mecanismo del fraude, la gerente de Prestaciones Financieras del IPS, Vanessa Cubas, explicó que antes de la pandemia Ramírez declaraba apenas 2 a 3 trabajadores en planilla. Sin embargo, entre abril y mayo de 2020 aumentó súbitamente sus nóminas hasta 60 supuestos empleados.

El sospechoso, de acuerdo con los investigadores, pagó aportes obrero–patronales mínimos (unos G. 110 millones en total), solicitó subsidios por suspensión laboral alegando afectación por la pandemia, y con esto recibió más de G. 1.200 millones, es decir, una “rentabilidad” cercana al 1.000%.

“El señor inscribía a personas, pagaba un pequeño aporte y luego pedía la compensación como si fuera que el contrato había sido suspendido. Es abusivo, fraudulento y un daño institucional para todos los trabajadores y empleadores que cumplen con la ley”, señaló Cubas en entrevista con el canal GEN.

El fraude quedó en evidencia cuando, tras levantarse la emergencia sanitaria en 2022, Ramírez redujo nuevamente su nómina a solo seis trabajadores.

Por su parte, la fiscal Teresa Sosa, a cargo del caso, confirmó la imputación de 63 de los 83 inscriptos en la maniobra.

“Estamos ante hechos punibles de estafa y declaración falsa, que prevén penas de 6 meses a 5 años de prisión tanto para el empleador como para los falsos empleados que cedieron sus datos”, indicó.

Según la Fiscalía, los supuestos trabajadores cobraban mensualmente los subsidios, pero la mayor parte del dinero era entregada al empleador.

Más empresas bajo la lupa

El IPS no descarta que existan otras patronales involucradas en esquemas similares, por lo que la Dirección de Riesgos y la asesoría jurídica del instituto abrieron nuevas líneas de investigación.

Cubas advirtió que estos fraudes no solo afectan al fondo de Enfermedad y Maternidad, del que salieron los pagos, sino a toda la masa de aportantes.

“Se perjudica al trabajador honesto que necesita cobertura real. Por eso pedimos a los asegurados verificar periódicamente en la web del IPS que sus empleadores estén declarando correctamente los aportes”, insistió.

Los 795 maletines, más los de contingencia, ya se encuentran distribuidos en cada local donde se desarrollarán los comicios en la ciudad esteña.

Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) informaron que cada local de votación cuenta con resguardo policial y cada maletín está lacrado para garantizar la transparencia.

La Justicia Electoral recuerda que el único documento válido para votar es la cédula de identidad física, vigente o vencida.

Este domingo, estarán habilitadas 795 Mesas Receptoras de Votos (MRV), distribuidas en 23 locales de votación, donde 237.223 electores podrán ejercer su derecho al voto.

A las 17:00h, se iniciará el escrutinio público y fiscalizado, posteriormente se procederá con la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Las tareas se desarrollan en distintos puntos del país con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la normativa que protege la fauna íctica.

Según el MADES, se efectúan controles en rutas y locales comerciales, con el apoyo de la Policía Nacional, para concienciar sobre la prohibición de transportar y comercializar productos pesqueros, así como en los ríos Paraguay y Paraná, donde se retiran elementos de pesca prohibidos.

La veda pesquera rige desde el pasado 2 de noviembre en aguas compartidas con Argentina y Brasil. En el caso de Argentina, se extenderá hasta el 20 de diciembre, mientras que con Brasil finalizará el 31 de enero del 2026, garantizando el tiempo necesario para la reproducción de las especies.

El MADES recuerda que las sanciones por infringir la veda son severas e insta a la ciudadanía a colaborar en la protección de los recursos naturales.

Los productos decomisados son donados a entidades benéficas, hospitales y comedores comunitarios, conforme a los procedimientos establecidos.

A través de una intensa campaña por parte del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), lograron vacunar a más niños en todos los departamentos del país, siendo Canindeyú el que lidera el proceso.

Según el Ministerio de Salud, para lograr este progreso, se implementó un sistema de monitoreo basado en tableros dinámicos, que integran los registros nominales del Registro de Vacunación Electrónico (RVE).

Esta herramienta permite visualizar en tiempo real el avance de la vacunación infantil, además, identificar barrios, distritos o regiones con brechas, y reforzar rápidamente las acciones donde más se necesita.

Desde octubre se inició el envío de recordatorios por WhatsApp a madres, padres y tutores de niñas y niños de 12 a 23 meses con dosis pendientes. Los mensajes, personalizados con el nombre del niño o niña y la vacuna requerida, orientan a las familias a acudir al vacunatorio más cercano del sistema público.

El objetivo es facilitar la vacunación en tiempo y forma, proteger contra sarampión, paperas y rubéola y reducir el riesgo de brotes.