La exfiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, quien se desempeñaba como fiscal antisecuestro al momento de producirse la desaparición de Cecilia Cuba, recordó este domingo a la joven, quien fue secuestrada en un día de inicio de primavera.

“Hoy se cumplen 21 años de secuestro de Cecilia Cubas, fue capturada y llevada al cautiverio por el entonces brazo armado del Partido Patria Libre, Cecilia tenía sueños como toda joven, truncado por ese grupo terrorista que hoy se autodenominan EPP. Ceci, no pudiste volver para contar el terror de tu cautiverio, desde el lugar donde te encuentres con Dios y la Virgen te pido tu protección, vivís en mi corazón y en mis recuerdos. Aquella primavera del 21 de septiembre del 2004 te disponías a festejar como una joven más, pero te esperaban estos criminales terroristas para llevarte a un lugar en donde meses después terminarían con tu joven vida. SIEMPRE EN MI CORAZÓN, CECILIA MARIANA”, escribió en sus redes sociales.

Era la tarde-noche del 21 de septiembre y Cecilia estaba a punto de llegar a su domicilio en Laguna Grande, San Lorenzo, a bordo de una camioneta color bordó. En ese momento, integrantes de una banda criminal le cerraron el paso con dos automóviles, realizaron varios disparos al vehículo con la intención de inmovilizar a la víctima y la secuestraron.

Horas más tarde, uno de los criminales se comunicó con la familia Cubas-Gusinky para informarles que tenían a Cecilia y que volverían a llamar para pedir dinero, el fin primero de este grupo de extrema izquierda.

Además de llamadas, las comunicaciones se hacían por correo, en mensajes donde los asesinos se referían a Cecilia como “la fruta” y describían que ya se estaba pudriendo y que, dudaban que pudiera resistir mucho tiempo más.

El 13 de noviembre la familia realizó el pago de 300.000 dólares en Caaguazú, luego esperaron la liberación, pero los delincuentes no cumplieron y le tomaron del pelo a los familiares, pues dijeron que este monto solamente fue una multa por la demora y el mal trato. Días antes de Navidad volvieron a dar un ultimátum y exigieron 3 millones de dólares.

A casi cinco meses de cautiverio, el 16 de febrero del 2005, se produjo el macabro hallazgo de Cecilia en la conocida “Casa del terror” ubicada en Las Palmas 342 del barrio Mbocayaty de la ciudad de Ñemby. Su cuerpo fue hallado dentro de una fosa, en completo estado de putrefacción. Los secuestradores enterraron viva a Cecilia, luego de haberla dormido con un somnífero.

Otra escena impactante en aquel momento fue cuando la madre de la joven secuestrada, Mirta Gusinky, llegó a la vivienda en Ñemby para ver e identificar el cuerpo de su hija. Su mamá besó el cuerpo en la morgue desde los pies hasta la cabeza.

Aquella banda que perpetró el secuestro de Cecilia Cubas (brazo armado del extinto Partido Patria Libre) posteriormente se convertiría en lo que hoy se conoce como el EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo).

Con la ley 7544 promulgada en septiembre último, el presidente de la República tiene la facultad de decretar hasta tres feriados adicionales por año. De este cupo, uno ya fue utilizado el 5 de septiembre, por motivo de la histórica clasificación de la Albirroja al Mundial de Fútbol luego de 15 años de espera. Este año, a Peña le quedan dos posibilidades y en el 2026 vuelve a tener tres oportunidades.

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Al respecto, un rumor comenzó a correr ayer miércoles. Supuestamente, representantes del Ejecutivo sondearon a sectores empresariales qué les parecía la idea de decretar feriado el viernes 26 de diciembre, posterior a la Navidad, y/o el 2 de enero, posterior al Año Nuevo.

Consultamos a fuentes de la Presidencia de la República si se manejaba esta posibilidad y la respuesta fue: “No hay nada oficial de eso”.De hecho, de ser cierto el rumor, no lo admitirían mientras no sea una decisión oficial, no obstante, cumplimos con nuestros lectores en buscar la respuesta de la fuente directa.

La primera vez que el Ejecutivo utilizó esta potestad, las reacciones estuvieron divididas. Ciertos sectores expresaron su conformidad, pero otros cuestionaron la decisión, alegando que representaba una pérdida económica para jornaleros y para empresarios que debían pagar el doble por feriado trabajado.

Otros más optimistas destacaban la posibilidad de dinamizar la economía a través de actividades, viajes y consumo.

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Según el registro oficial del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), correspondiente al listado de compromisos con proveedores del programa Hambre Cero al 27 de octubre de 2025, la empresa Comepar S.A. es la que presenta la deuda más elevada, con G. 298.441.199.410 pendientes de pago.

El documento detalla que la firma en cuestión solo recibió el 45% de los pagos, mientras que otras proveedoras alcanzaron hasta el 59%, lo que desmonta la versión publicada por el diario ABC Color, que afirmó que Comepar tendría un trato privilegiado por parte del Gobierno.

Pagos y deudas en el programa Hambre Cero. Fuente: MDS.

Desde la empresa argumentaron que si eran los mimados, como quiere instalar el Grupo Zuccolillo, ¿por qué son proporcionalmente los más afectados en el atraso de los pagos? La compañía aclaró además que logró mantener el suministro de alimentos mediante créditos bancarios, pese al atraso en los desembolsos.

Es por ello que, el 11 de noviembre, Comepar, junto con las demás proveedoras, remitió una nota al ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, en su carácter de presidente del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (CONAE), solicitando una reunión de urgencia para encontrar una salida al problema de la mora.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social, el ministro Tadeo Rojas explicó que la deuda total del programa asciende a unos G. 400.000 millones, y que desde ayer se inició el desembolso de G. 100.000 millones como parte del proceso de regularización.

Rojas señaló que los retrasos se debieron a la implementación progresiva del Sistema Integrado de Alimentación Escolar (SIAE), que reemplazó el sistema manual de liquidación de servicios utilizado al inicio del año.

“La ejecución comenzó en febrero con el sistema convencional, lo que ralentizó los trámites. Desde julio, con el SIAE, los pagos se agilizaron gracias a la trazabilidad con el RUE y la DNCP. Aun así, el arrastre de los primeros meses generó demoras que estamos corrigiendo con el Ministerio de Economía”, explicó el ministro.

El MDS adelantó que el próximo lunes se realizará una reunión con los proveedores para establecer un plan de caja que permita regularizar los pagos pendientes sin comprometer las normas de responsabilidad fiscal.

El secretario general del gremio, Odilón Turo, explicó que la medida se toma ante la falta de respuesta del Poder Ejecutivo y Legislativo, que “desde hace 14 años viene recortando el presupuesto del Ministerio Público”.

“La huelga arranca el martes 18 de noviembre y se extenderá hasta el 17 de diciembre. Lo que reclamamos en esta oportunidad es más presupuesto para el Ministerio Público y un pequeño reajuste para los compañeros”, expresó a la radio 650 AM.

Durante la huelga, se suspenderán casi todos los servicios, garantizándose únicamente aquellos considerados básicos y esenciales, conforme lo establece la Constitución y las normas jurídicas vigentes.

El dirigente sindical advirtió que la situación presupuestaria afecta directamente el funcionamiento institucional, la capacidad operativa y las condiciones laborales de los funcionarios.

“El Ministerio Público es clave en la lucha contra el crimen y la corrupción, pero sin recursos suficientes se vuelve imposible cumplir con esa misión”, remarcó.