En entrevista con la radio 730 AM, Rachid señaló que los documentos presentados por su primo David Fernández Lichi en Argentina deben ser tomados con pinzas y sostuvo que detrás de la denuncia existe un trasfondo de disputas judiciales y patrimoniales entre familiares en torno a la financiera paraguaya SAFIO.

“Nunca formé parte de la empresa financiera, ni tuve vínculo alguno con su gestión. Estuve 20 años en la Fiscalía y siempre me dediqué a mi trabajo en el Ministerio Público”, aclaró, pero reconoció que la acusación lo afecta al estar en un cargo público.

El ministro arremetió contra Fernández Lichi, a quien describió como una persona “conflictiva, con más de 30 demandas civiles, embargos, inhibiciones e imputaciones”, además de enfrentar juicios por estafa, apropiación y violencia familiar. “Su situación económica es desesperante, y busca sacar provecho arrastrando a cualquiera”, disparó.

Recordó que la madre de su primo fue socia de la financiera, pero que antes de fallecer vendió sus acciones a los demás socios. “Él (por su primo) nunca tuvo vinculación jurídica con la empresa.“Lo que él hace es para ver si alguno de mis tíos aflojan y le den un poco de plata”, lanzó.

Explicó que el problema comenzó cuando falleció su tía, y luego, en 2023, su primo acusó a sus familiares - entre ellos Fohad, Bader y Leila Rachid – de apropiación, argumentando que la venta de las acciones de su madre en SAFIO fue simulada por medio de la producción de documentos de contenido no auténtico, sin embargo, esta denuncia fue desestimada por el Ministerio Público tras realizarse el peritaje.

“Las cuestiones de la empresa siempre se manejaron entre hermanos, entre mis tíos. Cuando se descompuso el tema es cuando mi tía fallece, y mi primo con las deudas y las cuentas hasta el cuello y todos los antecedentes judiciales y penales que tiene, de algún lado quiere sacar una tajada de algo. Jurídicamente él nunca tuvo vinculación con la empresa de mi tío. Solo su mamá fue parte de la empresa, pero antes de fallecer ella vende sus acciones entre los demás socios”, dijo.

En otro momento de la entrevista, Rachid anunció que su familia se comunicará con Infobae para dar a conocer su versión y que evaluarán acciones judiciales contra Fernández Lichi. También pidió que la Fiscalía paraguaya y los investigadores del caso AMIA revisen a fondo los documentos aportados.

“Si todo esto es un invento, mis tíos deberán accionar judicialmente. Es muy grave. Para eso están las instituciones, para investigar y esclarecer”, puntualizó.

El ministro reiteró que lo publicado debe entenderse dentro del marco de un conflicto sucesorio y económico y no como una prueba real de vínculos con grupos terroristas.

A continuación la publicación de Infobae: 

La inagotable investigación de los atentados a la Embajada de Israel (1992) y a la AMIA (1994) sumó nuevos actores en el último tiempo: la familia Rachid Lichi, de empresarios y políticos paraguayos con ascendencia sirio-libanesa. Luego de una serie de declaraciones y análisis de documentación que comenzó en marzo de este año y persiste hasta hoy, están sospechados de haber financiado y facilitado la actividad de Hezbollah en la Triple Frontera, mediante transferencias millonarias a una figura central de la historia: Ali Houssein Abdallah.

El hallazgo se produjo a partir de la aparición espontánea de un testigo: David Fernández Lichi. Él es hijo de Watfa Rachid Lichi, quien fue propietaria de la financiera paraguaya SAFIO junto a sus cinco hermanos: Sara, Marian, Leila, Bader y Fohad.

Los seis heredaron la empresa -dedicada principalmente a préstamos hipotecarios- luego de la muerte de sus padres, que habían fundado la firma y la posicionaron como una de las más importantes de Asunción.

Ya con la financiera en poder de los herederos, Fohad Rachid Lichi asumió la dirección y Bader Rachid Lichi se constituyó como vice, según pudo saber Infobae de fuentes del caso. Este último es un importante dirigente del Partido Colorado paraguayo, fue senador -desde 1998 hasta 2008- y es padre del titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid.

Leila Rachid Lichi también hizo carrera en la función pública y se destacó como diplomática. Llegó a ser canciller entre 2003 y 2006, y antes se desempeñó como embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria en la Argentina (1999) y en los Estados Unidos (2000), entre otros cargos clave.

El núcleo familiar de los Rachid Lichi empezó a desgarrarse en 2021, cuando murió Watfa. David Fernández Lichi denunció que sus tíos falsificaron la firma de su madre para quedarse con su parte de las acciones de la financiera. Entonces comenzó una serie de denuncias penales y demandas civiles cruzadas entre parientes.

Según declaró David Fernández Lichi ante un Equipo Conjunto de Investigación, integrado por los fiscales Francisco Cabrera, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción Nº 7 de Paraguay, y Sebastián Basso, titular de la UFI-AMIA, a partir de sus inconvenientes sucesorios empezó a revisar archivos de la empresa que habían quedado guardados en un escritorio dentro de su casa. No tardó mucho en decidirse por revelar todo ante la Justicia, ya que además dijo sentirse perseguido, hostigado y ve en riesgo su seguridad y la de su familia.

Su primera declaración ocurrió en marzo de este año, en la ciudad formoseña de Clorinda, a pasos de la frontera con Paraguay. En el marco de la causa AMIA, Fernández Lichi le entregó dos cajas con documentación al fiscal Basso, que después fueron compartidas con el Ministerio Público Fiscal del país vecino tras la firma de un acuerdo de cooperación. El testigo volvió a declarar en varias oportunidades para brindar más detalles sobre las presuntas maniobras ilegales. Nada de esto trascendió públicamente, hasta ahora.

Qué dicen las nuevas pruebas

Entre la documentación que aportó Fernández Lichi hay nueve chequeras del Banco Holandés -correspondientes a la cuenta personal de Fohad Rachid Lichi-, registros contables, declaraciones juradas, comprobantes de liquidaciones de préstamos en dólares y anotaciones manuscritas que, según el testigo, fueron hechas por su tío director de la financiera y ayudarían a probar los eventuales vínculos criminales.

Todos son papeles originales que están en poder de la Argentina, Paraguay y los Estados Unidos, a través de la Oficina Regional de Seguridad (RSO) que tiene la embajada norteamericana en Paraguay.

El principal receptor del dinero fue Ali Houssein Abdallah, aunque también hay otros libaneses que se detectaron a partir del análisis de la información, pero con menores montos involucrados.

Según se desprende de los documentos, a los que Infobae tuvo acceso exclusivo, entre 1989 y principios del 2000 los Rachid Lichi habrían facilitado más de 12 millones de dólares a Ali Houssein Abdallah.

El dinero se enviaba periódicamente a través de transferencias directas desde la cuenta corriente de Fohad Rachid Lichi. Muchas veces los movimientos no superaban los 10.000 dólares por transacción para que pasaran desapercibidos ante las autoridades financieras, creen los investigadores.

Otros gastos particulares que hizo Fohad y llamaron la atención de los fiscales fueron los pagos del alquiler de la embajada paraguaya en El Líbano.

El receptor Ali Houssein Abdallah ya estaba bajo investigación de la Justicia argentina y las nuevas pruebas nutren la hipótesis que barajó la fiscalía.

Es que el presunto coordinador de la planificación y ejecución de los atentados, Salman Raouf Salman (alias Samuel El Reda), que vivió en la Triple Frontera desde fines de los ’80 hasta la voladura de la AMIA, habría tenido como colaboradores a Ali Houssein Abdallah y su hermano, Mohammad Youssef Abdallah, líder de una mezquita en Ciudad del Este.

En esa localidad paraguaya, Salman tramitó una ciudadanía falsa y puso como domicilio la dirección de un departamento propiedad de Ali en el reconocido edificio “El Progreso”. A partir de ese vínculo y otras medidas de prueba es que en agosto de 2023 el juez federal Daniel Rafecas declaró en rebeldía y ordenó la captura internacional de Ali Houssein Abdallah.

Este actor central del apoyo territorial para ejecutar los atentados, ahora descubierto como recaudador para su país y Hezbollah, murió luego de contraer coronavirus durante la pandemia.

En cuanto al vínculo de Ali Houssein con los Rachid Lichi, la fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción paraguaya baraja al menos dos hipótesis.

La primera es que Fohad no ponía el dinero realmente, no era financista. Si bien las transferencias salieron de su cuenta bancaria -siempre de acuerdo a la documentación que consta en la causa-, podría haber sido una suerte de intermediario que permitía a Hezbollah ingresar con algún atisbo de legalidad el dinero proveniente de actividades ilícitas al sistema financiero. Una maniobra de lavado de dinero a través de una “cueva”.

Otra línea, dijeron a este medio fuentes con acceso al caso, es que los Rachid Lichi sí eran financistas de Hezbollah. Acá entran en juego presuntos vínculos entre las partes y supuestas simulaciones de venta de propiedades y empresas que, hasta el momento, no lograron probarse acabadamente. También debería constatarse si hubo préstamos de los dueños de la financiera que nunca se devolvieron.

Hay un nombre más que apareció entre las hojas aportadas por el testigo: Hussein Mounir Mouzannar. Figura como cliente de los Rachid Lichi.

Mouzannar, millonario empresario libanés que construyó una fortuna en Ciudad del Este, es uno de los 10 acusados que enfrentarán un juicio en ausencia en la Argentina por el atentado a la mutual judía. Es, también, otro hilo del que tirar para los investigadores que buscan terminar de entender cómo operó Hezbollah en la Triple Frontera para planear y ejecutar los atentados en Buenos Aires.

Con la ley 7544 promulgada en septiembre último, el presidente de la República tiene la facultad de decretar hasta tres feriados adicionales por año. De este cupo, uno ya fue utilizado el 5 de septiembre, por motivo de la histórica clasificación de la Albirroja al Mundial de Fútbol luego de 15 años de espera. Este año, a Peña le quedan dos posibilidades y en el 2026 vuelve a tener tres oportunidades.

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Al respecto, un rumor comenzó a correr ayer miércoles. Supuestamente, representantes del Ejecutivo sondearon a sectores empresariales qué les parecía la idea de decretar feriado el viernes 26 de diciembre, posterior a la Navidad, y/o el 2 de enero, posterior al Año Nuevo.

Consultamos a fuentes de la Presidencia de la República si se manejaba esta posibilidad y la respuesta fue: “No hay nada oficial de eso”.De hecho, de ser cierto el rumor, no lo admitirían mientras no sea una decisión oficial, no obstante, cumplimos con nuestros lectores en buscar la respuesta de la fuente directa.

La primera vez que el Ejecutivo utilizó esta potestad, las reacciones estuvieron divididas. Ciertos sectores expresaron su conformidad, pero otros cuestionaron la decisión, alegando que representaba una pérdida económica para jornaleros y para empresarios que debían pagar el doble por feriado trabajado.

Otros más optimistas destacaban la posibilidad de dinamizar la economía a través de actividades, viajes y consumo.

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Según el registro oficial del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), correspondiente al listado de compromisos con proveedores del programa Hambre Cero al 27 de octubre de 2025, la empresa Comepar S.A. es la que presenta la deuda más elevada, con G. 298.441.199.410 pendientes de pago.

El documento detalla que la firma en cuestión solo recibió el 45% de los pagos, mientras que otras proveedoras alcanzaron hasta el 59%, lo que desmonta la versión publicada por el diario ABC Color, que afirmó que Comepar tendría un trato privilegiado por parte del Gobierno.

Pagos y deudas en el programa Hambre Cero. Fuente: MDS.

Desde la empresa argumentaron que si eran los mimados, como quiere instalar el Grupo Zuccolillo, ¿por qué son proporcionalmente los más afectados en el atraso de los pagos? La compañía aclaró además que logró mantener el suministro de alimentos mediante créditos bancarios, pese al atraso en los desembolsos.

Es por ello que, el 11 de noviembre, Comepar, junto con las demás proveedoras, remitió una nota al ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, en su carácter de presidente del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (CONAE), solicitando una reunión de urgencia para encontrar una salida al problema de la mora.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social, el ministro Tadeo Rojas explicó que la deuda total del programa asciende a unos G. 400.000 millones, y que desde ayer se inició el desembolso de G. 100.000 millones como parte del proceso de regularización.

Rojas señaló que los retrasos se debieron a la implementación progresiva del Sistema Integrado de Alimentación Escolar (SIAE), que reemplazó el sistema manual de liquidación de servicios utilizado al inicio del año.

“La ejecución comenzó en febrero con el sistema convencional, lo que ralentizó los trámites. Desde julio, con el SIAE, los pagos se agilizaron gracias a la trazabilidad con el RUE y la DNCP. Aun así, el arrastre de los primeros meses generó demoras que estamos corrigiendo con el Ministerio de Economía”, explicó el ministro.

El MDS adelantó que el próximo lunes se realizará una reunión con los proveedores para establecer un plan de caja que permita regularizar los pagos pendientes sin comprometer las normas de responsabilidad fiscal.

El secretario general del gremio, Odilón Turo, explicó que la medida se toma ante la falta de respuesta del Poder Ejecutivo y Legislativo, que “desde hace 14 años viene recortando el presupuesto del Ministerio Público”.

“La huelga arranca el martes 18 de noviembre y se extenderá hasta el 17 de diciembre. Lo que reclamamos en esta oportunidad es más presupuesto para el Ministerio Público y un pequeño reajuste para los compañeros”, expresó a la radio 650 AM.

Durante la huelga, se suspenderán casi todos los servicios, garantizándose únicamente aquellos considerados básicos y esenciales, conforme lo establece la Constitución y las normas jurídicas vigentes.

El dirigente sindical advirtió que la situación presupuestaria afecta directamente el funcionamiento institucional, la capacidad operativa y las condiciones laborales de los funcionarios.

“El Ministerio Público es clave en la lucha contra el crimen y la corrupción, pero sin recursos suficientes se vuelve imposible cumplir con esa misión”, remarcó.