Días atrás tomó estado público la situación por la que atravesó la arquitecta Mariangel Lombardo Godoy, quien bajo engaños fue convocada para realizar una visita al distrito de Francisco Caballero Álvarez (ex Puente Kyjha).

Una persona que se presentó como “José García” solicitó sus servicios para la supuesta construcción de 30 cabañas de lujo en un barrio cerrado. Con el pretexto de ir a conocer el inmueble, el desconocido -quien contactó con ella vía WhatsApp- la citó en esta localidad del departamento de Canindeyú.

Antes de llegar al lugar pautado, un hombre con acento colombiano o venezolano la llamó a su número particular para extorsionarla, afirmando ser líder de un cartel narco que opera en dicha región. El mismo le solicitó que transfiera todo el dinero que tenía en su cuenta bancaria.

Minutos después, el esposo de la arquitecta recibió otro llamado similar de parte de un extraño, quien afirmó tener a la mujer secuestrada, pidiendo que también le deposite dinero para volver a ponerla en libertad.

Tras recepcionar la denuncia, agentes de la Policía Nacional acudieron en ayuda de Lombardo e iniciaron una investigación, confirmando que se había tratado de un caso de lo que se conoce como “secuestro virtual”.

Se trata de una modalidad delictiva en la que delincuentes simulan ser otras personas para entablar conversación con las víctimas. En un primer momento, pueden solicitar algunos datos personales y hasta piden moverse de un lugar a otro, como ocurrió con la arquitecta. Seguidamente, llaman a sus familiares para advertirles de un supuesto secuestro y exigen dinero a cambio de su libertad, pese a que el rapto nunca se haya ejecutado.

Otros episodios similares vienen registrándose en la zona de Canindeyú y otros puntos del país, con casos en Areguá y Pedro Juan Caballero, entre otros. Tiempo atrás, el intendente de la ciudad de Yby Pytá había sido victima, al igual que una persona que fue llevada a un establecimiento en Villa Ygatimí.

Luego de tomar conocimiento de este último caso, el Ministerio Público decidió abrir una investigación, asignando al fiscal Carlos Giandinotto para impulsar las diligencias necesarias.

Con voto de los camaristas Mario Camilo Torres y Paublino Escobar, se confirmó la sentencia a 10 años de prisión para Hugo Javier González, quien había sido hallado culpable de causar un perjuicio patrimonial de Gs. 5.105 millones a la gobernación de Central.

El tercer camarista, Arnulfo Arias, votó para que la condena se reduzca a 8 años.

Hugo Javier fue condenado el 4 de enero del 2025 por un Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Karina Cáceres, quien inmediatamente ordenó su remisión al penal de Tacumbú.

En aquel juicio, también fueron condenados Miguel Ángel Robles Ibarra, Javier Marcelo Rojas, Luis Eduardo Allende Araujo, Lourdes Lezcano Decoud y Modesta Valiente Escobar.

Hugo Javier había sido imputado por los hechos punibles de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, a raíz de supuestos desvíos de recursos durante la pandemia de COVID-19.

El operativo, ejecutado en coordinación con el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) – Norte, se llevó a cabo en la localidad de San José, municipio de Bella Vista, departamento de Amambay.

Durante la intervención, fueron erradicadas y destruidas 33 hectáreas de plantaciones de supuesta marihuana, así como 102.000 kilos de plantines secos.

Además, se destruyeron ocho campamentos precarios y diversos enseres básicos presumiblemente utilizados para la subsistencia de los cultivadores.

La destrucción de las plantaciones y los elementos asociados se realizó en el marco del Operativo “Escudo Guaraní”, cumpliendo con los protocolos establecidos por la normativa vigente, garantizando así el correcto procedimiento legal durante la erradicación.

El procedimiento fue encabezado por la agente fiscal antidrogas de Amambay, Rossana Coronel.

El legislador recordó que Dávalos no solo fue un héroe de guerra, sino también un ciudadano comprometido con su comunidad. Señaló que, pese a su avanzada edad y a las limitaciones propias de los años, participaba activamente en celebraciones patrias y en actividades sociales.

“Ha sido para nosotros un gran testimonio de ciudadano, un ejemplo a emular”, expresó el legislador durante su intervención.

Asimismo, recordó que en el año 2024 la Cámara de Diputados le concedió la máxima distinción institucional, la Orden Nacional al Mérito Comuneros, a iniciativa suya, en reconocimiento a su trayectoria y aporte histórico.

Según los antecedentes, Dávalos se alistó como soldado en la intendencia durante la contienda, desempeñándose en tareas logísticas clave para el abastecimiento del frente de combate, incluyendo uniformes, municiones, medicamentos y armamentos.

Posteriormente fue asignado a la Marina, donde navegó el río Pilcomayo en misiones de inspección. Más adelante fue enviado directamente al frente de batalla, integrando la unidad “10 Sauce”, bajo el mando del coronel Crisóstomo López.

De acuerdo con los datos presentados, Dávalos nació el 8 de octubre de 1914 en la compañía Plácido, a unos ocho kilómetros de la antigua ciudad de Ajos —actual Coronel Oviedo— en el Departamento de Caaguazú.

Durante su intervención, el diputado también transmitió el mensaje de despedida de la familia del excombatiente, que lo recuerda como “un padre, abuelo y bisabuelo ejemplar”.

“Soldado de honor en la vida y guerrero de luz en el cielo; su valentía solo fue superada por la inmensa bondad de su corazón”, expresaron sus familiares, destacando que deja como legado el recuerdo de un hombre íntegro y un amor incondicional.

El parlamentario concluyó señalando que la vida de Virgilio Dávalos constituye un ejemplo de patriotismo y entrega que debe ser preservado en la memoria histórica del país.