“Que declara de interés nacional el día 20 de setiembre, fecha de homenaje y reconocimiento al Ingeniero Agrónomo”, es el acápite oficial del proyecto presentado.

Esta iniciativa surge ante la necesidad de reconocer y valorar la transcendental labor que desempeñan los ingenieros agrónomos en el desarrollo productivo, social y ambiental del país, menciona la exposición de motivos.

Refiere que estos profesionales cumplen un rol esencial en la investigación, innovación y aplicación de tecnologías que permiten incrementar la productividad agrícola; garantizar la seguridad alimentaria; promover el uso sostenible de los recursos naturales; y mejorar la calidad de vida de la población.

En el texto se menciona que el 20 de septiembre constituye una fecha significativa para homenajear y destacar el aporte del ingeniero agrónomo a la construcción de un Paraguay más próspero, competitivo y sostenible, en armonía con el medioambiente y en beneficio de las generaciones presentes y futuras.

“La declaración de esta fecha, como de interés nacional, simboliza un justo reconocimiento al compromiso, la dedicación y la visión de quienes, con su conocimiento y esfuerzo, hacen posible que el campo paraguayo continúe siendo el motor del desarrollo económico y social de la nación”, indica el proyecto.

La normativa insta a todas las instituciones públicas y privadas, así como los empleadores del sector agropecuario, a respetar y aplicar estrictamente lo establecido en la Ley N° 2386, referente al arancel profesional del Ingeniero Agrónomo, garantizando así la justa remuneración y reconocimiento profesional de estos especialistas.

El documento será estudiado en la comisión asesora de Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción, previo al tratamiento en el plenario de la Cámara de Diputados.

Con la ley 7544 promulgada en septiembre último, el presidente de la República tiene la facultad de decretar hasta tres feriados adicionales por año. De este cupo, uno ya fue utilizado el 5 de septiembre, por motivo de la histórica clasificación de la Albirroja al Mundial de Fútbol luego de 15 años de espera. Este año, a Peña le quedan dos posibilidades y en el 2026 vuelve a tener tres oportunidades.

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Al respecto, un rumor comenzó a correr ayer miércoles. Supuestamente, representantes del Ejecutivo sondearon a sectores empresariales qué les parecía la idea de decretar feriado el viernes 26 de diciembre, posterior a la Navidad, y/o el 2 de enero, posterior al Año Nuevo.

Consultamos a fuentes de la Presidencia de la República si se manejaba esta posibilidad y la respuesta fue: “No hay nada oficial de eso”.De hecho, de ser cierto el rumor, no lo admitirían mientras no sea una decisión oficial, no obstante, cumplimos con nuestros lectores en buscar la respuesta de la fuente directa.

La primera vez que el Ejecutivo utilizó esta potestad, las reacciones estuvieron divididas. Ciertos sectores expresaron su conformidad, pero otros cuestionaron la decisión, alegando que representaba una pérdida económica para jornaleros y para empresarios que debían pagar el doble por feriado trabajado.

Otros más optimistas destacaban la posibilidad de dinamizar la economía a través de actividades, viajes y consumo.

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Según el registro oficial del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), correspondiente al listado de compromisos con proveedores del programa Hambre Cero al 27 de octubre de 2025, la empresa Comepar S.A. es la que presenta la deuda más elevada, con G. 298.441.199.410 pendientes de pago.

El documento detalla que la firma en cuestión solo recibió el 45% de los pagos, mientras que otras proveedoras alcanzaron hasta el 59%, lo que desmonta la versión publicada por el diario ABC Color, que afirmó que Comepar tendría un trato privilegiado por parte del Gobierno.

Pagos y deudas en el programa Hambre Cero. Fuente: MDS.

Desde la empresa argumentaron que si eran los mimados, como quiere instalar el Grupo Zuccolillo, ¿por qué son proporcionalmente los más afectados en el atraso de los pagos? La compañía aclaró además que logró mantener el suministro de alimentos mediante créditos bancarios, pese al atraso en los desembolsos.

Es por ello que, el 11 de noviembre, Comepar, junto con las demás proveedoras, remitió una nota al ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, en su carácter de presidente del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (CONAE), solicitando una reunión de urgencia para encontrar una salida al problema de la mora.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social, el ministro Tadeo Rojas explicó que la deuda total del programa asciende a unos G. 400.000 millones, y que desde ayer se inició el desembolso de G. 100.000 millones como parte del proceso de regularización.

Rojas señaló que los retrasos se debieron a la implementación progresiva del Sistema Integrado de Alimentación Escolar (SIAE), que reemplazó el sistema manual de liquidación de servicios utilizado al inicio del año.

“La ejecución comenzó en febrero con el sistema convencional, lo que ralentizó los trámites. Desde julio, con el SIAE, los pagos se agilizaron gracias a la trazabilidad con el RUE y la DNCP. Aun así, el arrastre de los primeros meses generó demoras que estamos corrigiendo con el Ministerio de Economía”, explicó el ministro.

El MDS adelantó que el próximo lunes se realizará una reunión con los proveedores para establecer un plan de caja que permita regularizar los pagos pendientes sin comprometer las normas de responsabilidad fiscal.

El secretario general del gremio, Odilón Turo, explicó que la medida se toma ante la falta de respuesta del Poder Ejecutivo y Legislativo, que “desde hace 14 años viene recortando el presupuesto del Ministerio Público”.

“La huelga arranca el martes 18 de noviembre y se extenderá hasta el 17 de diciembre. Lo que reclamamos en esta oportunidad es más presupuesto para el Ministerio Público y un pequeño reajuste para los compañeros”, expresó a la radio 650 AM.

Durante la huelga, se suspenderán casi todos los servicios, garantizándose únicamente aquellos considerados básicos y esenciales, conforme lo establece la Constitución y las normas jurídicas vigentes.

El dirigente sindical advirtió que la situación presupuestaria afecta directamente el funcionamiento institucional, la capacidad operativa y las condiciones laborales de los funcionarios.

“El Ministerio Público es clave en la lucha contra el crimen y la corrupción, pero sin recursos suficientes se vuelve imposible cumplir con esa misión”, remarcó.