Los intendentes de Ybyrarobaná, César Machuca, y de Laurel, Pablo Karajallo, lograron un acuerdo de tregua con los campesinos del asentamiento 1ro. de Marzo para levantar los cortes de la Ruta 3, en la Colonia Naranjito del distrito de Ybyrarobaná, departamento de Canindeyú.

La suspensión de las protestas se mantendrá hasta el próximo lunes, a la espera de una mesa de diálogo con el ministro del Interior, Enrique Riera.

Los manifestantes advirtieron que si no hay avances para el lunes, las rutas volverán a ser cerradas en la zona.

Estos campesinos son los invasores de la propiedad privada Agroganadera Pindó, quienes días atrás tomaron de rehén al comisario Gerardo Aquino. Los mismos exigen la titulación inmediata de las tierras que ocupan ilegalmente desde hace 13 años.

La Policía Nacional ya detuvo a David Sánchez Brizuela, acusado de integrar el grupo que retuvo al comisario Aquino y lo obligó a entonar consignas. Durante la detención, la Policía incautó decenas de armas de variado calibre —incluyendo escopetas y fusiles— y bombas de fabricación casera tipo Molotov, elementos que están a disposición del Ministerio Público.

También estaría implicado en el caso de la toma de rehén, el dirigente campesino Jorge Mercado, quien enfrenta múltiples órdenes de captura por crímenes graves.

Mercado es buscado por asesinato, invasión de propiedad privada, amenazas de muerte, depredación de bosques, contaminación de tajamar, abigeato, portación ilegítima de armas, asociación ilícita y narcotráfico, entre otros delitos presuntamente cometidos dentro de Pindó.

Los invasores reclaman al Gobierno la entrega de títulos, a pesar de que el propio Indert emitió un dictamen en 2014 denegando la exigencia, al confirmar que no se trata de tierras fiscales, sino de una propiedad privada de la Agroganadera Pindó S.A.

El intendente Machuca solicitó al Gobierno una solución política y la concesión de las tierras a los invasores, señalando que la “solución depende del Poder Legislativo”. Sin embargo, lamentó que la problemática no se resolverá si el Gobierno no se interioriza en la situación.

Los daños a la propiedad de Pindó son catalogados de catastróficos. La empresa, que antes era próspera en el cultivo de soja y la cría de ganado Brangus, está totalmente ocupada y saqueada. Los invasores incendiaron y destruyeron todas las instalaciones, con daños que incluyen, pérdida de siembra por más de US$ 1.000.000 en los últimos 4 años, e incendio del casco central en 2015, con perjuicio estimado de US$ 300.000, donde tomaron rehenes, golpearon y amenazaron de muerte al personal.

Además, reportes policiales indican que el asentamiento ilegal se ha convertido en una “zona liberada” donde pululan delincuentes, abigeos, narcotraficantes y asesinos.

La intervención es impulsada por la Fundación Médicos Promoción 83 de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, con apoyo logístico y operativo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS). Según los organizadores, se prevé una concurrencia aproximada de 1.500 personas.

Las atenciones se realizan en la Base Aeronaval de la Armada Paraguaya y en oficinas de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), donde fueron instalados puestos fijos y móviles equipados para consultas y estudios. Más de 100 profesionales de la salud participan del operativo, entre médicos especialistas, bioquímicos, enfermeros y personal de apoyo.

Entre los servicios disponibles se incluyen estudios de electrocardiografía, ecocardiografía, ecografías generales, espirometría, audiometría, densitometría ósea y radiografías, además de análisis laboratoriales y test rápidos para VIH, hepatitis B y enfermedad de Chagas.

Las consultas abarcan áreas como clínica médica, pediatría, oftalmología, odontología y medicina familiar. En el área odontológica se realizan restauraciones, sellados y actividades educativas, mientras que en oftalmología se prevé la captación de pacientes para cirugías de cataratas.

El MSPBS participa con 48 funcionarios de distintas dependencias, incluyendo la XVI Región Sanitaria – Boquerón, el Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) y el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA), que garantiza provisión de agua segura y sanitarios.

Para casos de mayor complejidad, fueron definidos como centros de referencia el Hospital Regional de Boquerón, el Hospital Materno Infantil de Villa Choferes del Chaco y la Unidad de Salud Familiar San Agustín.

El operativo cuenta además con apoyo de la Fuerza Aérea y la Armada Paraguaya, en un trabajo coordinado entre instituciones públicas y organizaciones civiles para ampliar el acceso a servicios de salud en zonas de difícil acceso.

La entrega representa una inversión de G. 1.994.129.301 y responde a las necesidades identificadas en los servicios de salud del departamento Central, contribuyendo a garantizar la disponibilidad de insumos para la atención de la población.

El lote recibido incluye medicamentos para diversas patologías, fármacos correspondientes a programas sanitarios, insumos destinados a la temporada invernal, antialérgicos, aerosoles, kits de parto y materiales esenciales para la atención diaria en los establecimientos de salud.

El Parque Sanitario cumple un rol como centro logístico regional, desde donde se organiza y distribuye de manera periódica el abastecimiento a hospitales, centros de salud y unidades de salud de la familia, asegurando la continuidad de los servicios y el funcionamiento de la red asistencial.

Esta acción se enmarca en la política institucional del MSPBS orientada a fortalecer la gestión de insumos estratégicos, optimizar la cadena de suministro y garantizar el acceso a medicamentos e insumos en todo el territorio.

El Ministerio de Salud Pública sigue trabajando con responsabilidad y garantiza las respuestas a las necesidades de la ciudadanía.

El centro, ubicado en el Destacamento Naval “Héroes del Chaco”, permitirá articular en tiempo real las acciones de patrullaje, control y seguridad, integrando recursos como drones, embarcaciones y personal especializado.

Su puesta en marcha representa un paso fundamental hacia la modernización institucional y el fortalecimiento de la capacidad para proteger los recursos hídricos y garantizar la legalidad en las vías navegables.

“El centro de mando y control de la Prefectura General Naval, como así también la de sección de lanchas interceptoras fluviales fortalecerán de manera tangible nuestra capacidad de vigilancia, control y protección de nuestras fronteras fluviales”, destacó el vicealmirante Christian José Rotela, Comandante de la Armada Paraguaya.

Según refieren, las ocho lanchas junto con sus armas y su equipamiento representan una inversión estadounidense de más de cuatro millones de dólares en las fuerzas de seguridad del Paraguay y forman una parte importante de una iniciativa más amplia que va a incorporar a 10 lanchas en total.

La inversión estadounidense total en esta iniciativa va a llegar a más de 12 millones de dólares.