El encargado de Negocios de la Embajada de EE.UU. en Paraguay, Robert Alter, fue consultado acerca de la actual licitación promovida por el gobierno para otorgar la licencia para conectividad 5G en Paraguay.

Al respecto, el diplomático norteamericano elogió la decisión de las autoridades paraguayas de incorporar requisitos de seguridad en el proceso de adjudicación, que es impulsado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

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De igual manera, Alter aseguró que se trata de una medida “acertada y valiente”, al tiempo de enfatizar que esta postura fortalece la seguridad nacional.

“Paraguay, nuestro socio, es un país soberano, que toma sus propias decisiones con respecto a las tecnologías que el país quiere implementar y desarrollar en sus redes de telecomunicaciones”, indicó en entrevista con Telefuturo.

Aunque las propuestas más confiables puedan implicar mayores costos iniciales, el Encargado de Negocios de la embajada enfatizó que el verdadero valor está en la privacidad de los datos y la seguridad de la información.

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El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) validó la estructuración técnica de la licitación 5G, asegurando que los criterios de seguridad y confiabilidad fueran parte integral del llamado.

Conatel recientemente adjudicó licencias para servicios de telefonía móvil, acceso a internet y transmisión de datos en la banda de 3.500 MHz a las empresas AMX Paraguay SA (Claro) y Nubicom S.R.L. (de Argentina).

Con relación a esta publicación, el Abg. Domingo Federico Burgos Espínola, patrocinante legal de Genaro Feliciano Torossi Esquivel, remitió un escrito que transcribimos a continuación:

Ante informaciones difundidas recientemente por medios de prensa de Paraguay y del Perú, en las cuales se mencionan acusaciones contra Genaro Feliciano Torossi Esquivel, la defensa legal del mismo considera necesario aclarar cuanto sigue:

1. Las denuncias referidas no tienen sustento judicial ni procesal vigente.

El Juzgado de Paz del Distrito de la Catedral, luego de evaluar los antecedentes presentados, resolvió levantar todas las medidas de protección dictadas contra Genaro Feliciano Torossi Esquivel, al no haberse constatado hechos de violencia física, psicológica ni patrimonial.

En dicha resolución, la magistrada interviniente destacó que el Estado paraguayo ha atendido con excesiva rigurosidad los hechos denunciados, en tanto se conformó una Mesa Extraordinaria Interinstitucional de Prevención de la Violencia contra la Mujer, con la participación de representantes de once instituciones del Estado, conforme al Acta N.º 05/2024, de fecha 29 de julio de 2024.

2. Respecto a la denuncia de supuesta apropiación, cabe señalar que la misma fue presentada por la denunciante y ya fue objeto de investigación por el Ministerio Público, siendo desestimada en el año 2023 por falta de elementos que sustenten la existencia de un hecho punible.

Dicha decisión fue posteriormente ratificada por la Fiscalía General del Estado, por lo que la desestimación quedó firme y ejecutoriada, careciendo de toda vigencia o posibilidad de reapertura.

3. En cuanto a la situación administrativa de Genaro Feliciano Torossi Esquivel, se aclara que el mismo fue pasado a situación de retiro con vigencia desde el 31 de diciembre de 2024, conforme a resolución del Tribunal de Calificaciones de la Policía Nacional.

No obstante, y ante declaraciones públicas difundidas por algunos medios que sostienen que se encuentra “en situación de disponibilidad”, se ha solicitado informe oficial a la Comandancia de la Policía Nacional.

Asimismo, no percibe salario alguno desde el mes de enero de 2025, ni en carácter de retirado ni en estado de disponibilidad, lo cual constituye una arbitrariedad administrativa por parte de la Policía Nacional, actualmente recurrida ante la instancia competente.

4. No existe causa ni denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado paraguayo vinculada al caso mencionado.

Toda información que afirme lo contrario resulta inexacta y carente de verificación documental ante dicho organismo.

La defensa reafirma su compromiso con la verdad, la transparencia y el respeto a la labor periodística, pero exhorta a los medios a ejercer la obligación constitucional de brindar información veraz, responsable y equilibrada, conforme al artículo 28 de la Constitución Nacional.

Su madre, Alicia Zárate, explicó en entrevista con el canal GEN que necesita reunir G. 8.600.000 para un estudio genético imprescindible antes de que su hijo pueda someterse a una cirugía que podría mejorar significativamente su calidad de vida.

La mujer relató que los médicos le solicitaron un exoma completo, un análisis que permite identificar enfermedades genéticas raras y que debe realizarse exclusivamente en centros privados.

“Es un estudio costoso, G. 8.600.000. Por eso estoy pidiendo ayuda. Estoy haciendo una rifa para poder costearlo”, expresó.

La cirugía a la que Gian debe someterse luego del estudio consiste en la implantación de un estimulador del nervio vago, un procedimiento utilizado en pacientes con epilepsia de difícil control.

“Mi hijo toma varios anticonvulsivantes, pero igual sigue convulsionando. La cirugía podría bajarle mucho las crisis, incluso del 50% al 20% o 10%”, explicó.

Gian convulsiona todos los días, no camina, no habla ni puede asistir a la escuela debido a la condición que enfrenta desde su nacimiento. Su madre señaló que, pese a los tratamientos, la enfermedad sigue avanzando y la cirugía representa una oportunidad concreta de mejorar su bienestar.

Para reunir los fondos, Alicia impulsa una rifa solidaria cuyo costo es de G. 10.000 por número. El sorteo se realizará el 23 de diciembre y todas las personas que deseen colaborar pueden comunicarse directamente con ella al número 0981 826 214.

La ley que crea el programa de Pensión Universal para Adultos Mayores estipula que el monto a cobrar será del 25 % del salario mínimo vigente. Esto no cambiará.

Sin embargo, lo que hoy están cobrando los beneficiarios es 699.577 guaraníes, suma que corresponde al 25 % del sueldo mínimo anterior (el que rigió hasta junio), es decir, no fue actualizado porque la propia legislación establece que esta modificación será hecha recién al año siguiente, explicó el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, en un contacto con la 1080 AM.

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En tal sentido, a partir de enero, los beneficiarios pasarán a cobrar 724.762 guaraníes, un importe que se ajusta el 25 % del mínimo vigente desde julio del 2025, mes en que se actualiza el salario básico cada año.

El incremento de julio fue en proporción al 3,5 % dictado por el Banco Central del Paraguay como el porcentaje de la inflación acumulada en un año.

El programa Adultos Mayores se manejó este año con un presupuesto de USD 359 millones. A partir del 2026, el plan de gastos subirá a USD 408 millones. Esta diferencia servirá para mantener a los beneficiarios actuales, incorporar a otros 30.000 e incluir el pequeño incremento de 25.185 guaraníes.

Este año fueron incluidos 38.000 beneficiarios, superando el tope de 30.000 anuales contemplados en la ley. Las incorporaciones se realizan de mayor a menor. Comenzó con los de 106 y en este momento se encuentra en los de 71 años de edad.

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