Desde el Ministerio Público informaron que la denuncia presentada por los senadores opositores Rafael Filizzola, Esperanza Martínez, Ignacio Iramain Chilavert y Rubén Velázquez, así como los diputados Johana Ortega, Billy Vaesken, y Raúl Benítez, se encuentra en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), donde, desde la semana pasada, está en etapa de examen de correspondencia, paso previo a la eventual asignación de un fiscal para la apertura de una causa.

El examen de correspondencia implica la verificación inicial de los antecedentes, la revisión del contenido de la denuncia y la evaluación de si los hechos relatados corresponden o no a la competencia de la unidad especializada.

Esta aclaratoria se dio tras la tapa de Abc Color de este miércoles, en la cual el medio de la calle Yegros cuestiona lo que considera “pasividad” de la Fiscalía en investigar la denuncia de los opositores.

Para el oficialismo, esta denuncia, patrocinada por los abogados Kattya González y Felino Amarilla, fue montada por la oposición en el marco de una campaña de desprestigio. “Hace tiempo que vienen buscando el desprestigio del Gobierno y del Partido de Gobierno. Grupos políticos y empresariales, impotentes ante la posibilidad de llegar por vía democráticas al poder buscan crear una campaña de desprestigio tratando de tomar un poder por el atajo que no son las vías democráticas”, indicó el ministro de Urbanismo y Vivienda, Juan Carlos Baruja.

Inclusive, el senador liberal Eduardo Nakayama, férreo opositor del gobierno actual, dijo no estar de acuerdo con la forma en que se orquestó la denuncia penal presentada en contra de Santiago Peña. “Me preocupa que se quiera sacarlo al presidente Peña y que alguno de nosotros hagamos el papel de estúpido y formemos parte del plan de otra gente”, lanzó.

LAS INCONSISTENCIAS DE LA DENUNCIA

Por su parte, el representante legal de la familia Peña-Ocampos, Ricardo Preda, evidenció la falta de sustento y destrozó punto por punto todos los “argumentos” de la oposición.

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO: el acrecentamiento patrimonial se refiere a una época en la que el presidente no ejercía ninguna función pública. Los únicos hechos corroborados son el aumento del patrimonio y que, en ese lapso, Peña no estaba en la función pública. De estos dos hechos, explicó, no se puede inferir la comisión de ningún hecho punible, pues, el crecimiento patrimonial, como tal, carece de relevancia penal alguna.

LAVADO DE DINERO: el presidente Peña tenía acciones minoritarias (menos del 2 %) en una sociedad que, en el 2020 adquirió otra sociedad, en la cual, algunos accionistas fueron imputados cuatro años más tarde, por lavado de dinero. Esto no aporta ningún elemento que involucre a Peña ni a los demás miembros ni empresas, en dicho hecho punible.

“Me parece temerario decir o afirmar que uno puede lavar dinero por el hecho de ser accionista muy pequeño de una sociedad que adquiere otra en la cual, una persona fue procesada con posterioridad por lavado de activos“, afirmó y dijo que Peña ni hizo negocios con Pasfin ni con el imputado Carlos Oleñik.

TRÁFICO DE INFLUENCIAS: se habla de tráfico de influencias sobre la base de las participaciones en Ueno Holding que es una empresa donde el presidente tenía acciones (ya nos las tiene). La empresa ueno holding, a su vez, forma parte del grupo económico Vázquez, que, a su vez, tiene participación en varias empresas que ganaron licitaciones con el estado. En ninguna parte de la denuncia se hace mención a qué irregularidades tienen esas licitaciones y el presidente no tiene poder de decisión Santiago Peña, indicó Preda.

“Una investigación penal no se puede abrir sobre la base de lo que yo supongo, peor aún, si ni siquiera tienen relevancia penal. Y más, cuando quien supone, no se da cuenta de que no tiene ninguna relevancia penal”, expresó Preda.

Respecto a la afirmación del abogado patrocinante de la denuncia, Felino Amarilla, quien dijo que la carga de la prueba se invierte cuando uno es funcionario público, es decir, que el denunciado debe demostrar su inocencia y no la Fiscalía demostrar su culpabilidad, Preda explicó que no existe tal inversión.

COMPRA DE VEHÍCULO DE PROVEEDOR DE PUPITRES CHINOS

Respecto a la afirmación de que Santiago Peña se paseó en un vehículo que pertenecía a alguien que, posteriormente fue adjudicado para la provisión de pupitres escolares, el abogado informó que la denuncia tiene una falsedad ideológica, es decir, una mentira, porque dice que él adquirió una camioneta de un proveedor del estado, cuando era presidente electo. Y en realidad, la firma donde él es accionista, que es una EAS, adquirió una camioneta de una firma, donde, según la denuncia, uno de los accionistas, es a su vez un proveedor actual del gobierno.

“La compra se hizo en diciembre del 2022, cuando ni siquiera había habido una interna, por lo tanto, él no era un presidente electo, tampoco era proveedora de esa firma”

En cuanto a la adjudicación, Preda expuso que los datos objetivos son: no fue el Gobierno, sino la Itaipú Binacional, una entidad que se rige por una disposición de derecho internacional, donde actúan integrantes de un consejo con representantes de ambos países, por lo tanto, Peña no forma parte del ámbito de decisión de quién se le adjudica la provisión.

El procedimiento se realizó en la zona de Isla Bogado, en la ciudad de Luque, tras tareas de inteligencia y localización por parte de agentes del grupo Lince.

Luis Ernesto Servín fue reconocido a partir de videos registrados durante los incidentes en la Gradería Norte del Estadio Defensores del Chaco, donde se lo observa exhibiendo el escudo de la Policía Nacional.

El sub jefe de eventos deportivos, el comisario Isidro Benítez, confirmó la detención del hincha, quien ya contaba con varios antecedentes.

Tras su captura, el barrabrava fue derivado a la Comisaría 46, donde permanece a disposición del Ministerio Público mientras avanzan las investigaciones.

“En público se hacen los valé, nde inútil”, le dijo uno de los uniformados durante su detención.

Durante el partido entre Cerro Porteño y Olimpia se produjo incidentes entre los barrabravas cerristas y los agentes policiales.

Carlos Vera, director de la Comisión Nacional para Apátridas y Refugiados (Conare) de Paraguay, informó que el arribo de 25 extranjeros se da en el marco del acuerdo firmado el 19 de febrero pasado con Estados Unidos, por el cual, Paraguay ofrece una colaboración en el marco de los derechos humanos, para el traslado ordenado y seguro de personas de terceros países.

Una vez en nuestro territorio, la (OIM) Organización Internacional para las Migraciones, se encargará de todo el proceso, esto incluye: la llegada, la estadía en un hotel céntrico y el retorno a sus países de origen en un plazo de 30 a 60 días, aunque también tienen la posibilidad de pedir asilo.

“Ellos (OIM) van a cubrir esos costos, no habrá ninguna partida presupuestaria del Gobierno para proceder en ese sentido”, comentó Vera.

Los que llegan mañana son extranjeros que, en algún momento ingresaron a Estados Unidos, pero no concluyeron el procedimiento administrativo migratorio o incumplieron alguna normativa relacionada.

Uno de los condicionamientos para ingresar a Paraguay es que provengan de países de habla hispana y que no tengan antecedentes policiales.

Los refugiados no están retenidos, sino que permanecen transitoriamente en nuestro país, costeados por la OIM, que a su vez, se apoyará en la Policía Nacional y en la Dirección de Migraciones para garantizar el libre tránsito dentro del territorio y el cumplimiento de la leyes, caso contrario, pueden ser expulsados.

El acuerdo firmado condiciona la cantidad de hasta 25 personas por mes. Todas ellas, necesitan la autorización antes de emprender vuelo a Paraguay.

Consultado acerca de por qué Estados Unidos recurre a otros países para sacar a los extranjeros rechazados, en un contacto con la 730, contestó que, podría presumir que se debe a la gran cantidad de solicitudes de ingreso acumuladas.

Solo en la última semana, la cartera sanitaria registra un aumento de consultas del 22% en los diferentes hospitales y centros de salud.

Todas las consultas ambulatorias son por enfermedad tipo influenza, vinculado principalmente a la circulación anticipada de influenza A H3N2.

Ante este escenario, emitieron una alerta epidemiológica considerando el inicio del periodo estacional y esperan incrementos en las hospitalizaciones y complicaciones asociadas.

Insta a la población a prestar atención a los síntomas, evitar acudir a actividades laborales, educativas o lugares públicos hasta la resolución del cuadro clínico para evitar la dispersión de la enfermedad, y acudir a la consulta oportuna de manera a evitar la automedicación.

Salud recuerda que está vigente la Campaña Invierno 2026 con vacunas contra la influenza y otras enfermedades respiratorias para toda la población desde los 3 años en adelante.

Además, desde hoy podrán vacunarse los bebés de 6 a 35 meses nacidos entre noviembre 2025 y julio 2026.