Desde el Ministerio Público informaron que la denuncia presentada por los senadores opositores Rafael Filizzola, Esperanza Martínez, Ignacio Iramain Chilavert y Rubén Velázquez, así como los diputados Johana Ortega, Billy Vaesken, y Raúl Benítez, se encuentra en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), donde, desde la semana pasada, está en etapa de examen de correspondencia, paso previo a la eventual asignación de un fiscal para la apertura de una causa.

El examen de correspondencia implica la verificación inicial de los antecedentes, la revisión del contenido de la denuncia y la evaluación de si los hechos relatados corresponden o no a la competencia de la unidad especializada.

Esta aclaratoria se dio tras la tapa de Abc Color de este miércoles, en la cual el medio de la calle Yegros cuestiona lo que considera “pasividad” de la Fiscalía en investigar la denuncia de los opositores.

Para el oficialismo, esta denuncia, patrocinada por los abogados Kattya González y Felino Amarilla, fue montada por la oposición en el marco de una campaña de desprestigio. “Hace tiempo que vienen buscando el desprestigio del Gobierno y del Partido de Gobierno. Grupos políticos y empresariales, impotentes ante la posibilidad de llegar por vía democráticas al poder buscan crear una campaña de desprestigio tratando de tomar un poder por el atajo que no son las vías democráticas”, indicó el ministro de Urbanismo y Vivienda, Juan Carlos Baruja.

Inclusive, el senador liberal Eduardo Nakayama, férreo opositor del gobierno actual, dijo no estar de acuerdo con la forma en que se orquestó la denuncia penal presentada en contra de Santiago Peña. “Me preocupa que se quiera sacarlo al presidente Peña y que alguno de nosotros hagamos el papel de estúpido y formemos parte del plan de otra gente”, lanzó.

LAS INCONSISTENCIAS DE LA DENUNCIA

Por su parte, el representante legal de la familia Peña-Ocampos, Ricardo Preda, evidenció la falta de sustento y destrozó punto por punto todos los “argumentos” de la oposición.

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO: el acrecentamiento patrimonial se refiere a una época en la que el presidente no ejercía ninguna función pública. Los únicos hechos corroborados son el aumento del patrimonio y que, en ese lapso, Peña no estaba en la función pública. De estos dos hechos, explicó, no se puede inferir la comisión de ningún hecho punible, pues, el crecimiento patrimonial, como tal, carece de relevancia penal alguna.

LAVADO DE DINERO: el presidente Peña tenía acciones minoritarias (menos del 2 %) en una sociedad que, en el 2020 adquirió otra sociedad, en la cual, algunos accionistas fueron imputados cuatro años más tarde, por lavado de dinero. Esto no aporta ningún elemento que involucre a Peña ni a los demás miembros ni empresas, en dicho hecho punible.

“Me parece temerario decir o afirmar que uno puede lavar dinero por el hecho de ser accionista muy pequeño de una sociedad que adquiere otra en la cual, una persona fue procesada con posterioridad por lavado de activos“, afirmó y dijo que Peña ni hizo negocios con Pasfin ni con el imputado Carlos Oleñik.

TRÁFICO DE INFLUENCIAS: se habla de tráfico de influencias sobre la base de las participaciones en Ueno Holding que es una empresa donde el presidente tenía acciones (ya nos las tiene). La empresa ueno holding, a su vez, forma parte del grupo económico Vázquez, que, a su vez, tiene participación en varias empresas que ganaron licitaciones con el estado. En ninguna parte de la denuncia se hace mención a qué irregularidades tienen esas licitaciones y el presidente no tiene poder de decisión Santiago Peña, indicó Preda.

“Una investigación penal no se puede abrir sobre la base de lo que yo supongo, peor aún, si ni siquiera tienen relevancia penal. Y más, cuando quien supone, no se da cuenta de que no tiene ninguna relevancia penal”, expresó Preda.

Respecto a la afirmación del abogado patrocinante de la denuncia, Felino Amarilla, quien dijo que la carga de la prueba se invierte cuando uno es funcionario público, es decir, que el denunciado debe demostrar su inocencia y no la Fiscalía demostrar su culpabilidad, Preda explicó que no existe tal inversión.

COMPRA DE VEHÍCULO DE PROVEEDOR DE PUPITRES CHINOS

Respecto a la afirmación de que Santiago Peña se paseó en un vehículo que pertenecía a alguien que, posteriormente fue adjudicado para la provisión de pupitres escolares, el abogado informó que la denuncia tiene una falsedad ideológica, es decir, una mentira, porque dice que él adquirió una camioneta de un proveedor del estado, cuando era presidente electo. Y en realidad, la firma donde él es accionista, que es una EAS, adquirió una camioneta de una firma, donde, según la denuncia, uno de los accionistas, es a su vez un proveedor actual del gobierno.

“La compra se hizo en diciembre del 2022, cuando ni siquiera había habido una interna, por lo tanto, él no era un presidente electo, tampoco era proveedora de esa firma”

En cuanto a la adjudicación, Preda expuso que los datos objetivos son: no fue el Gobierno, sino la Itaipú Binacional, una entidad que se rige por una disposición de derecho internacional, donde actúan integrantes de un consejo con representantes de ambos países, por lo tanto, Peña no forma parte del ámbito de decisión de quién se le adjudica la provisión.

Sin embargo, según la autoridad educativa, las fechas no coinciden, no hubo denuncia previa y el niño señalado como agresor estaba ausente el día del supuesto hecho.

En entrevista con el canal GEN, Vallejo dijo que “la mamá en ningún momento denunció un hecho de esa naturaleza”.

Explicó que sí existió un episodio el 20 de octubre, cuando el niño afectado se cayó tras un tropezón con un compañero. La profesora llamó dos veces a la madre, sin éxito, y luego se comunicó con el padre, quien confirmó que el menor además cursaba un cuadro gripal fuerte. Ese día, el niño fue retirado con normalidad por su madre y solo se quejaba de dolor de cabeza.

La directora afirmó que la versión de la madre cambia al mencionar el 24 de octubre como fecha de la supuesta agresión. “El niño al que acusan no estuvo en la institución ese día. Tiene ausente. Suele faltar por sus terapias con psicólogo y neurólogo”, explicó.

Según la institución, la madre recién apareció el 31 de octubre, a las 17:00, acompañada de la profesora, con una orden de ecografía urgente, alegando que su hijo tenía dolor testicular. Ese mismo día dijo por primera vez: “Le lastimaron”.

El padre informó luego que el niño sería sometido a cirugía y que existía la posibilidad de que perdiera un testículo, situación que finalmente ocurrió.

Vallejo detalló que la docente mantuvo contacto permanente con la familia y hasta visitó al alumno en Acosta Ñu, donde fue informada de que la cirugía salió bien y que el menor podría recibir el alta.

El lunes siguiente, la madre presentó un reposo de siete días.

La directora admitió que el golpe pudo haber ocurrido, pero no en las fechas señaladas ni con el niño acusado.

“Una patada en los genitales causa un dolor que la profesora hubiera notado. En esa fecha no se registró nada. El niño siguió viniendo normalmente el 24 y 25”, aseguró.

Además negó que la docente haya pedido a la madre no hablar del hecho. “Es imposible. El protocolo exige avisar de inmediato”, dijo.

Madre del presunto agresor también niega el hecho

La madre del niño acusado relató que su hijo niega rotundamente haber golpeado al compañero. Aseguró que cuando la profesora le informó de la cirugía del otro niño, se comunicó con la madre afectada y hasta le ofreció ayuda económica. “En ningún momento me dijo que culpaba a mi hijo. Me agradeció que me preocupe. Recién el lunes me entero que le estaban culpando”, señaló.

Con relación a esta publicación, el Abg. Domingo Federico Burgos Espínola, patrocinante legal de Genaro Feliciano Torossi Esquivel, remitió un escrito que transcribimos a continuación:

Ante informaciones difundidas recientemente por medios de prensa de Paraguay y del Perú, en las cuales se mencionan acusaciones contra Genaro Feliciano Torossi Esquivel, la defensa legal del mismo considera necesario aclarar cuanto sigue:

1. Las denuncias referidas no tienen sustento judicial ni procesal vigente.

El Juzgado de Paz del Distrito de la Catedral, luego de evaluar los antecedentes presentados, resolvió levantar todas las medidas de protección dictadas contra Genaro Feliciano Torossi Esquivel, al no haberse constatado hechos de violencia física, psicológica ni patrimonial.

En dicha resolución, la magistrada interviniente destacó que el Estado paraguayo ha atendido con excesiva rigurosidad los hechos denunciados, en tanto se conformó una Mesa Extraordinaria Interinstitucional de Prevención de la Violencia contra la Mujer, con la participación de representantes de once instituciones del Estado, conforme al Acta N.º 05/2024, de fecha 29 de julio de 2024.

2. Respecto a la denuncia de supuesta apropiación, cabe señalar que la misma fue presentada por la denunciante y ya fue objeto de investigación por el Ministerio Público, siendo desestimada en el año 2023 por falta de elementos que sustenten la existencia de un hecho punible.

Dicha decisión fue posteriormente ratificada por la Fiscalía General del Estado, por lo que la desestimación quedó firme y ejecutoriada, careciendo de toda vigencia o posibilidad de reapertura.

3. En cuanto a la situación administrativa de Genaro Feliciano Torossi Esquivel, se aclara que el mismo fue pasado a situación de retiro con vigencia desde el 31 de diciembre de 2024, conforme a resolución del Tribunal de Calificaciones de la Policía Nacional.

No obstante, y ante declaraciones públicas difundidas por algunos medios que sostienen que se encuentra “en situación de disponibilidad”, se ha solicitado informe oficial a la Comandancia de la Policía Nacional.

Asimismo, no percibe salario alguno desde el mes de enero de 2025, ni en carácter de retirado ni en estado de disponibilidad, lo cual constituye una arbitrariedad administrativa por parte de la Policía Nacional, actualmente recurrida ante la instancia competente.

4. No existe causa ni denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado paraguayo vinculada al caso mencionado.

Toda información que afirme lo contrario resulta inexacta y carente de verificación documental ante dicho organismo.

La defensa reafirma su compromiso con la verdad, la transparencia y el respeto a la labor periodística, pero exhorta a los medios a ejercer la obligación constitucional de brindar información veraz, responsable y equilibrada, conforme al artículo 28 de la Constitución Nacional.

Su madre, Alicia Zárate, explicó en entrevista con el canal GEN que necesita reunir G. 8.600.000 para un estudio genético imprescindible antes de que su hijo pueda someterse a una cirugía que podría mejorar significativamente su calidad de vida.

La mujer relató que los médicos le solicitaron un exoma completo, un análisis que permite identificar enfermedades genéticas raras y que debe realizarse exclusivamente en centros privados.

“Es un estudio costoso, G. 8.600.000. Por eso estoy pidiendo ayuda. Estoy haciendo una rifa para poder costearlo”, expresó.

La cirugía a la que Gian debe someterse luego del estudio consiste en la implantación de un estimulador del nervio vago, un procedimiento utilizado en pacientes con epilepsia de difícil control.

“Mi hijo toma varios anticonvulsivantes, pero igual sigue convulsionando. La cirugía podría bajarle mucho las crisis, incluso del 50% al 20% o 10%”, explicó.

Gian convulsiona todos los días, no camina, no habla ni puede asistir a la escuela debido a la condición que enfrenta desde su nacimiento. Su madre señaló que, pese a los tratamientos, la enfermedad sigue avanzando y la cirugía representa una oportunidad concreta de mejorar su bienestar.

Para reunir los fondos, Alicia impulsa una rifa solidaria cuyo costo es de G. 10.000 por número. El sorteo se realizará el 23 de diciembre y todas las personas que deseen colaborar pueden comunicarse directamente con ella al número 0981 826 214.