El grupo de familiares y amigos de la familia denunciante dieron a conocer un comunicado días atrás titulado “Ella habló, la justicia no la escuchó”.

“Como madres de los amigos más cercanos de la víctima, expresamos públicamente nuestra solidaridad con ella y con su mamá en este momento tan doloroso. La víctima es una niña de una madurez admirable, que ha tenido que atravesar una experiencia profundamente traumática. El daño sufrido es real, y sus consecuencias son incalculables para una menor que debería vivir su infancia en paz”, refiere el escrito.

Agrega que el hecho ocurrió, fue admitido y dejó una huella que ninguna familia debería enfrentar. “Nuestro llamado es a la empatía, al respeto y a la protección, porque lo que está en juego no es una figura política, sino la vida y la dignidad de una niña”.

“Aquí no solo sufrió la víctima, sino también todo su entorno familiar, sus amiguitos que lloraron con ella, y nosotros mismos, como madres y padres, que tuvimos que contener a nuestros hijos y explicarles lo inexplicable. Lo que parece lejano está mucho más cerca de lo que creemos”, sostiene además.

“Duele la indiferencia de la justicia, que en lugar de protegerla, la somete a la duda y la revictimización, como si nada hubiera ocurrido. Y duele aún más constatar que, como ciudadanos comunes, nos sentimos desamparados ante una justicia que parece someterse al poder en lugar de defender a los más vulnerables. Cuando la justicia se vende, las madres incendian el silencio. Porque no hay fuerza más temida por el poder... que una madre que decidió hablar”, lamentó el grupo.

Sobre este escrito, Ana Saez, representante de grupo de padres, dijo a radio Ñanduti el caso les toca muy de cerca y que involucra a toda la comunidad donde habría ocurrido el hecho. “Nos duele en el alma”, sostuvo.

Expresó que la actuación de la fiscal Gladys Jiménez deja mucho que desear y lamentó que las instituciones estén todo el tiempo mencionando que hay que denunciar, pero en el momento en que la menor habla, no se la escucha. “Nos sentimos traicionados y desamparados”, dijo.

“Estamos alzando la voz porque en forma notable y en una celeridad que llama la atención la fiscal Gladys Giménez solicitó la desestimación de la denuncia, sin tener en cuenta todos los argumentos que tuvo en cuenta el juez del caso. Nosotros pedimos que se investigue a fondo el caso”, pidió.

“Ella es nuestra hija, es la hija de todos. Ella representa la hija de toda nuestra comunidad. La familia se cuida, se protege, se contiene en estos momentos tan delicados”, comentó. “No podemos permitir que tecnicismos utilizados vulneren lo más importante que es la protección del niño o niña. Eso es lo que a nosotros nos movilizó. Lo único que pedimos es que se termine la investigación como debe ser”, agregó.

La agente fiscal Gladys Jiménez reiteró su pedido de desestimación, al alegar que la investigación se encuentra agotada y no surgieron elementos nuevos que justifiquen la continuidad del proceso. El juzgado había rechazado previamente la desestimación, por considerarla prematura e infundada.

El argumento de la fiscala es que el denunciado se encontraba en estado etílico e inconsciente, por lo que sus actos no habrían tenido como destinataria a la víctima, sino que habría cometido el hecho frente a ella y no hacía la misma. A su parecer, la conducta no reúne los presupuestos de punibilidad previstos en el artículo 135a del Código Penal Paraguayo, que tipifica el abuso sexual en niños.

El Artículo 29 de la Ley n.º 1680, Código de la Niñez y la Adolescencia, prohíbe publicar por la prensa escrita, radial, televisiva o por cualquier otro medio de comunicación, los nombres, las fotografías o los datos que posibiliten identificar al niño o adolescente, víctima o supuesto autor de hechos punibles. Los que infrinjan esta prohibición serán sancionados según las previsiones de la ley penal.

La decisión fue adoptada por unanimidad mediante el Acuerdo y Sentencia N.º 129, firmado por los ministros María Carolina Llanes, Alberto Martínez Simón y Silvana Luraghi, quienes concluyeron que los recursos no cumplían con los requisitos legales de fundamentación y que, en algunos casos, fueron presentados fuera del plazo establecido.

Con esta resolución quedan definitivamente firmes las condenas impuestas en el juicio oral y posteriormente confirmadas por el Tribunal de Apelación Especializado.

El Ministerio Público informó que, durante la investigación y el juicio, los fiscales Rodrigo J. Espínola, Francisco Cabrera y Néstor Coronel demostraron la existencia de un esquema para desviar recursos públicos asignados a la Gobernación de Central con el objetivo de afrontar la emergencia sanitaria.

Según la acusación, los fondos fueron desviados mediante la utilización de documentos falsos, rendiciones de cuentas irregulares y la simulación de obras que nunca llegaron a ejecutarse.

Además de Hugo Javier González, también quedó firme la condena de 10 años de prisión para Miguel Ángel Robles Ibarra. En tanto, Javier Marcelo Rojas Giménez, Luis Eduardo Allende Araujo, Lourdes Verónica Lezcano Decoud y Modesta Valiente Escobar fueron condenados a dos años de prisión, con suspensión de la ejecución de la pena.

Con la resolución de la Corte Suprema concluye el proceso ordinario en una de las principales causas de corrupción relacionadas con el uso de recursos destinados a atender la emergencia sanitaria durante la pandemia del COVID-19.

La institución informó que el objetivo de la intervención es fortalecer la seguridad alimentaria de las familias en situación de vulnerabilidad, garantizando el acceso a alimentos esenciales y brindando una respuesta oportuna a las necesidades detectadas en estas comunidades.

En total, fueron distribuidos 130 kits de alimentos en la comunidad Jotoicha, 110 en San Miguel, 66 en Nasuc y 75 en San Ramón.

Asimismo, la SEN entregó 21 kits a Primavera 1, 22 a Primavera 2, 42 a San Pío, 35 a Trinidad, 30 a la comunidad San Pedro y 16 kits de alimentos a San Antonio.

Desde la institución señalaron que estas acciones forman parte de las intervenciones permanentes que se realizan en el Chaco para asistir a las poblaciones más vulnerables y garantizar el acompañamiento estatal ante las necesidades alimentarias.

La intervención estatal se activó tras la difusión de un video en redes sociales que alertó sobre la crítica situación en el barrio. Las imágenes mostraban a niños y adolescentes, principalmente varones de entre 10 y 15 años, portando y manipulando armas de fuego, presuntamente implicados en la comercialización de drogas.

Ante esta situación, el caso fue derivado de urgencia a la Fiscalía Ordinaria Penal para evaluar la responsabilidad de los padres por exposición al peligro, así como a la Fiscalía del Crimen Organizado y Tráfico.

Durante los procedimientos, las autoridades localizaron a seis niños cuyos padres también se dedicaban de forma directa a la venta de sustancias ilícitas.

Lourdes Fernández, directora de Protección del MINNA, advirtió que la utilización de menores en estas redes es una práctica común que los expone de manera directa al consumo de estupefacientes. La funcionaria señaló que, aunque el operativo resultó invasivo y generó temor en la comunidad, el análisis de las cámaras de vigilancia de la zona permitirá visibilizar los mecanismos de reclutamiento de estos niños.

Durante las revisiones en las viviendas, los agentes capturaron a varios padres en flagrancia mientras comercializaban drogas y se incautaron de diversos elementos cortopunzantes.

Respecto al destino de los niños cuyos padres resultaron detenidos, las autoridades informaron que se está evaluando el entorno de sus familias ampliadas. En paralelo, un defensor de la Niñez dispuso medidas de protección urgentes para que los menores sean trasladados y resguardados en los centros especializados con los que cuenta el MINNA