La fiscal Irma Llano encabezó el allanamiento en la Municipalidad de Asunción, específicamente en la Dirección de Catastro, la Dirección de Recaudación y el Departamento de Informática.

“Estamos incautando dispositivos. Se alteraban valores de cuentas catastrales sin documentos respaldatorios. Esto significaba la reducción de impuestos inmobiliarios en el periodo 2022-2023”, explicó la fiscal Llano. El trabajo se inicia con cinco propiedades identificadas.

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Por el momento, tres personas están en la mira, aunque no se descarta que haya más involucrados. Uno de los sospechados ocupaba un cargo en Catastro y fue trasladado a Informática durante la intervención, exclusivamente para realizar la modificación, según se presume.

Una vez que se tengan los resultados de las pericias que se realizarán a los dispositivos, se podrá determinar si las alteraciones podían hacerse de forma remota o no.

Por su parte, Jorge Sabaté, director de Asuntos Jurídicos, confirmó que el principal funcionario ya fue cambiado y que no se descarta la complicidad de los propios contribuyentes, quienes eran los beneficiados con la reducción de impuestos inmobiliarios, considerando las construcciones figuraban como baldíos, en cuyo caso, la suma es muy inferior.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por la madre de la pequeña, la menor había quedado bajo cuidado de su pareja mientras ella cumplía su jornada laboral en una peluquería de la zona.

La mujer fue alertada por los propios familiares del acusado sobre la situación por la que estaba atravesando su hija, y al retornar al hogar, la misma niña en medio de su inocencia, manifestó que el joven de 23 años la había maltratado físicamente a lo largo de todo el día.

De inmediato, la mujer llevó al área de Urgencia Pediátrica del Hospital Regional, donde la profesional médica a cargo en la guardia detectó diversos traumatismos en la paciente

La doctora puso en marcha los mecanismos de resguardo a la infancia e informó de la situación a la Policía Nacional, al igual que a los representantes del Ministerio Público y de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia.

El diagnóstico elaborado por el perito forense Marco Prieto corroboró la presencia de marcas por golpes y laceraciones distribuidas en el tórax, la extremidad superior derecha y ambos miembros inferiores.

La agente fiscal María Mirtha Martínez formuló la imputación correspondiente y requirió al juzgado la medida cautelar de prisión preventiva para el sospechoso.

La presencia del jefe comunal se dio durante las primeras acciones desarrolladas en la dependencia, donde se busca avanzar en el relevamiento de la situación interna y en la recopilación de información sobre los hechos denunciados.

Desde la Municipalidad señalaron que Bello seguirá de cerca el desarrollo del proceso, con el objetivo de que se esclarezcan las circunstancias denunciadas y se determinen eventuales responsabilidades, en caso de que correspondan.

La Dirección de Vialidad quedó bajo un proceso de intervención dispuesto por la Intendencia de Asunción, luego de que surgieran cuestionamientos relacionados al supuesto uso de recursos municipales para fines particulares.

Para encabezar esta etapa fue designado el abogado Óscar Pérez, quien tendrá a su cargo la investigación administrativa dentro de la dependencia y la conducción del área mientras dure el proceso de revisión.

La intervención contempla además un análisis del funcionamiento interno de la dirección, así como de los procedimientos administrativos aplicados en la gestión de recursos y servicios.

Con su presencia en el lugar, Bello buscó transmitir un acompañamiento directo al proceso iniciado y ratificar la intención de avanzar con una revisión de la dependencia municipal.

La propuesta surge como respuesta al avance de patologías consideradas entre los mayores desafíos de la salud pública en Paraguay. De acuerdo con datos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social citados en el proyecto, un porcentaje significativo de la población padece estas afecciones sin saberlo debido a la falta de chequeos periódicos, lo que deriva en diagnósticos tardíos y complicaciones severas.

Bajo el marco de la responsabilidad social empresarial, la iniciativa, presentada por el diputado Édgar Olmedo, contempla que las farmacias realicen pruebas de baja complejidad que incluyan la toma de presión arterial, pesaje corporal, control de glucemia y orientación sobre hábitos saludables.

Según se especifica en el documento, estas acciones no pretenden reemplazar la consulta médica profesional, sino actuar como un filtro de alerta temprana para derivar oportunamente a los pacientes al sistema de salud.

La normativa proyecta además un esquema de articulación público-privada que permita reducir el gasto público sanitario a largo plazo, ya que la prevención y el tratamiento precoz representan un costo sustancialmente menor que la atención de infartos, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia renal.

De lograr aprobación parlamentaria, el Ministerio de Salud se encargará de la supervisión técnica, la capacitación del personal y el resguardo de la confidencialidad de los datos, mientras se prevén incentivos para las farmacias con programas destacados de promoción de la salud.