El análisis elaborado por el abogado Federico Legal se rige por estándares internacionales sobre las tres grandes obligaciones del Estado:

Prevenir cualquier tipo de violencia contra periodistas que puedan estar en situación de riesgo

Proteger a los que a están en riesgo como alguna amenaza

La procuración de la justicia, y de investigar y sancionar a los responsables

“Lo que concluyo es que este proyecto necesita algunas mejoras y adecuaciones o incluir algunas disposiciones para adecuarse a esas tres obligaciones. Si bien tiene sus bondades, se concentra excesivamente en una institucionalidad que recae en un mecanismo de protección que tiene la responsabilidad de tomar medidas , grandes medidas”, comentó Legal, en una entrevista con el canal Gen-Nación Media.

Advirtió que el proyecto no desarrolla aspectos como: obligaciones particulares para el Poder Judicial, Policía Nacional y Ministerio Público. Además, temas como una modificación del sistema penal y agravar la pena de homicidio doloso cuando el asesinato sea en el ejercicio de la labor periodística.

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PUNTOS CUESTIONABLES

La pertinencia o no para la inclusión de las “personas defensoras de derechos humanos” dentro del mismo marco legal. Si bien, jurídicamente no es inviable, deben considerarse temas relativos al universo de potenciales beneficiarios, lo cual sería excesivamente indeterminado y con elevados riesgos de déficits presupuestarios para implementar medidas eficaces de protección; los roles y las funciones de cada son distintos y, por lo tanto, los riesgos que enfrentan, así como las medidas de protección, serán naturalmente diferentes y requerirán de miradas separadas.

La dificultad para definir la calidad de “periodista”. Esto amplía la conceptualización excesivamente genérica que podría llegar a adoptarse, lo cual podría conspirar contra la factibilidad de aprobación del proyecto de ley e incluso contra la practicidad y claridad de su aplicación.

La creación de un “Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos (MPPD)”, compuesta por una “Comisión de Protección” y una “Secretaría Ejecutiva”, con atribuciones amplias, dejando de lado otros temas relevantes como el sistema judicial.

El modelo de institucionalidad propuesto plantea la creación de un ente autárquico, pero que incluye a integrantes de otros poderes del Estado, lo cual tiene implicaciones específicas que deben ser consideradas.

Algunas atribuciones del Mecanismo podrían entrar en conflicto con las facultades exclusivas del Poder Judicial, lo que requiere una revisión para evitar colisiones de competencias. Por ejemplo, particularmente el Art. 6, inciso c, dispone “ordenar evaluar, modificar y / o suspender las medidas de protección en coordinación con las instituciones competentes” (sic).

La probable inconstitucionalidad de incluir un miembro del Tribunal de apelación del Poder Judicial en la composición del mecanismo. Esto, debido a la incompatibilidad de ejercer otro cargo público o privado remunerado o no.

No se incluyen temas que podrían ser relevantes, como seguros de vida, indemnizaciones, protección especial en casos de conflicto social, imposibilidad de ser citados como testigos, el homicidio agravado cuando esté vinculado con la naturaleza del trabajo periodístico, la eliminación de los tipos penales de difamación, calumnia e injuria que se utilizan como mecanismos de acoso judicial, entre otros.

La estructura del proyecto no sigue la lógica de prevenir, proteger y procurar justicia, sino que se limita a enunciar.

La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley “Que declara patrimonio tradicional y cultural del Paraguay a la corrida de toros (Torín)”, iniciativa que contaba con media sanción de la Cámara de Senadores.

Durante el tratamiento en sesión ordinaria, la mayoría de los legisladores optó por cambiar el enfoque original del documento y dejar fuera las referencias específicas a las actividades taurinas.

El texto finalmente aprobado establece: “Que declara patrimonio cultural del Paraguay a los festejos populares de las fiestas patronales de cada municipio”, conforme al dictamen emitido por la Comisión de Protección y Bienestar Animal.

La propuesta fue analizada previamente por varias comisiones asesoras, cuyos dictámenes reflejaron posturas divididas. Mientras la Comisión de Educación, Cultura y Culto aconsejó aprobar el proyecto original, la Comisión de Legislación y Codificación emitió dictámenes tanto a favor como en contra.

Por su parte, la Comisión de Protección y Bienestar Animal recomendó introducir modificaciones bajo criterios vinculados al bienestar animal.

Con la nueva redacción, el proyecto adopta un enfoque más amplio que incluye las celebraciones patronales y populares de todos los municipios del país, y no únicamente las actividades relacionadas con corridas de toros.

Asimismo, el texto faculta a la Secretaría Nacional de Cultura y a los gobiernos departamentales y municipales a fomentar la difusión y promoción de estas festividades tradicionales.

Otro de los cambios relevantes fue la eliminación del artículo 2 del proyecto original, donde se hacía referencia específica a las actividades taurinas, marcando así una modificación sustancial respecto a la versión aprobada inicialmente por el Senado.

Tras las modificaciones introducidas por Diputados, el proyecto de ley deberá volver a la Cámara de Senadores para su nuevo estudio.

Bello convocó este martes a las autoridades de los cuerpos de bomberos voluntarios que operan en la ciudad con el objetivo de escuchar sus demandas y destrabar el desembolso de más de G. 10.000 millones que adeuda la comuna.

Durante el encuentro, el jefe comunal ordenó la creación inmediata de una mesa técnica para regularizar las documentaciones pendientes de administraciones pasadas.

Se trata de un fondo proveniente del impuesto a la construcción que debe destinarse a los cuerpos de bomberos de la capital, sin embargo, ese fondo no está siendo liberado desde hace 5 años.

Tras el encuentro, los bomberos esperan una rápida reacción municipal para saldar la deuda acumulada, que ya está afectado a la operativa de los voluntarios.

La reunión, celebrada en el Palacete Municipal, contó con la participación de Lorena Canan y Marco Almada por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), y de Ariel Ferreira y Marcos Torres en representación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Asunción (CBVA).

Varios cuarteles de la capital se declararon en alerta ante una inminente crisis operativa. Exigen a la Municipalidad de Asunción la transferencia inmediata de la deuda acumulada, un fondo proveniente de los impuestos a la construcción que la ciudadanía ya pagó, pero que sigue retenido.

Según la ordenanza municipal, el 3,5 % del impuesto a la construcción que debe destinarse a los cuerpos de bomberos de la capital, sin embargo, ese fondo no está siendo liberado desde hace 5 años y a la fecha acumula más de G. 10.000 millones.

La ordenanza municipal rige desde el 2012, pero recibieron el aporte hasta el 2020, según comentó Lorena Canan, presidenta del CBVP, al canal GEN/Nación Media.

Este incumplimiento municipal afecta directamente a la capacidad de respuesta de los bomberos, quienes deben cubrir mantenimiento de móviles, comprar nuevos equipos, combustible.

Ante la presión del comunicado y el malestar generalizado, el intendente capitalino convocó a una reunión con los voluntarios para hallar una solución, aunque los bomberos urgen un cronograma de pago real para garantizar su operatividad en las calles.