La información fue confirmada durante su exposición ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, donde el ministro Enrique Riera explicó que el cambio forma parte del plan de revitalización del centro histórico de Asunción.

“Nos dieron el edificio que está en la entrada del puerto. A fines de diciembre o principios de enero tanto el Ministerio del Interior como la Policía Nacional nos mudaremos allí. Es un paso simbólico y logístico importante”, señaló la autoridad.

El ministro adelantó que la actual sede de la Comandancia, que está ubicada en el centro de la capital, será transformada en un centro cívico y museo policial, que reflejará los 183 años de historia de la institución.

“La idea es que la Comandancia recupere su forma original. Vamos a sacar las estructuras agregadas y convertirla en un museo que cuente la historia de la Policía Nacional. Queremos que la ciudadanía recupere a su Policía”, expresó.

Riera recordó que el emblemático edificio forma parte de la memoria nacional. “Ahí se mató a Roberto L. Petit, ahí hubo más de 22 revoluciones. Es historia pura. Por eso queremos conservarlo como un espacio de memoria, pero también de reconciliación cívica”, añadió.

El traslado al puerto permitirá también unificar operaciones entre el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, en un mismo complejo administrativo, con el objetivo de mejorar la coordinación interna y optimizar recursos.

“Vamos a estar más cerca, más juntos, trabajando todos los días como lo hacemos ahora, pero de forma más integrada”, aseguró el titular del Interior.

Emiliano Rolón, fiscal general del Estado, confirmó que hace aproximadamente un año o más, se presentó ante él un abogado paraguayo de Sebastián Marset para plantear la posibilidad de que el uruguayo se presente ante la justicia paraguaya, pero bajo ciertos condicionamientos.

“Pidió que se le deje fuera de todo trámite judicial a la esposa y pidió algunas concesiones o beneficios carcelarios y la respuesta nuestra es que no podemos emprender una salida negociada hasta tanto no se presente en forma efectiva”, relató el fiscal Rolón, en un contacto con el canal Gen.

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Si bien admitió que, efectivamente recibió a un abogado de Marset, aclaró que lo hizo en el marco del derecho constitucional que tiene todo abogado de hacer peticiones formales.

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset permanece prófugo de la justicia, aunque ayer mantuvo una comunicación con un medio radial paraguayo. De haberse sabido con antelación, se habría podido utilizar la tecnología para rastrearlo, explicó Rolón.

En la sesión extraordinaria celebrada esta mañana, el Senado trató en el primer punto del orden del día el proyecto de “Modernización del Transporte Público de Pasajeros”.

Luego de un amplio debate respecto a la propuesta legislativa, presentada por el Poder Ejecutivo, por mayoría se resolvió la aprobación del documento, en la versión remitida por la Cámara de Diputados.

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La Cámara Baja había incorporado una serie de modificaciones al texto original, las cuales finalmente acabaron siendo aceptadas por los senadores.

El proyecto establece que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) será el encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones referente a las obras públicas y el transporte.

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De igual manera, se prevé la creación de un consejo asesor como instancia consultiva, integrado por autoridades, usuarios, empresarios, trabajadores del sector y representantes de las universidades.

El documento pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

“Recibimos la propuesta del sindicato de trabajadores de periodismo y vamos a acatar ese pedido”, expresó el senador Natalicio Chase, líder de la bancada de Honor Colorado, en entrevista con los medios.

El mismo explico que desde el SPP presentaron una nota mediante la cual solicitan postergar el tratamiento de este proyecto de ley en el Congreso, exponiendo una serie de argumentos al respecto.

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No supo precisar si la postergación será solo hasta la siguiente sesión del Senado o directamente hasta el próximo año, teniendo en cuenta el inminente inicio del receso parlamentario.

El legislador de la ANR no descartó la posibilidad de convocar a una audiencia pública para debatir sobre el mencionado proyecto, que fue oficializado a inicios de diciembre por el movimiento Honor Colorado.

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La principal diferencia del proyecto original -que data del año 2023- es la exclusión de los defensores de derechos humanos en el mecanismo de protección, dando exclusividad a periodistas y trabajadores de prensa.

“Todo el proyecto va a ser compartido con el sindicato y juntos vamos a hacer las modificaciones que ellos crean correspondientes”, añadió Chase.