“Encarecidamente les pido apoyo para que podamos contar con los recursos humanos que necesitamos. Todo docente que entra al aula en la UPTP tiene PhD, y queremos traer de vuelta a esos doctores paraguayos que están fuera del país”, expresó Jorge Duarte ante los parlamentarios.

La universidad, resultado de la cooperación con la República de China (Taiwán), recibirá un aporte de USD 27 millones para la construcción de su sede propia, pero ese monto no cubre los gastos operativos ni el fortalecimiento académico.

El Presupuesto General de la Nación 2026 elaborado por el Ministerio de Economía (Poder Ejecutivo) asigna a la UPTP G. 18.127 millones. Sin embargo, la universidad solicitó una ampliación de G. 8.000 millones para cubrir su funcionamiento, a lo que la Comisión Bicameral (Poder Legislativo) recomendó otorgar solo G. 3.000 millones adicionales.

En ese sentido, la UPTP explicó que el incremento solicitado responde al crecimiento de la matrícula, la contratación de docentes con doctorado y dedicación exclusiva, y el refuerzo de infraestructura y servicios básicos.

“Estamos comprometidos con una educación de calidad, con estándares internacionales. Nuestros alumnos ya no irán a Taiwán; se formarán aquí, y debemos ofrecerles el mismo nivel académico”, enfatizó Jorge Duarte.

Durante su exposición, el rector insistió en que la apuesta por la educación tecnológica debe ser una política nacional, no un esfuerzo aislado.

“El pacto por la educación tiene que ser un pacto hacia las áreas STEM —Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática—. La universidad no puede sola. Necesitamos un frente común desde la educación básica hasta la superior”, manifestó.

Durante su exposición, Duarte recordó que Taiwán se ubica entre los tres primeros países del mundo en los exámenes PISA y que su modelo educativo está orientado a la disciplina, la innovación y la inversión familiar en educación. “En cada familia taiwanesa, el valor fundamental es la educación. Ese debe ser también nuestro camino”, afirmó.

En qué se usará la ampliación solicitada

Según el documento remitido al Congreso, la ampliación presupuestaria se destinará a:

-Creación y fortalecimiento de categorías docentes, acorde al crecimiento estudiantil.

-Contratación de profesores con grado de doctorado (PhD), dedicación exclusiva de 40 horas semanales y perfil de investigación.

-Alquiler de fotocopiadoras y servicios de impresión, por aumento de demanda académica y administrativa.

-Cobertura médica del personal, en atención a la ampliación del plantel institucional.

-Pago de anticipo para la obra de infraestructura, cuya construcción comenzará en diciembre de 2025, con un contrato total de G. 4.037 millones y anticipo de G. 807 millones.

Emiliano Rolón, fiscal general del Estado, confirmó que hace aproximadamente un año o más, se presentó ante él un abogado paraguayo de Sebastián Marset para plantear la posibilidad de que el uruguayo se presente ante la justicia paraguaya, pero bajo ciertos condicionamientos.

“Pidió que se le deje fuera de todo trámite judicial a la esposa y pidió algunas concesiones o beneficios carcelarios y la respuesta nuestra es que no podemos emprender una salida negociada hasta tanto no se presente en forma efectiva”, relató el fiscal Rolón, en un contacto con el canal Gen.

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Si bien admitió que, efectivamente recibió a un abogado de Marset, aclaró que lo hizo en el marco del derecho constitucional que tiene todo abogado de hacer peticiones formales.

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset permanece prófugo de la justicia, aunque ayer mantuvo una comunicación con un medio radial paraguayo. De haberse sabido con antelación, se habría podido utilizar la tecnología para rastrearlo, explicó Rolón.

En la sesión extraordinaria celebrada esta mañana, el Senado trató en el primer punto del orden del día el proyecto de “Modernización del Transporte Público de Pasajeros”.

Luego de un amplio debate respecto a la propuesta legislativa, presentada por el Poder Ejecutivo, por mayoría se resolvió la aprobación del documento, en la versión remitida por la Cámara de Diputados.

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La Cámara Baja había incorporado una serie de modificaciones al texto original, las cuales finalmente acabaron siendo aceptadas por los senadores.

El proyecto establece que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) será el encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones referente a las obras públicas y el transporte.

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De igual manera, se prevé la creación de un consejo asesor como instancia consultiva, integrado por autoridades, usuarios, empresarios, trabajadores del sector y representantes de las universidades.

El documento pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

“Recibimos la propuesta del sindicato de trabajadores de periodismo y vamos a acatar ese pedido”, expresó el senador Natalicio Chase, líder de la bancada de Honor Colorado, en entrevista con los medios.

El mismo explico que desde el SPP presentaron una nota mediante la cual solicitan postergar el tratamiento de este proyecto de ley en el Congreso, exponiendo una serie de argumentos al respecto.

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No supo precisar si la postergación será solo hasta la siguiente sesión del Senado o directamente hasta el próximo año, teniendo en cuenta el inminente inicio del receso parlamentario.

El legislador de la ANR no descartó la posibilidad de convocar a una audiencia pública para debatir sobre el mencionado proyecto, que fue oficializado a inicios de diciembre por el movimiento Honor Colorado.

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La principal diferencia del proyecto original -que data del año 2023- es la exclusión de los defensores de derechos humanos en el mecanismo de protección, dando exclusividad a periodistas y trabajadores de prensa.

“Todo el proyecto va a ser compartido con el sindicato y juntos vamos a hacer las modificaciones que ellos crean correspondientes”, añadió Chase.