En entrevista con el canal GEN, el director de Investigación de la Conacom, Ricardo Gavilán, explicó que la empresa fue declarada dominante en el mercado supermercadista tras un estudio realizado por la institución en 2022, en el marco de la compra de locales en Caacupé. “Retail es el actor dominante en ese mercado, y la operación fue aprobada con condiciones específicas para preservar la libre competencia”, señaló.

Según Gavilán, el proceso actual no se origina en una sanción, sino en denuncias presentadas por un grupo de proveedores, quienes reportaron “incomodidades y prácticas que podrían afectar la competencia”.

“De ese estudio surgen indicios de que Retail estaría incumpliendo ciertas condiciones impuestas por la Conacom tras la compra de los supermercados en Caacupé. Por eso se abrió un sumario de investigación para verificar si efectivamente se violaron o no esos compromisos”, indicó.

El funcionario aclaró que si se confirma un incumplimiento, la comisión podría formular acusación formal e imponer sanciones. “Retail tiene posición de dominio, y si se demuestra un abuso, eso también constituiría una práctica anticompetitiva. Pero todo está en etapa de análisis”, añadió.

En un comunicado, Retail S.A. negó cualquier práctica irregular y calificó de “falsas” las versiones sobre presiones a proveedores o manipulación de precios.

“Negamos categóricamente haber modificado unilateralmente las condiciones comerciales con nuestros proveedores. Todas las relaciones se rigen por contratos formales y consensuados”, afirmó la empresa.

El grupo también sostuvo que colabora activamente con la autoridad y que “cumple íntegramente los condicionamientos impuestos en la operación de concentración”. Asimismo, defendió que el mercado paraguayo hoy es “altamente competitivo y dinámico”, con múltiples cadenas nacionales e internacionales que garantizan la libre elección del consumidor.

“La declaración de posición dominante emitida por la Conacom en 2022 no refleja las condiciones actuales del mercado. Hoy no existe concentración ni control por parte de Retail S.A.”, señala el comunicado.

Sin embargo, Gavilán remarcó que la posición de dominio de Retail sigue vigente según los documentos oficiales. “Hoy, de acuerdo a las actuaciones administrativas de la Conacom, el actor dominante en este mercado es Retail S.A. Eso puede cambiar en el futuro, pero hoy sigue siendo así”, enfatizó.

El director aclaró que la investigación no busca definir la posición de mercado, sino verificar si hubo incumplimiento de los condicionamientos impuestos por la comisión al Grupo Vierci tras la adquisición de otros supermercados. “Si se comprueba, las sanciones serán aplicadas conforme a la ley”, puntualizó.

Por ahora, el caso sigue en etapa de sumario. Retail S.A. mantiene derecho a defensa y acceso total al expediente, mientras la Conacom evalúa las pruebas y los informes aportados por proveedores y por la propia empresa.

LO QUE SE INVESTIGA

Según los documentos oficiales de la Conacom, que incluso pueden accederse en la página web, existen varios indicios de prácticas anticompetitivas del conglomerado de supermercados que vulnerarían los compromisos asumidos ante la institución.

Modificación unilateral y presión a proveedores

Uno de los puntos más graves identificados es la modificación unilateral de las condiciones comerciales con proveedores, realizada sin consentimiento ni nuevos contratos formales. El informe de la Conacom refiere que Retail impuso nuevas reglas de negocio, alterando precios, márgenes y descuentos, pese a que los contratos originales seguían vigentes. Uno de los proveedores reveló lo siguiente: “Ellos (refiriéndose al grupo Vierci) empezaron a incumplir con el contrato, que por más de que esté vencido como que continúa vigente ¿verdad?, porque nos empezaron a sacar ya los espacios, así como un método de presión y empezaron a suspender sus compras, o sea, empezaron a hacer compras muy chicas”.

Solicitud de facturas de competidores

La investigación también detalla que la firma habría exigido a proveedores entregar facturas o tickets de competidores para corroborar precios, una práctica expresamente prohibida. Este mecanismo permitiría al Grupo Vierci obtener información sensible del mercado y ajustar precios a conveniencia, limitando la libre competencia entre supermercados y afectando directamente al consumidor.

“Nos pidieron básicamente: así como conversamos en (...) tenemos cambios en el proceso de suba de precios, solicitamos tickets de compra de Biggie, Real y Fortis de uno o dos productos más referenciales que formen parte del listado de cambios de precios”, dijo uno de los proveedores. Otro reveló en una audiencia con la CONACOM: “Ante la suba de precios que se dieron en los últimos dieciocho meses, antes de una suba te obligaban, y te lo pedían por mail, el relevamiento de las otras cadenas: ‘si tal cadena no tiene tal precio, yo no te voy a subir el precio’”. Estas declaraciones exponen el modus operandi del Grupo Vierci para apretar a quienes le proveen los productos y a la vez afectar a las demás cadenas de la competencia.

Calificaciones opacas y descuentos arbitrarios

Otro punto bajo análisis es el sistema de calificación no transparente de los proveedores. Según el expediente, Retail habría aplicado descuentos sin criterios claros, lo que afectaba la asignación de espacios de exhibición en góndolas. La normativa exige que estas prácticas sean claras, equitativas y no discriminatorias, condiciones que no se habrían cumplido.

Uno de los proveedores calificados a la conveniencia de Retail contó lo siguiente: “En conclusión, lo que a nosotros nos pasaron después para saber nuestra categoría en realidad fue el resultado de su fórmula, ¿entendés?, nosotros no sabemos en qué parte ahí nos perjudica o no del descuento porque ahora tipo estamos bien, mal, ya te dicen nomas ‘ahora vos me tenes que dar tanto más para subir de C a B”.

El histórico Parque Bernardino Caballero entró finalmente hoy en su etapa de ejecución efectiva para recuperar su antiguo brillo. Desde el año 2013, diversas administraciones estatales mencionaron la necesidad de rescatar el sitio ante el avanzado estado de suciedad e inseguridad.

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En 2017 surgió un plan vinculado a la Franja Costera Sur con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, pero las mejoras no se consolidaron. Más tarde, en 2022, la Municipalidad lanzó la iniciativa “Viva el Parque Caballero” con miras al centenario del lugar, mientras que en 2024 se conformó un comité de gestión. Tras la firma del contrato en diciembre de 2025, los trabajos físicos comenzaron hoy en sectores estratégicos.

La empresa Tecnoedil S.A. lidera las obras mediante un contrato que supera los Gs. 61.000 millones. Esta inversión, que cuenta con el respaldo del Banco Mundial, se divide en frentes de trabajo para permitir una habilitación gradual.

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Las tareas iniciales corresponden al Frente I de la primera fase del proyecto. Los obreros concentran su actividad en el Paseo de las Palmeras, la futura Zona de Juegos y el acceso ubicado sobre la calle Andrés Barbero.

Según el cronograma oficial, los ciudadanos accederán a los primeros espacios renovados en agosto de este año. En septiembre concluirá la restauración del pórtico y el acceso Andrés Barbero para mejorar la imagen urbana del ingreso. El proyecto busca transformar el parque en un espacio público inclusivo, seguro y atractivo para todas las familias.

El plan de obras contempla el cambio total de los pavimentos, la instalación de luminarias modernas y la colocación de mobiliario urbano nuevo. También incluye la restauración patrimonial del Museo Bernardino Caballero y del exhibidor del carruaje antiguo.

Un requisito fundamental del pliego de bases obliga a la contratista a emplear mano de obra local, por lo cual el 20% de los trabajadores proviene de los barrios aledaños como la Chacarita y San Felipe.

El senador Patrick Kemper, presidente de la Comisión del Senado a cargo de investigar el escándalo de títulos falsos, este lunes brindó una conferencia acompañado por el titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

En la ocasión, el ministro Luis Ramírez confirmó que el sumario administrativo concluido recientemente permitió individualizar a 13 funcionarios (incluyendo a algunos directores) que tuvieron participación en el registro de 330 títulos universitarios sobre los que existen sospechas de falsedad.

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A la par, lograron identificar 130.000 “actos irregulares” realizados por 550 usuarios no autorizados. “No significa 130.000 títulos, son acciones dentro del sistema que no corresponden”, agregó respecto al punto.

Todos estos actos, explicó, están vinculados a la inscripción de títulos universitarios en la plataforma del MEC, algunos de los cuales serían apócrifos, conforme a las sospechas existentes.

Esta mañana se formalizó la presentación de la denuncia penal ante el Ministerio Público, acercando todas las documentaciones e informes derivados del sumario administrativo en la cartera educativa.

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A la fecha, existen un total de 283 sumariados por la expedición o registro de títulos falsos. “Podría haber más funcionarios implicados”, sostuvo Ramírez.

El senador Kemper adelantó que la comisión especial aguarda la remisión de los informes solicitados al CONES y la ANEAES, así como también a una decena de universidades e institutos superiores, a fin de proseguir con la investigación.

El Tribunal de Sentencia, conformado por los jueces Elsa García, Adriana Planás y Matías Garcete, condenó hoy al exsenador nacional por Entre Ríos, Edgardo Kueider. El exlegislador recibió una pena de dos años de prisión con suspensión de la ejecución, mientras que su exsecretaria Iara Guinsel recibió una sanción de un año y diez meses bajo la misma modalidad. Ambos afrontaron juicio oral por el hecho punible de tentativa de contrabando.

La investigación inició la madrugada del 4 de diciembre de 2024 en el Puente Internacional de la Amistad. Kueider y Guinsel cruzaron la frontera desde Foz de Iguazú (Brasil) hacia Ciudad del Este (Paraguay) en una camioneta Chevrolet Trailblazer. En un control de rutina, los agentes de aduana hallaron una mochila con 211.102 dólares estadounidenses, 646.000 pesos argentinos y 3.9 millones de guaraníes sin declaración previa. La defensa argumentó que el dinero no constituía “mercancía”, pero el tribunal rechazó este tecnicismo legal y ratificó la postura de la fiscalía.

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Este fallo marca el cierre de un proceso que mantuvo a la pareja bajo arresto domiciliario durante 18 meses en Asunción. El panorama judicial de Kueider sigue siendo complejo por otras causas abiertas en ambos países. En territorio paraguayo, la fiscalía lo imputó por lavado de activos debido a la compra sospechosa de seis departamentos de lujo en el edificio Innova Las Mercedes por un monto de 460.379 dólares.

Simultáneamente, en Argentina, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado reclama su extradición por enriquecimiento ilícito y sobornos vinculados a la causa Securitas. El Senado argentino expulsó a Kueider por “inhabilidad moral” poco después de su arresto en el país vecino. Por el momento, el exsenador permanecerá bajo reglas de conducta en Paraguay hasta finalizar los procesos pendientes antes de su posible traslado a Argentina, donde quedaría detenido de inmediato