En redes sociales se difundió un video en el que se observa la imprudencia de un conductor que circuló en sentido contrario en la ruta PY02, entre Ypacaraí e Itauguá, una de las más transitadas.

La situación puso en riesgo a varios conductores que circulaban por el carril izquierdo y constituye una falta gravísima.

Patricia Ferreira, encargada de Relaciones Públicas de la Patrulla Caminera, indicó que en estos casos la ley sanciona a los infractores con multa de hasta 20 jornales mínimos, aproximadamente, 2.230.000 guaraníes.

“Se hace la sanción correspondiente vía juzgado de faltas a través de la denuncia formulada por usuarios de ruta. A través de este video difundido el juzgado puede tomar intervención y emitir la sanción correspondiente”, expresó a la radio 1080 AM.

El hecho ocurrió a la altura del km 35 y fue captado por otro conductor. Ahora buscan identificar al imprudente.

El Mecanismo de Prevención de la Tortura se hizo eco de la denuncia que involucró a la Residencia de Adultos Mayores “El balcón de la Luna”, ubicada en Capiatá, y que guarda relación con un intento de extracción de dinero de la cuenta de un anciano fallecido.

La encargada de dicho establecimiento, Sara Andrea Irala Zárate, habría utilizado la tarjeta de cobro de la pensión de la tercera edad de este residente para tratar de retirar una millonaria suma de dinero del banco.

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En vista a lo acontecido, el MNP reitera la necesidad de fortalecer las garantías de protección y autonomía de las personas adultas mayores que residen en hogares de cuidado, especialmente en contextos en los que requieren apoyos para la toma de decisiones.

Funcionarios del ente el año pasado habían realizado una visita al hogar, ocasión en que ya advirtieron sobre riesgos vinculados a la vulneración de derechos y sobre la necesidad de fortalecer estas garantías.

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En tal sentido, el MNP resalta que la institucionalización y la necesidad de apoyos para las actividades de la vida diaria no implican la pérdida de derechos ni de la capacidad de participar en decisiones sobre la propia vida.

“Cuando las personas adultas mayores requieren apoyo en la toma de decisiones, la protección debe ejercerse mediante una representación legal adecuada, siendo fundamental el rol del Ministerio de la Defensa Pública para resguardar sus derechos y autonomía”, enfatiza el comunicado.

La medida se basa en la resolución RE N.° 1.834 del pasado 7 de mayo, mediante la cual la autoridad sanitaria brasileña ordenó el retiro del mercado de productos fabricados por Química Amparo Ltda..

Según el informe oficial, durante una inspección conjunta fueron constatadas fallas graves en los sistemas de garantía de calidad, producción y control, con riesgo de contaminación microbiológica por presencia de pseudomonas aeruginosa, un microorganismo patógeno oportunista de relevancia sanitaria.

La disposición afecta específicamente a productos de las líneas de desinfectante, lavavajillas líquido, jabón líquido y jabón en polvo para ropa, cuyos lotes tengan numeración final en 1.

Dinavisa informó además que realizó la trazabilidad de las importaciones ingresadas al país, identificando que los productos alcanzados por la alerta fueron introducidos bajo registros sanitarios otorgados a Trading Company S. A..

En ese contexto, la institución ordenó a distribuidores, depósitos y puntos de venta proceder a la cuarentena inmediata de las unidades en existencia y ponerlas a disposición de la firma titular del registro sanitario.

Asimismo, la autoridad sanitaria recomendó a la ciudadanía suspender de forma inmediata el uso de cualquiera de los productos incluidos en la alerta, debido a los riesgos que podrían representar para la salud, e instó a denunciar productos falsificados o ingresados ilegalmente al país.

El periodista de SdG Noticias, Juan Alcaraz, informó sobre un ofrecimiento irregular de dinero a personal militar registrado en los últimos días en el departamento de Canindeyú.

La propuesta provino de Águedo Ramón Ramírez, luego de que su padre, Adrián Ramírez Paniagua, fuera detenido durante un operativo antinarcóticos ejecutado en el distrito de Yby Pytá.

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Dicho procedimiento, a cargo de personal de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), permitió desmantelar un campamento narco que estaría a cargo del detenido. Allí encontraron miles de kilos de marihuana, listos para su procesamiento.

Águedo Ramírez ofreció la suma de G. 10.000.000 a los uniformados para proceder a la liberación de su padre. Tras esta propuesta de “arreglo”, el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) dio aviso al Ministerio Público, a fin de iniciar una investigación.

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A partir de allí, se montó una entrega vigilada que permitió la posterior detención del sospechoso, quien se encontraba en compañía de otro sujeto, identificado como Agapito Ruiz Díaz.

El fiscal Juan Benegas resolvió imputar a padre e hijo, junto con este tercer detenido, por los hechos punibles de tenencia de sustancias estupefacientes y soborno agravado.