Los productores reconocieron que las acciones coordinadas con la Armada Paraguaya, el Ejército y la Fuerza Aérea lograron contener el ingreso ilegal de productos, beneficiando a los agricultores locales.

“Es un reconocimiento muy importante al Gobierno y al señor presidente Santiago Peña, como comandante en jefe, porque él ordenó que el Ejército y la Fuerza Aérea cooperen con la Armada Paraguaya en la contención del contrabando”, destacó el ministro Óscar González en entrevista con el canal GEN.

El entrevistado explicó que los resultados positivos se deben a la estrategia articulada bajo el operativo “Jejoko Mbarete”, que refuerza el control fluvial, aéreo y terrestre de las fronteras.

“Los productores valoran muchísimo este trabajo; se dan cuenta de que el contrabando fue contenido, y eso les favorece en la colocación de sus productos a precios justos”, señaló.

González recordó que en administraciones anteriores el contrabando se había “desbordado”, afectando gravemente a los sectores productivos. Afirmó que actualmente las intervenciones se realizan en coordinación con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), cumpliendo los protocolos legales.

“Nosotros apoyamos a la DNIT. No podemos equivocarnos en los procedimientos porque la autoridad legítima es la DNIT. Las Fuerzas Armadas hacemos la protección de estas autoridades, y eso disuade fuertemente a quienes pretenden seguir en este tráfico irregular”, puntualizó.

El ministro detalló que el plan estratégico fue elaborado por las Fuerzas Militares y cuenta con instrucciones precisas para cada rama, Prefectura Naval, Ejército y Fuerza Aérea, bajo autorización directa del presidente de la República.

Días atrás, los gremios frutihortícolas calificaron al contrabando como “un cáncer que destruye la producción nacional” y reiteraron su respaldo a las instituciones que combaten el ingreso ilegal de mercaderías, señalando que estas acciones son esenciales para proteger el trabajo de los pequeños y medianos productores paraguayos.

Esta etapa marca uno de los hitos más importantes de la obra, ya que concretará la conexión física entre ambos países tras cuatro años de construcción. No obstante, el paso internacional aún no será habilitado, debido a que restan trabajos de pavimentación, terminaciones y otras obras complementarias.

El Puente de la Bioceánica forma parte del Corredor Vial Bioceánico, considerado estratégico para la integración regional. La infraestructura permitirá conectar por vía terrestre los puertos brasileños del océano Atlántico con los puertos chilenos sobre el Pacífico, atravesando Brasil, Paraguay, Argentina y Chile.

La estructura tendrá una longitud total de 1.294 metros, con un tramo atirantado de 632 metros y un vano principal de 350 metros, características que permitirán mantener la navegabilidad del río Paraguay y el paso de embarcaciones de gran porte.

La construcción representa una inversión de G. 684.615.904.566, equivalentes a unos USD 103 millones, financiados con recursos de la margen paraguaya de Itaipú Binacional. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) es el organismo ejecutor del proyecto.

Las obras están a cargo del Consorcio Binacional PYBRA, integrado por las empresas Tecnoedil S.A., Paulitec Construções y Construtora Cidade Ltda., bajo la fiscalización del Consorcio Prointec.

Con esta infraestructura y el desarrollo integral del Corredor Bioceánico, el Gobierno apunta a consolidar a Paraguay como un centro logístico multimodal, fortaleciendo la conectividad regional y generando nuevas oportunidades para el Chaco y la economía nacional.

Personal de la Comisaría 1ª de Ciudad del Este anoche tomó intervención ante un episodio de lesión con arma blanca registrado sobre las calles Abay esq. Adrián Jara de la capital departamental.

La víctima fue identificada como Ángel Rodrigo Díaz López, de 33 años, encargado del edificio Guaraní, quien sufrió un corte en la mano derecha.

El presunto autor de este ataque es Liao Hung Chung, de 49 años, de nacionalidad china, quien fue arrestado por los efectivos policiales tras recepcionar la denuncia.

Al momento de su detención, este extranjero no contaba con documentos de identidad, según detalla el informe.

En su poder incautaron un cuchillo de mesa de la marca Tramontina, con mango de color lila, que sería el arma utilizada en la agresión.

El caso fue comunicado a la agente fiscal Julia González, quien dispuso que el sospechoso permanezca a disposición del Ministerio Público.

El planteamiento fue realizado durante una reunión de la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, presidida por el legislador Yamil Esgaib, en el marco del análisis de la iniciativa que regula la actividad y la seguridad de los prestadores de servicios y usuarios de plataformas digitales de movilidad y reparto.

Los representantes del sector manifestaron su preocupación por la demora en el estudio del proyecto y señalaron que la ausencia de reglas claras dificulta la implementación de mecanismos que garanticen mejores condiciones de seguridad, protección y desarrollo para los trabajadores de plataformas.

Explicaron que la propuesta aún se encuentra en estudio en la Cámara de Senadores, donde permanece pendiente de dictámenes e informes solicitados a diversas instituciones. En ese sentido, pidieron el acompañamiento de la comisión asesora para impulsar su avance.

El proyecto de ley tiene como objetivo establecer un marco jurídico uniforme para la prestación de servicios mediante plataformas digitales en todo el territorio nacional. La iniciativa busca otorgar seguridad jurídica a usuarios, conductores, repartidores, empresas y organismos públicos, además de evitar diferencias regulatorias entre municipios.

La propuesta también apunta a acompañar el crecimiento de la economía digital en Paraguay, reconociendo que miles de personas obtienen ingresos mediante plataformas bajo modalidades de trabajo flexible e independiente, promoviendo al mismo tiempo la formalización del sector.

Entre los principales ejes del proyecto figura el fortalecimiento de la seguridad mediante la verificación de identidad de conductores y usuarios, la creación de un Registro Nacional de Prestadores de Servicios, mecanismos de denuncias y reclamos, protección de datos personales, protocolos de emergencia y políticas de no discriminación.

Además, la iniciativa contempla la conformación de un Grupo de Trabajo Permanente integrado por representantes del Estado, las empresas y los prestadores de servicios, con el objetivo de evaluar la evolución del sector, proponer mejoras regulatorias y buscar un equilibrio entre la innovación tecnológica, la seguridad y la protección de los usuarios y trabajadores.