Al asumir como intendente de Asunción el 27 de agosto pasado, entre las primeras acciones, Luis Bello había ordenado la apertura de un sumario administrativo para determinar qué labores cumple cada funcionario.

Como resultado de esa investigación, el intendente prevé la destitución de los que, según se comprobó, no hacen nada.

“Yo voy a ser amigo del funcionario que trabaja y enemigo del que no. Van a tener noticias en los próximos días ya en relación a esto”, anunció el intendente, Luis Bello, en un contacto con Unicanal.

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Consultado acerca de la cantidad, respondió que todavía debe cerrar los números antes de dar una cifra definitiva, pero que pronto se encargará él mismo de hacer el anuncio

“Lo que quiero decir es que, el que no trabaje dentro de la Municipalidad de Asunción, no tiene un lugar acá, el que trabaja, el que está presente sí tiene un lugar, y vamos a tratar de que se sienta bien y esté tranquilo en su desempeño laboral”, afirmó.

En otro orden, el jefe comunal informó que -en este momento- no tiene planes de subastar ni de vender ningún terreno municipal, ni siquiera la Costanera de Asunción como publican algunos medios.

Respecto a la probabilidad de que esto pueda ocurrir en el tiempo que le queda en el cargo, aclaró que, de considerar esa posibilidad, comunicará a la ciudadanía y a los medios en tiempo y forma.

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Agentes del Departamento Especializado contra el Narcotráfico de la Policía Nacional entre anoche y esta madrugada ejecutaron un allanamiento en la colonia Puerto Indio del distrito de Mbaracayú, departamento de Alto Paraná.

El lugar intervenido es una precaria vivienda de material a medio terminar ubicada dentro de un inmueble rural, en una zona boscosa cercana al lago Itaipú.

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Dentro del establecimiento, fueron hallados un total de 1.767 kilogramos de marihuana prensada, distribuidos en decenas de panes, junto a poco más de 13 kilogramos de marihuana envasada al vacío, conocida como “capullos”.

Las autoridades presumen que el domicilio allanado era utilizado como punto de acopio temporal de la droga, antes de su posterior envío al territorio brasileño de manera ilícita.

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Su localización fue posible gracias a informes de inteligencia policial, que daban cuenta sobre la existencia de una propiedad utilizada para el resguardo de estupefacientes.

Al momento del operativo, ninguna persona se encontraba presente en el inmueble, por lo que no hubo detenidos en el allanamiento. De igual manera, se trabaja en la identificación de los responsables del cargamento incautado.

En el transcurso de este viernes se confirmó la comparecencia de los procesados Marcelo Bordón Leiva, Verónica Alexandra Blanco Bogado, Hugo Enrique Aranda Noguera, José Raúl Coronel Acosta, Juan Manuel Villar López y Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz.

La mayoría de estos exfuncionarios del IPS fueron beneficiados con la libertad ambulatoria por disposición del juez Rodrigo Estigarribia, ante quien se presentaron para la audiencia de imposición de medidas cautelares.

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Previamente, habían accedido a esta misma medida alternativa a la prisión el expresidente del IPS, Jorge Magno Brítez, y la exfuncionaria de la asesoría jurídica de la previsional, Rosa Concepción Colmán.

Todos los imputados por lesión de confianza presentaron inmuebles valuados en millones de guaraníes como caución real, a fin de poder acceder a una salida procesal por parte del juzgado.

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El Ministerio Público abrió una causa penal tras la denuncia por supuesto daño patrimonial al Instituto de Previsión Social (IPS), por una suma estimada de G. 61.000 millones, a raíz de la fallida instalación de quirófanos modulares.

El único de los procesados que aún sigue pendiente de presentarse ante la justicia es Vicente Bataglia, también extitular del IPS, quien se encuentra de viaje por Italia, conforme a lo manifestado por su representante legal.

El doctor Pablo Lemir, jefe de Medicina Forense del Ministerio Público, explicó que la autopsia fue bastante compleja, ya que primero tuvieron que hacer una reconstrucción del cuerpo y de cada una de las partes desarticuladas.

“Esta niña fallece por una asfixia bastante particular porque se da por un proceso de inhibición dentro del marco de una inmersión. No es que el agua haya entrado a todos los pulmones, sino que un líquido con un alto componente tipo térreo y pasto llega al tercio medio de la tráquea, eso provoca una inhibición de la laringe y hace que se cierre como acto reflejo, y eso provoca la asfixia”, relató Lemir.

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Esto significa que alguien la sumergió o que ella misma se sumergió, pero el agua no llenó los pulmones, sino que solo llegó al tercio medio de la tráquea (si trazáramos una línea recta desde el cuello hasta el pecho, este punto se situaría en el medio ). La violencia y el desmembramiento son postmortem. El cuerpo está totalmente desarticulado en cada una de las uniones.

La data de muerte es de siete días,lo cual impidió encontrar líquidos y sustancias; sin embargo, sí pudo descartarse el embarazo. Tampoco se pudo extraer orina porque la vejiga estaba vacía. Este procedimiento fue hecho como anticipo jurisdiccional de prueba.

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