Pedro Coronel, vocero de las víctimas, conversó con los medios antes de ingresar a la sede del Palacio Legislativo e informó que el pedido de juicio político es contra los nueve ministros de la máxima instancia judicial, pese a que, inicialmente hablaban solamente de tres.

“Si no son cómplices son presionados o extorsionados, no queremos creer que son incapaces, porque se habrán formado en materia jurídica, lamentablemente no lo aplican en el contexto de la realidad y en este contexto”, opinó Coronel.

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Antes de llegar a esta instancia dialogaron con los ministros, pero no recibieron ninguna respuesta en la práctica, pues los descuentos continuaron, por lo tanto, con “la amabilidad” no les bastó para solucionar el problema.

A criterio de Coronel, los ministros no precautelaron los derechos humanos, incumplieron la Constitución Nacional y los convenios internacionales sobre los derechos.

“Pedimos que se restablezca la justicia, que funcione este modelo de principio democrático que no funciona y eso es un peligro porque el hartazgo ciudadano se evidencia”, afirmó.

Diputados colorados y liberales se comprometieron a recibir a las víctimas de la mafia de los pagarés y a escuchar sus reclamos.

Durante el mes de noviembre, en el lugar se realizaron 514 intervenciones; donde se destacan 104 cirugías de urgencia, 99 programadas y 135 traumatológicas, reflejando la intensa actividad de la institución.

Los diagnósticos más frecuentes incluyeron apendicectomías, colecistectomías laparoscópicas, reparación de hernias y procedimientos traumatológicos con material de osteosíntesis.

En cuanto a la distribución por género, las intervenciones abarcaron tanto a pacientes masculinos como femeninos, representando 59% hombres y 41% mujeres.

El ámbito quirúrgico del Hospital General de Itapúa constituye una de las principales apuestas del Gobierno y del Ministerio de Salud Pública, que buscó dotar a la institución de una gran capacidad y eficiencia en procedimientos médicos.

La medida, habilitada inicialmente entre las líneas de Magno S.A. y San Isidro S.R.L., busca facilitar la movilidad cotidiana y reducir de manera directa el gasto de los ciudadanos.

“Queremos explicar qué significa este beneficio para la gente: cuando vas rumbo al trabajo y necesitás hacer una conexión, el siguiente bus es gratis. Y si tenés que conectar dos veces, pagás solo el primer viaje, el segundo y el tercero son gratuitos”, expresó el viceministro de Transporte, Econ. Emiliano R. Fernández.

En esa misma línea, adelantó que este es el primer paso hacia un transbordo universal obligatorio en el marco de la reforma del transporte público. “Queremos que cualquier persona pueda hacer su conexión en cualquier punto y a cualquier hora. Eso es lo que buscamos con la reforma, un sistema más económico, predecible y pensado para el usuario”, remarcó.

El impacto del transbordo se nota especialmente en los viajes diarios de quienes dependen de varias combinaciones para llegar a destino, ya que un traslado que suele representar cerca de G. 530.000 al mes puede reducirse a unos G. 176.000 cuando se utiliza este beneficio, generando un ahorro aproximado de G. 350.000 en el presupuesto mensual. El sistema se aplica sin restricciones de horario, sentido de viaje o punto de intercambio.

Actualmente están habilitados los servicios de San Isidro S.R.L. en los itinerarios de la línea 85 Ypané–IPS, las variantes de la línea 51 (Autopista, Caacupemí e Identificaciones) y los ramales de la 48 por Artigas–Ypatí, Artigas–Veracruz y Makai. Por parte de Magno S.A., se integran las líneas 29 por Anahí y 12 en sus diferentes variantes (Circular CIE, Molino, IPVU, Florida, Sinalco e Integración Molino), junto con los ramales de la línea 43 que alcanzan zonas como Km 26 Toledo, Cñía. 8 y 9, Campo Verde, Km 23 Villa y Toledo Cañada.