Defensa de Atlas omite que Leoz depositó más de USD 5 millones en efectivo
El representante legal de la Conmebol, Claudio Lovera, recordó que Nicolás Leoz, expresidente del organismo, depositó más de USD 5.100.000 en efectivo en el Banco Atlas en el año 2013, una revelación clave dentro de la causa por lavado de dinero que involucra al presidente de la entidad bancaria, Miguel Ángel Saldívar, y a otras ocho personas.
“En el año 2013, Nicolás Leoz depositó en el Banco Atlas más de 5.100.000 dólares en efectivo. En una sola operación se trasladaron USD 800.000 en billetes”, afirmó Lovera en entrevista con el canal GEN.
Sostuvo que ese detalle es un punto que la defensa de Atlas no discute y es sumamente relevante, ya que estos movimientos confirman operaciones sospechosas detectadas por la Fiscalía de Delitos Económicos.
Esto lo dijo luego de que el juez Humberto Otazú admitiera la imputación presentada contra Saldívar y los demás procesados por presunto lavado de dinero.
“Dentro del plazo que le otorga la ley, el juzgado analizó el acta de imputación y verificó que cumple con todos los requisitos legales. Eso demuestra su seriedad y solidez”, explicó el abogado de la Conmebol.
La Fiscalía solicitó un plazo de seis meses de investigación, considerado razonable para reunir más pruebas antes de presentar acusación. Durante este tiempo, Conmebol continuará colaborando con información documental y verificando el contenido de la imputación, según Lovera.
“Estamos atentos a que el caso avance dentro de los plazos procesales y, si corresponde, se llegue a juicio oral. Conmebol impulsará todos los mecanismos legales para recuperar los recursos sustraídos”, afirmó.
Pruebas históricas y contradicciones
Lovera recordó que, durante una comparecencia del Banco Atlas ante una Comisión Bicameral Antilavado del Congreso, el representante de la entidad aseguró no recordar si Leoz había realizado depósitos en efectivo y que tampoco existía respaldo documental por el tiempo que había transcurrido. “Ahora se sabe que sí hay respaldo documental y que esos depósitos se hicieron en efectivo. Es un dato contundente”, subrayó el abogado.
IMPOSICIÓN DE MEDIDAS
Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi,Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García, José Miguel Páez Corvalán, María Clemencia Pérez de Leoz, María Celeste Leoz de Ribeiro, y Nora Cecilia de Cardozo son los demás procesados.
La audiencia de imposición de medidas será el 20 de noviembre a las 10:00 de la mañana para Miguel Saldívar, según informó el periodista de Nación Media, Aldo Ynsfrán. A las 10:30 para Jorge Vera Trinidad, a las 11:00 para Celio Tunholi y a las 11:30 para Eleno Martínez duarte.
El 21 de noviembre, para Eduardo Queiroz a las 8:30, a las 9:00, José Miguel Páez Corvalán; a las 9:30, María Clemencia Pérez; a las 10:00 Nora Cecilia de Cardozo y a las 10:30 María Celeste Leoz de Ribeiro.
El 30 de abril del 2026 es la fecha tope para la presentación del requerimiento conclusivo, esto eso, la acusación y el pedido de juicio oral de la Fiscalía.
LA DENUNCIA
Según la denuncia, el 11 de febrero del 2016, el banco Atlas, aprobó dos fideicomisos de Nicolás Leoz, pese a que ya existía una orden de captura internacional y un pedido de extradición de parte de la justicia norteamericana.
En ese momento transcurría el escándalo, que había estallado recientemente y que se conoció como FifaGate, donde uno de los principales implicados era Nicolás Leoz, con lo cual, alegar desconocimiento de los hechos era imposible.
Los fiscales analizaron transacciones correspondientes a fondos que Nicolás Leoz sustrajo de la Conmebol y los depositó en Atlas. El monto llegó a USD 5 millones en efectivo entre el 2013 y el 2016, además de fideicomisos por USD 2 millones y G. 22.000 millones. Aquí, según el fiscal Francisco Cabrera, Atlas incurrió en una grave falencia al aprobar el fideicomiso sin una nueva verificación de perfil, sobre todo, considerando que ya existía una orden de extradición contra Leoz a Estados Unidos.
Este es el costo real de la energía y lo que deben pagar las industrias, según la ANDE
El presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa, detalló la composición real de los costos de la energía hidroeléctrica y el mecanismo que utiliza la estatal para fijar los precios del suministro. La tarifa técnica actual es de 44.33 dólares por un megavatio hora (MWh) a nivel de 220 kV. Toda industria que desee pagar menos, lo hará en perjuicio de la ANDE.
En entrevista con La Caja Negra (Unicanal), Félix Sosa desmitificó una de las creencias más extendidas en el debate nacional, la cual sostiene que nuestro país le vende energía excedente de Itaipú al Brasil a precios irrisorios de entre 10 y 12 dólares.
El titular de la ANDE aclaró que ese monto representa únicamente un adicional por encima del valor base establecido por la binacional. “Actualmente la tarifa de la energía garantizada es de 37 dólares aproximadamente, y por encima de eso se pagan 12 dólares. El Brasil le paga eso al Paraguay; entonces al 37 hay que sumarle 12. No es que nosotros le vendamos a Brasil a 12 dólares, eso se paga por encima de la tarifa de la Itaipú”, especificó.
Asimismo, precisó que gracias al acuerdo operativo vigente hasta fin de año, la ANDE accede a una preferencia para adquirir la denominada energía excedente (la más barata), permitiendo que el costo promedio de compra de la entidad se ubique en 28 dólares.
LOS COSTOS DE INFRAESTRUCTURA
Sosa argumentó que cualquier propuesta para vender o disponer del remanente energético local a inversores extranjeros debe estructurarse obligatoriamente sobre una base que cubra todos los costos de inversión.
Destacó que la ANDE funciona de manera autárquica y depende exclusivamente de su facturación para ejecutar sus proyectos de expansión. “Es una tarifa que pueda cubrir todos los costos a los efectos de que se pague por la infraestructura, crear las condiciones financieras como para seguir invirtiendo y cumplir el plan maestro, porque en realidad la ANDE es una empresa que no recibe recursos del Estado. Su único ingreso genuino es la tarifa por la venta de la energía eléctrica”, remarcó.
Al desglosar cómo se calcula el precio final del servicio, Sosa puntualizó que el costo se incrementa según la distancia y la infraestructura requerida para transportar la electricidad desde la planta de generación hasta el punto de consumo.
El proceso técnico involucra diversas etapas:
-Generación: El costo inicial de la energía limpia directo desde la represa.
-Transmisión: La inversión en líneas de alta tensión para traer el flujo desde Itaipú hasta los principales centros de consumo como Asunción.
-Subestaciones: Infraestructura de transformación para disminuir la potencia.
-Distribución: El tendido eléctrico de las líneas que recorren los vecindarios y los transformadores barriales que permiten la acometida al domicilio.
Tomando como base este despliegue operativo, Sosa reveló el piso financiero que rige en el territorio para los grandes consumidores industriales. “La tarifa técnica actual de la ANDE es de 44.33 dólares por un megavatio hora (MWh) a nivel de 220 KV, y así sucesivamente va bajando por niveles de tensión. Cualquier tarifa por debajo de esa tarifa técnica le afecta a la ANDE, y eso es lo que pasó mucho tiempo”, advirtió. Sostuvo que vender por debajo de ese límite significaría dejar de ejecutar las obras viales y estructurales estipuladas en el plan maestro del ente regulador.
Frente a la posibilidad de que ciertas compañías presionen por obtener cánones inferiores a los 44.33 dólares, Sosa advirtió que la única manera de sostener un esquema por debajo del costo real es mediante una tarifa cruzada, es decir, obligando a que un grupo de usuarios pague de más para subsidiar a los que pagan de menos.
“Caso contrario, va a ocurrir lo que ocurrió siempre lastimosamente en el sistema eléctrico paraguayo: no se tienen todos los recursos necesarios, no se ejecutan todas las obras previstas en el plan maestro y ofrecemos mal servicio. Un mal servicio para la industria le sale más caro que la facturación mensual por consumo de energía eléctrica”, reflexionó.
EL MÁS BARATO DE LA REGIÓN
Pese a los costos técnicos que representa sostener el sistema de distribución, el titular de la ANDE ratificó que Paraguay ostenta las tarifas eléctricas más ventajosas del continente.
“Nuestro promedio es de 50 dólares el megavatio en todos los niveles de tensión, y seguimos siendo la tarifa más competitiva por lejos. Comparativamente con Uruguay, estamos en un 25% con relación a su tarifa (el promedio uruguayo ronda los 180 dólares). Con Brasil estamos aproximadamente en el 35% de lo que es su tarifa en promedio, y Argentina está un 50% más cara”, detalló.
Avances en la implementación del Sistema de Información en Salud en el INERAM
Autoridades de Taiwán, ministerios y del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (INERAM) verifican la implementación del Sistema de Información en Salud (HIS) en diversas áreas médicas para agilizar la atención y optimizar el control de medicamentos.
El Dr. Víctor Godoy, Director del INERAM, realizó un recorrido por la institución acompañado por el embajador de Taiwán, autoridades ministeriales y el vicecanciller. La comitiva inspeccionó las áreas de triage, admisión y consultorios. Asimismo, los responsables del hospital enseñaron el flujo de trabajo en las salas de internados y en el sector de emergencias pediátricas.
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El viceministro de Rectoría y Vigilancia de la Salud, Dr. José Ortellado, destacó la relevancia de la cooperación bilateral para el fortalecimiento del sistema de Salud Pública. “Desde el Ministerio de Salud Pública se ha visto el cambio en estos trabajos en conjunto entre ambos países. Esta inversión, tanto de Taiwán como también la inversión de recursos humanos de ambos países, ha hecho de la salud pública una visión mucho más diferente”, señaló.
El Sistema de Información Hospitalaria (HIS) agiliza la atención a los pacientes y aporta transparencia a la gestión sanitaria. Esta plataforma informática facilita la toma de decisiones institucionales mediante el acceso a datos en tiempo real.
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En la actualidad, más de 1.300 establecimientos de salud pública utilizan esta tecnología en todo el país. La herramienta reduce los tiempos de espera en las salas y asegura un estricto control en la distribución de medicamentos.
Finalmente, las autoridades destacaron un indicador positivo en la salud pública nacional: Paraguay suma tres años sin registrar una epidemia de dengue.
Proyecto de divorcio exprés, un retroceso de la ley actual, advierten
Para el abogado Óscar Tuma, el proyecto conocido como “divorcio exprés” está muy lejos de facilitar los trámites de la separación, pues establece plazos mínimos que hoy no existen y añade una nueva traba cuando los cónyuges no ratifican la voluntad inicial.
En su carácter de proyectista de la legislación vigente, el exdiputado Óscar Tuma expuso sus argumentos en contra del nuevo proyecto de ley que modifica el régimen del divorcio vincular.
Mientras la ley que rige hoy no exige plazo mínimo para que una pareja, de común acuerdo, solicite el divorcio, este proyecto establece que la solicitud se recibirá recién después de un año de matrimonio.
Con esta primera modificación, se impone una espera obligatoria de 12 meses, un plazo que actualmente no se necesita.
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Otro aspecto cuestionado por el abogado y exparlamentario es la cuestión procesal. Mientras hoy se manda al archivo el expediente cuando los cónyuges no ratifican su voluntad inicial de separarse, con la propuesta de Samaniego se estipula que ese expediente no podrá reabrirse hasta dentro de un año, es decir, si la pareja decidiera divorciarse antes, tendría que esperar un año, lo que agrega otro obstáculo.
Un punto más que incluye el proyecto es la exigencia de que los cónyuges no posean bienes o que al menos, se encuentren bajo el régimen de separación de bienes.
“Esto limita injustificadamente el acceso al divorcio de mutuo consentimiento, porque la existencia de bienes no debería impedir la disolución del vínculo matrimonial; en todo caso, la cuestión patrimonial debe resolverse por las vías correspondientes”, señaló Tuma.
El abogado concluye que el proyecto de ley implica un retroceso en comparación con la legislación vigente, pues el divorcio debería ser simple y respetuoso de la libertad de las personas, en lugar de colocar los obstáculos que ya se habían eliminado.
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