“En el año 2013, Nicolás Leoz depositó en el Banco Atlas más de 5.100.000 dólares en efectivo. En una sola operación se trasladaron USD 800.000 en billetes”, afirmó Lovera en entrevista con el canal GEN.

Sostuvo que ese detalle es un punto que la defensa de Atlas no discute y es sumamente relevante, ya que estos movimientos confirman operaciones sospechosas detectadas por la Fiscalía de Delitos Económicos.

Esto lo dijo luego de que el juez Humberto Otazú admitiera la imputación presentada contra Saldívar y los demás procesados por presunto lavado de dinero.

“Dentro del plazo que le otorga la ley, el juzgado analizó el acta de imputación y verificó que cumple con todos los requisitos legales. Eso demuestra su seriedad y solidez”, explicó el abogado de la Conmebol.

La Fiscalía solicitó un plazo de seis meses de investigación, considerado razonable para reunir más pruebas antes de presentar acusación. Durante este tiempo, Conmebol continuará colaborando con información documental y verificando el contenido de la imputación, según Lovera.

“Estamos atentos a que el caso avance dentro de los plazos procesales y, si corresponde, se llegue a juicio oral. Conmebol impulsará todos los mecanismos legales para recuperar los recursos sustraídos”, afirmó.

Pruebas históricas y contradicciones

Lovera recordó que, durante una comparecencia del Banco Atlas ante una Comisión Bicameral Antilavado del Congreso, el representante de la entidad aseguró no recordar si Leoz había realizado depósitos en efectivo y que tampoco existía respaldo documental por el tiempo que había transcurrido. “Ahora se sabe que sí hay respaldo documental y que esos depósitos se hicieron en efectivo. Es un dato contundente”, subrayó el abogado.

IMPOSICIÓN DE MEDIDAS

Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi,Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García, José Miguel Páez Corvalán, María Clemencia Pérez de Leoz, María Celeste Leoz de Ribeiro, y Nora Cecilia de Cardozo son los demás procesados.

La audiencia de imposición de medidas será el 20 de noviembre a las 10:00 de la mañana para Miguel Saldívar, según informó el periodista de Nación Media, Aldo Ynsfrán. A las 10:30 para Jorge Vera Trinidad, a las 11:00 para Celio Tunholi y a las 11:30 para Eleno Martínez duarte.

El 21 de noviembre, para Eduardo Queiroz a las 8:30, a las 9:00, José Miguel Páez Corvalán; a las 9:30, María Clemencia Pérez; a las 10:00 Nora Cecilia de Cardozo y a las 10:30 María Celeste Leoz de Ribeiro.

El 30 de abril del 2026 es la fecha tope para la presentación del requerimiento conclusivo, esto eso, la acusación y el pedido de juicio oral de la Fiscalía.

LA DENUNCIA 

Según la denuncia, el 11 de febrero del 2016, el banco Atlas, aprobó dos fideicomisos de Nicolás Leoz, pese a que ya existía una orden de captura internacional y un pedido de extradición de parte de la justicia norteamericana.

En ese momento transcurría el escándalo, que había estallado recientemente y que se conoció como FifaGate, donde uno de los principales implicados era Nicolás Leoz, con lo cual, alegar desconocimiento de los hechos era imposible.

Los fiscales analizaron transacciones correspondientes a fondos que Nicolás Leoz sustrajo de la Conmebol y los depositó en Atlas. El monto llegó a USD 5 millones en efectivo entre el 2013 y el 2016, además de fideicomisos por USD 2 millones y G. 22.000 millones. Aquí, según el fiscal Francisco Cabrera, Atlas incurrió en una grave falencia al aprobar el fideicomiso sin una nueva verificación de perfil, sobre todo, considerando que ya existía una orden de extradición contra Leoz a Estados Unidos.

Emiliano Rolón, fiscal general del Estado, confirmó que hace aproximadamente un año o más, se presentó ante él un abogado paraguayo de Sebastián Marset para plantear la posibilidad de que el uruguayo se presente ante la justicia paraguaya, pero bajo ciertos condicionamientos.

“Pidió que se le deje fuera de todo trámite judicial a la esposa y pidió algunas concesiones o beneficios carcelarios y la respuesta nuestra es que no podemos emprender una salida negociada hasta tanto no se presente en forma efectiva”, relató el fiscal Rolón, en un contacto con el canal Gen.

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Si bien admitió que, efectivamente recibió a un abogado de Marset, aclaró que lo hizo en el marco del derecho constitucional que tiene todo abogado de hacer peticiones formales.

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset permanece prófugo de la justicia, aunque ayer mantuvo una comunicación con un medio radial paraguayo. De haberse sabido con antelación, se habría podido utilizar la tecnología para rastrearlo, explicó Rolón.

En la sesión extraordinaria celebrada esta mañana, el Senado trató en el primer punto del orden del día el proyecto de “Modernización del Transporte Público de Pasajeros”.

Luego de un amplio debate respecto a la propuesta legislativa, presentada por el Poder Ejecutivo, por mayoría se resolvió la aprobación del documento, en la versión remitida por la Cámara de Diputados.

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La Cámara Baja había incorporado una serie de modificaciones al texto original, las cuales finalmente acabaron siendo aceptadas por los senadores.

El proyecto establece que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) será el encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones referente a las obras públicas y el transporte.

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De igual manera, se prevé la creación de un consejo asesor como instancia consultiva, integrado por autoridades, usuarios, empresarios, trabajadores del sector y representantes de las universidades.

El documento pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

“Recibimos la propuesta del sindicato de trabajadores de periodismo y vamos a acatar ese pedido”, expresó el senador Natalicio Chase, líder de la bancada de Honor Colorado, en entrevista con los medios.

El mismo explico que desde el SPP presentaron una nota mediante la cual solicitan postergar el tratamiento de este proyecto de ley en el Congreso, exponiendo una serie de argumentos al respecto.

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No supo precisar si la postergación será solo hasta la siguiente sesión del Senado o directamente hasta el próximo año, teniendo en cuenta el inminente inicio del receso parlamentario.

El legislador de la ANR no descartó la posibilidad de convocar a una audiencia pública para debatir sobre el mencionado proyecto, que fue oficializado a inicios de diciembre por el movimiento Honor Colorado.

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La principal diferencia del proyecto original -que data del año 2023- es la exclusión de los defensores de derechos humanos en el mecanismo de protección, dando exclusividad a periodistas y trabajadores de prensa.

“Todo el proyecto va a ser compartido con el sindicato y juntos vamos a hacer las modificaciones que ellos crean correspondientes”, añadió Chase.