El director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Luis Cousirat, anunció en entrevista con el canal GEN que nuestro país iniciará la vacunación contra el dengue.

“Las vacunas ya llegaron al país y están en el Centro Nacional de Vacunas. Estamos culminando la capacitación de los vacunadores y los detalles técnicos y operativos para el inicio de la campaña”, explicó.

La vacunación estará dirigida a niños de entre 6 años y 8 años, 11 meses y 29 días, es decir, hasta un día antes de cumplir 9 años. La vacuna es tetravalente, lo que significa que protege contra los cuatro serotipos del virus del dengue.

“Es una vacuna muy buena, fabricada por Takeda, que brinda protección integral contra los cuatro tipos de dengue. El esquema consta de dos dosis, la primera se aplica ahora y la segunda, tres meses después”, detalló el titular del PAI.

Cousirat aclaró que los niños que actualmente cursan la enfermedad o la padecieron recientemente deberán esperar seis meses antes de vacunarse.

“Haber tenido dengue deja una protección temporal de alrededor de seis meses, por eso quienes se contagiaron deben posponer la vacunación hasta cumplir ese plazo”, precisó.

El plan inicial contempla la inmunización en cuatro regiones sanitarias, abarcando 16 municipios del país.

“Asunción sí o sí entra en la campaña porque tiene la incidencia más alta. En Central, los nueve municipios seleccionados son San Lorenzo, Luque, Mariano Roque Alonso, Fernando de la Mora, Villeta, Itá, entre otros. También incluimos tres municipios de Paraguarí (Yaguarón, Carapeguá y Paraguarí) y tres de Itapúa (Hohenau, Cambyretá y Encarnación)”, informó.

El PAI confirmó que las 70.200 dosis ya disponibles alcanzarán para cubrir el esquema completo de los niños seleccionados, garantizando tanto la primera como la segunda aplicación. “Cada niño que inicie su esquema tiene asegurada su segunda dosis. Eso nos permite garantizar que el calendario se cumpla en tiempo y forma”, enfatizó Cousirat.

Consultado sobre los tiempos, el director del PAI señaló que el inicio en noviembre permitirá inmunizar antes del pico estacional de casos, que suele registrarse entre marzo y abril. “Llegamos bien. Nuestro pico más alto de contagios se da a finales de marzo y abril, así que este calendario nos permite adelantarnos y proteger a la población infantil más vulnerable”, dijo.

Durante su discurso en la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno, Cartes sostuvo que la atención sanitaria debe convertirse en una de las principales prioridades nacionales y convocó a los distintos sectores políticos e institucionales a trabajar de manera coordinada para fortalecer el área.

“Hago un llamado a nuestros legisladores nacionales para que, en coordinación con el Poder Ejecutivo y los sectores de salud, impulsemos una revisión responsable de las prioridades presupuestarias para los próximos ejercicios fiscales de este mandato”, expresó.

El titular de la ANR señaló que el fortalecimiento del sistema sanitario requiere una mayor inversión y mencionó como desafíos pendientes la mejora de la infraestructura hospitalaria, la ampliación de la cobertura médica, la disponibilidad permanente de medicamentos y el fortalecimiento del capital humano en salud.

Según afirmó, estos objetivos deben convertirse en una política de Estado capaz de generar consensos más allá de las diferencias políticas. “La mejora de la infraestructura sanitaria, la ampliación de la cobertura médica, la disponibilidad permanente de medicamentos y el fortalecimiento del capital humano en salud deben convertirse en objetivos nacionales que nos unan por encima de cualquier diferencia”, manifestó.

Cartes también remarcó que el compromiso político debe traducirse en resultados concretos para la ciudadanía. “Nuestro compromiso político debe reflejarse en acciones concretas que permitan dignificar la atención sanitaria y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la República”, sostuvo.

Asimismo, exhortó al Gobierno a concentrar sus mayores esfuerzos en el sector y planteó que la salud pública debe ser asumida como una causa nacional. “Que esta sea una causa nacional que nos convoque a todos”, concluyó.

Según la Encuesta Permanente de Hogares, la desocupación descendió notablemente al cierre del año pasado, un logro que el presidente Peña atribuye directamente a la efectividad de sus actuales políticas económicas.

El mandatario informó a la ANR que durante el último trimestre de 2025, el índice de desempleo se ubicó en 3,6%, una cifra nunca antes alcanzada en el país.

Para Peña, este indicador refleja una dinámica positiva en el mercado laboral paraguayo, impulsada por estrategias diseñadas específicamente para multiplicar las oportunidades de inserción para los ciudadanos.

A este panorama, sumó un otro avance en el ámbito del empleo, la formalidad laboral que logró superar el 40% de la población.

Según expresó el jefe de Estado esta dinámica permitió la creación 242.000 nuevos puestos de trabajo en lo que va del actual mandato presidencial.

Durante su intervención en la presentación de su informe ante la ANR, el mandatario señaló que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada en el período fue del 2,4%, lo que representaba un aumento cercano a G. 69.000 para los trabajadores que perciben el salario mínimo.

“Un número que claramente es muy bajo para la clase trabajadora”, expresó Peña al justificar la decisión de elevar el porcentaje de ajuste.

En ese sentido, informó que resolvió duplicar el incremento inicialmente calculado. “He tomado la decisión de duplicar ese monto y que el incremento sea del 5%. Es un número equilibrado y no pone en riesgo la estabilidad macroeconómica que el Paraguay, a lo largo de gobiernos colorados, ha sabido equilibrar”, afirmó.

El anuncio se produce luego de que el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) concluyera una serie de reuniones sin alcanzar consenso entre empleadores y representantes de los trabajadores. Mientras los gremios empresariales proponían limitar el ajuste al 2,4% determinado por el Banco Central del Paraguay, las centrales obreras reclamaban un incremento de entre el 20% y el 22%, argumentando una pérdida sostenida del poder adquisitivo en los últimos años.

Las organizaciones sindicales sostenían que el salario mínimo requería un aumento de entre G. 579.000 y G. 637.790 para compensar el encarecimiento del costo de vida acumulado, mientras que los empleadores insistían en ceñirse al mecanismo tradicional basado exclusivamente en la inflación.

Ante la falta de acuerdo, el Conasam decidió recomendar un reajuste que contemplara no solo la inflación, sino también otros factores económicos y sociales, aunque sin revelar el porcentaje sugerido.

Con el incremento del 5% anunciado por el Ejecutivo, el salario mínimo pasaría de G. 2.899.048 a G. 3.044.000 mensuales, lo que representa una suba de G. 144.952 para los trabajadores que perciben el sueldo básico.