Como una medida orientada a erradicar prácticas injustas que durante años comprometieron el bienestar de numerosas familias describe el mandatario Santiago Peña a la ley número 7564 que establece procedimientos y límites para la autorización de descuentos y traba de embargos sobre salarios y remuneraciones por servicios personales pagados en organismos y entidades del Estado”.

“Esta iniciativa, fruto del trabajo conjunto entre legisladores y el Poder Ejecutivo, establece límites claros y justos para los embargos y descuentos sobre los salarios de los servidores públicos, protegiendo su derecho a disponer plenamente de su ingreso y garantizando el sustento de sus familias”, destacó Peña.

El artículo 3º estipula que no serán embargables los beneficios sociales, subsidios ni el aguinaldo que corresponda a los servidores públicos.

En el caso de servidores públicos legalmente habilitados a tener más de un vínculo en una misma entidad empleadora, los embargos judiciales no podrán sobrepasar en ningún caso el 50% (cincuenta por ciento) del salario o remuneración por servicios personales en cada uno de los referidos vínculos.

En cuanto a los servicios personales, la entidad empleadora no podrá deducir, retener o compensar suma alguna que rebaje el importe de las remuneraciones por servicios personales. Sin embargo, se establecen excepciones como:

Descuentos jubilatorios: Correspondientes al descuento regular y ordinario establecido por la respectiva ley que regula la materia; en su caso, también otros descuentos jubilatorios adicionales, que fueren hechos en el marco de reconocimiento de años de servicios u otros autorizados por ley.

Descuentos por multas o días no trabajados: Correspondientes a la aplicación de sanciones por incumplimientos o faltas, contempladas en la ley y las respectivas reglamentaciones, como en caso de ausencias injustificadas.

Orden de autoridad judicial competente para cubrir obligaciones legales del servidor público.

Del pago de cuotas periódicas de membresía o aportes sindicales, asociaciones, cooperativas o mutualistas, previa autorización escrita del servidor público.

Pago de cuotas por la adquisición de productos y/o servicios financieros, bienes y/o servicios de cualquier naturaleza, así como los accesorios legales, si correspondiese, comprometidas con asociaciones, sindicatos, cooperativas y otras organizaciones de servidores públicos, acreditadas por los terceros proveedores.

Las autorizaciones para la aplicación de descuentos automáticos, convencionales o cualquier otro tipo de descuento sobre remuneraciones por servicios personales, deberán realizarse por escrito o mediante medios electrónicos seguros, bajo pena de nulidad, y deberán indicar de forma clara y expresa: el monto total a descontarse, el valor de cada cuota, el plazo durante el cual se aplicará y, en su caso, los accesorios legales pactados.

Rubén Maciel, viceministro de Política Criminal, informó que el operativo Sigilo comenzó a la medianoche y culminó poco antes de las 6:00 de la mañana, principalmente en busca de celulares, ya que se manejaba la información de que encontrarían celulares en varios de los módulos.

Sin embargo, finalmente solo hallaron dos celulares en diferentes puntos, varios tipos de arma blanca y otros elementos prohibidos en el penal.

La requisa se ejecutó en todas las celdas y también en las áreas comunes, talleres, aulas, cocina, lavandería, área de máquina y parte administrativa.

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“Esto se manejó bajo reserva por eso se llamó Sigilo, cada tanto se va a estar realizando en la medida que tengamos información previa”, anunció Maciel, en un contacto con el canal Gen.

En la ocasión, se comunicó la designación del general Saúl Salinas como nuevo director del Centro de Reinserción Social de Minga Guazú. Su misión será avanzar en el proceso de reforma penitenciaria.

Desde el Ministerio de Justicia informaron que el nuevo director tiene una vasta traductor en las Fuerzas Armadas y un perfil técnico en el mando operativo.

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Tras la confirmación de que este año no se llevará a cabo el tradicional desfile militar por las fiestas patrias, la viceministra de Comunicación del MITIC, Alejandra Duarte, brindó detalles al canal GEN sobre la visión del Ejecutivo detrás de esta determinación.

Duarte señaló que, si bien la operatividad de las Fuerzas Armadas es un factor determinante, existe también una intención de renovar la manera en que se conmemora la independencia nacional. “Es una mirada de hacer algo distinto este año, pero no sin recordar la importancia de esta fecha”, afirmó en conversación con la prensa.

Para la viceministra, la suspensión del desfile abre una posibilidad de expandir el trabajo sobre la identidad nacional.

Duarte subrayó que la planificación está siendo liderada por la ministra de Cultura, Adriana Ortiz, quien ya se encuentra articulando las actividades previstas para los próximos días.

La alta funcionaria de Comunicación remarcó que esta decisión fue consensuada y explicada tanto por el ministro de Defensa, Óscar González, como por la titular de Cultura. Reiteró que la escala del evento no será la misma que en periodos anteriores, pero que la conmemoración patriótica está garantizada a través de otros espacios.

Por su parte, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, explicó que la cancelación responde principalmente a cuestiones operativas vinculadas a tareas de seguridad y búsqueda de las personas secuestradas.

“Se canceló solo el desfile militar, después se harán todos los actos para conmemorar las fiestas patrias”, aclaró en charla con la prensa.

El secretario de Estado negó que la suspensión tenga relación con problemas presupuestarios y sostuvo que actualmente las Fuerzas Armadas se encuentran involucradas en múltiples operativos de relevancia.

“Tenemos operativos que están teniendo muchísima participación de efectivos militares, que no podemos levantar por el desfile. Es la búsqueda de los secuestrados, por ejemplo. Consideramos que eso es más importante”, afirmó.

Entre los casos mencionados por el ministro aparece el de Almir Brum Da Silva, sobre quien aseguró nuevamente que existen informaciones de inteligencia que indicarían que sigue con vida.

Agentes de la Comisaría 31ª de Yroysa procedieron a la aprehensión de dos trabajadoras del programa “Hambre Cero” en la Escuela Básica N° 1453 San José Obrero, ubicada en la compañía Yroysa, departamento de Guairá.

El hecho se registró ayer, alrededor de las 12:30 horas, luego de que las encargadas de supervisión notaran movimientos sospechosos al momento en que el personal de cocina se disponía a abandonar la institución.

Las mujeres fueron identificadas como Lorena Duarte (36) y Herminia Maciel Vallejos (54)

Ambas residen en la zona de Independencia y, según el reporte oficial de la Policía Nacional, no cuentan con antecedentes penales.

La intervención policial se dio tras la denuncia formal de Tatiana Rojas Acosta (29), nutricionista y encargada de control de la empresa Belmac SA, firma adjudicada para la provisión de alimentos en la zona.

De acuerdo con el informe, las sospechosas fueron interceptadas cuando salían del área de cocina portando bolsos de gran tamaño. Al ser verificados, se hallaron en su interior diversos insumos alimenticios y productos de limpieza que pertenecen al stock destinado al almuerzo escolar de los niños.

Las aprehendidas quedaron a disposición del Ministerio Público para la investigación correspondiente del presunto hecho de hurto.