El fiscal Luis Piñanez, quien investiga las supuestas irregularidades en la construcción de la denominada “pasarela de Nandutí” sobre la autopista Ñu Guasu, confirmó que la causa sigue en etapa investigativa, aunque ya se encuentra muy avanzada.

Esta obra, ejecutada durante la gestión del exministro Arnoldo Wiens, fue duramente cuestionada por su costo millonario y presuntas sobrefacturaciones.

“Ya se realizaron varias diligencias y actualmente estamos pendientes de un informe técnico para establecer la valuación real de la pasarela. Ese estudio fue ordenado hace dos meses”, explicó Piñanez en entrevista con el canal GEN.

Según el fiscal, el Ministerio Público conformó un equipo multidisciplinario para realizar la pericia, ante la falta de técnicos especializados en estructuras de hormigón dentro del laboratorio forense.

“El objetivo es tener una evaluación independiente que nos permita determinar el valor que el Ministerio Público atribuirá a la obra, considerando que tanto el MOPC como la Contraloría ya hicieron sus propios análisis”, añadió.

Piñanez precisó que el caso se abrió en base a un informe de la Contraloría General de la República, que detectó presuntas irregularidades administrativas y una lesión de confianza contra el Estado.

El fiscal recordó que la Contraloría detectó un daño patrimonial de G. 3.000 millones, mientras que el Ministerio de Obras Públicas habló de una diferencia de G. 2.000 millones.

“Ante estas diferencias, el Ministerio Público decidió realizar su propia evaluación técnica de la obra completa. En su momento tuvimos demoras presupuestarias para contratar peritos, pero eso no implicó una paralización total del proceso, ya que se continuaron con otras diligencias, como declaraciones de funcionarios y la recolección de documentos del proceso licitatorio”, detalló Piñanez.

Recordó además que la denuncia fue presentada de forma innominada, porque la Contraloría no imputa responsabilidades penales. “Nosotros indagamos sobre los funcionarios con posición de garante, es decir, el ordenador de gastos y los jefes que tuvieron incidencia directa en la aplicación del presupuesto”, explicó.

Asimismo, señaló que en los inicios del caso se mencionó un posible tráfico de influencias, presuntamente vinculado a un familiar del expresidente Mario Abdo Benítez, aunque el Ministerio Público se enfocó en el posible daño patrimonial.

“Se habló de un direccionamiento para favorecer a una empresa. Sin embargo, la figura de tráfico de influencias exige la participación de un funcionario público, y en ese aspecto hubo limitaciones jurídicas. Hoy la investigación está más orientada a determinar si hubo un perjuicio patrimonial con la ejecución de la obra”, afirmó.

Consultado sobre si el exministro Wiens está siendo investigado, respondió que “todas las personas vinculadas al proceso de contratación y ejecución de la obra están bajo investigación”.

“Creemos tener suficientes elementos para poder avanzar. La causa está muy avanzada y con el informe técnico final podremos tomar una decisión definitiva”, dijo por último.

Antecedentes del caso

La “pasarela del ñandutí”, ubicada sobre la autopista Ñu Guasu, tuvo un presupuesto superior a los USD 2 millones y fue objeto de fuertes críticas por su elevado costo y escasa utilidad.

Un informe de la Contraloría General de la República confirmó irregularidades significativas, con una sobrefacturación indebida superior a G. 3.142 millones. El documento reveló un aumento injustificado del 114% en el beneficio de la contratista Engineering S.A., además de fletes sobrefacturados en más de G. 1.000 millones, al cotizarse en G. 1.485 millones cuando el precio de mercado era de apenas G. 486 millones.

La construcción estuvo a cargo de la empresa Engineering S.A., considerada la “superproveedora del Estado” por la cantidad de contratos adjudicados durante el gobierno de Abdo Benítez. Esta firma fue vinculada políticamente a Jorge López Moreira, hermano de la ex primera dama Silvana López Moreira, quien incluso acompañó a los directivos de la empresa en reuniones en el MOPC.

Una auditoría del propio Ministerio de Obras Públicas señaló una “falta de planificación y previsibilidad” al evaluar la viabilidad del proyecto, así como carencias en los análisis técnicos y presupuestarios que facilitaron las irregularidades detectadas.

En abril de 2021, diputados de la oposición presentaron una denuncia penal basada en los informes de la Contraloría y de la Dirección de Auditoría Interna del MOPC, por presuntas irregularidades en la Licitación Pública Nacional N.º 153/2019, correspondiente a la construcción de la pasarela peatonal entre el Parque Ñu Guasu y el Comité Olímpico Paraguayo.

Los productos a rematar han sido remitidos por las distintas administraciones aduaneras del país. Entre los bienes se destacan vehículos como camiones, automóviles, motocicletas, además de muebles, repuestos, anteojos, libros, juguetes, herramientas, artículos electrónicos y más. El listado completo de mercaderías puede consultarse en https://shorturl.at/2eOST.

Las mercaderías serán adjudicadas al mejor postor y en el estado en que se encuentran. Los compradores deberán abonar al contado el monto total del valor de venta de los bienes adjudicados, más una comisión del 4 % correspondiente al rematador. El pago debe realizarse en el mismo día de la subasta.

El segundo día del remate, funcionarios de la Gerencia General de Aduanas verificarán en el sistema el pago de las adjudicaciones del primer día. En caso de no haberse efectivizado, las mercaderías impagas serán nuevamente subastadas. Las adjudicaciones realizadas el segundo día deberán ser igualmente abonadas al contado, en el mismo acto.

Para esta subasta, fue designada como rematadora pública titular la señora Marisela Zárate (matrícula N.º 32-I), y como rematador suplente la señora Lorena Ramírez (matrícula N.º 20-CE).

El informe divulgado por el Ministerio Público abarca el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de diciembre, contabilizando los últimos cuatro años.

La lista está encabezada por violencia familiar, que cerró el 2020 con 47 causas, mientras que en el 2021 ingresaron 61. Ya en el 2022, hubo 59 causas, en el siguiente año ingresaron 63 y el 2024 investigaron 64 causas.

En segundo lugar se encuentra el hecho punible de hurto. En el trancurso de los últimos 5 años, fueron investigadas un total de 267 causas, según el Observatorio de la Fiscalía. Unas 41 causas pertenecen al 2020, 46 al 2021, 75 al 2022, 48 al 2023 y 57 causas al año pasado.

Hurto agravado se encuentra posicionado en tercer lugar dentro de este listado. Las causas investigadas en estos años totalizaron 261 causas, con el 2020 registrando un total de 38 causas y el 2021 con 59. Al año siguiente, hubo 58 causas, en el 2023 se recibieron 52 causas y el 2024 otras 54.

El cuarto puesto corresponde a exposición al peligro en el tránsito terrestre, contabilizándose 147 causas por este hecho punible. Unas 29 causas ingresaron en el 2020 y otras 35 causas en el 2021. Por su parte, se tuvieron 26 causas en el 2022, 29 en el 2023 y otras 28 causas en el 2024.

Lesión se posiciona en la quinta ubicación, con un total de 139 causas ingresadas. Las cifras del 2020 llegan a 21 causas, mientras que el 2021 tuvo 31. El 2022 cerró con 27 causas, el 2023 ascendió a 35 investigaciones y el 2024 descendió a 25 causas.

El sexto y séptimo lugar pertenecen a daño y lesión culposa, respectivamente. En el caso del primer hecho punible, totalizaron 127 causas en los 5 años estudiados, mientras que el segundo logró sumar 76 denuncias en este mismo periodo.

Si bien existen algunos casos que no están relacionados con la peregrinación, ciertos hechos ocurren mientras los peregrinos no se encuentran en sus viviendas, aclaran desde la Fiscalía.

La Policía Nacional ayer fue alertada sobre un aparente intento de manipulación de un cajero automático, sobre las calles Amado Benítez y 25 de Agosto del barrio Santa Ana de Ciudad del Este.

El dispositivo, perteneciente al Banco Sudameris, se encuentra instalado en el predio de una estación de servicio del emblema Puma y estuvo a punto de ser vulnerado por desconocidos.

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Dos hombres aparecen en imágenes de circuito cerrado tratando de violentar el cajero, aparentemente con un destornillador. Los mismos pretendían acceder, sin éxito, al compartimiento donde se encuentra el dinero.

En ese preciso momento, el personal de seguridad a cargo del monitoreo se percató de la situación al verificar las cámaras de vigilancia, por lo que rápidamente dio aviso a la Policía.

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Al acudir al sitio, agentes del Puesto Policial Nº 11 verificaron el cajero y se percataron que no llegó a ser abierto por estos desconocidos, quienes lograron fugarse antes de la llegada de los uniformados.

Tomaron intervención igualmente efectivos del Departamento de Criminalística, personal de la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros y del Grupo Lince, así como también el Ministerio Público.