Durante la sesión conjunta de las comisiones de Obras Públicas, Hacienda y Cuentas y Control de la Cámara de Senadores, autoridades y representantes de empresas constructoras, junto con legisladores, analizaron la situación actual en relación a las deudas existentes.

El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, aseguró que la filosofía del gobierno es honrar todas las deudas que hayan sido verificadas y cumplan con todos los requerimientos legales. “Eso no se discute”.

La deuda con el sector de la construcción asciende a USD 330 millones, incluyendo los certificados que están en poder del MOPC (por USD 220 millones) y los intereses acumulados (por USD 110 millones).

“No está en nuestro interés empezar a negar deudas y vamos a tener un plan para cumplir con todos”, afirmó durante su intervención ante la plenaria.

Fernández Valdovinos enfatizó la vigencia del calendario de pagos que va del 1 al 10 de cada mes, comprometiéndose a saldar aquellas deudas que cumplan con las obligaciones estipuladas en la ley para ser reconocidas.

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INVESTIGACIÓN DE POSIBLES SOBRECOSTOS

Uno de los que hizo uso de la palabra por parte del cuerpo legislativo fue el senador liberal Dionisio Amarilla, quien cuestionó la decisión del exministro del MOPC, Arnoldo Wiens, de inaugurar, sin tener un marco normativo que lo respalde, los descuentos de facturas en obras públicas.

“Necesitamos saber cuáles son los sobrecostos que se asumieron del gobierno anterior”, expresó el parlamentario, esto debido a la incidencia que pudieron haber tenido estos incrementos en los intereses reclamados por las firmas constructoras.

Algunas de las obras emblemáticas impulsadas en la era de Mario Abdo Benítez son el Puente Héroes del Chaco, que tuvo sobrecosto de casi USD 19 millones, y la famosa pasarela de Ñanduti ubicada sobre la Autopista Ñu Guasú, la cual fue rebautizada como “pasarela de oro” debido al incremento de más de G. 2.000 millones en su costo final.

“No hay plata que alcance cuando los montos que se presupuestan son superados a la hora de la adjudicación”, manifestó Amarilla, quien espera un análisis exhaustivo para poder determinar los sobrecostos en las obras públicas.

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“RELAJAMIENTO” AFECTÓ EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

En otro momento, Dionisio Amarilla cuestionó duramente la falta de ejecución de las fuentes de créditos presupuestarios con financiación externa durante la anterior administración, aspecto que también tuvo repercusiones a nivel presupuestario.

En tal sentido, indicó que, entre 2023 y 2024, no se ejecutaron cerca de G. 3 billones con financiamiento externo. “No se puede cargar eso alegremente en el 2025 y 2026 porque tenemos que ceñirnos al déficit fiscal”, agregó.

El legislador del PLRA sostuvo que si la productividad era una constante, no se hubiesen dejado de ejecutar en los ejercicios fiscales anteriores estos créditos obtenidos. A su criterio, “se relajó la ejecución presupuestaria” en el 2023.

Durante su intervención en la presentación de su informe ante la ANR, el mandatario señaló que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada en el período fue del 2,4%, lo que representaba un aumento cercano a G. 69.000 para los trabajadores que perciben el salario mínimo.

“Un número que claramente es muy bajo para la clase trabajadora”, expresó Peña al justificar la decisión de elevar el porcentaje de ajuste.

En ese sentido, informó que resolvió duplicar el incremento inicialmente calculado. “He tomado la decisión de duplicar ese monto y que el incremento sea del 5%. Es un número equilibrado y no pone en riesgo la estabilidad macroeconómica que el Paraguay, a lo largo de gobiernos colorados, ha sabido equilibrar”, afirmó.

El anuncio se produce luego de que el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) concluyera una serie de reuniones sin alcanzar consenso entre empleadores y representantes de los trabajadores. Mientras los gremios empresariales proponían limitar el ajuste al 2,4% determinado por el Banco Central del Paraguay, las centrales obreras reclamaban un incremento de entre el 20% y el 22%, argumentando una pérdida sostenida del poder adquisitivo en los últimos años.

Las organizaciones sindicales sostenían que el salario mínimo requería un aumento de entre G. 579.000 y G. 637.790 para compensar el encarecimiento del costo de vida acumulado, mientras que los empleadores insistían en ceñirse al mecanismo tradicional basado exclusivamente en la inflación.

Ante la falta de acuerdo, el Conasam decidió recomendar un reajuste que contemplara no solo la inflación, sino también otros factores económicos y sociales, aunque sin revelar el porcentaje sugerido.

Con el incremento del 5% anunciado por el Ejecutivo, el salario mínimo pasaría de G. 2.899.048 a aproximadamente G. 3.044.000 mensuales, lo que representa una suba cercana a G. 145.000 para los trabajadores que perciben el sueldo básico.

El nuevo esquema de integración abarca a un total de 26 empresas permisionarias que ya están habilitadas para interactuar con la flota eléctrica.

Entre las compañías incorporadas a este beneficio se encuentran firmas tradicionales como Automotores Guaraní (líneas 15 y 47), Capiatá S.R.L (líneas 53, 58 y 128), La Sanlorenzana (líneas 45, 50 y 56), Grupo Bene (líneas 11 y 203), La Limpeña (líneas 20, 49 y 220) y TTL S.A (líneas 23, 24 y 33).

Además, se suman al sistema los itinerarios de empresas como Aldana S.A, De la Conquista, Ñandutí, Vanguardia, Ciudad de Limpio, Ciudad de Luque, Cerro Koi, General Aquino, Mariscal López, Puerto Falcón, San José Obrero, GMT y T, 1° de Diciembre, 16 de Noviembre, 3 de Febrero, Asociación de Usuarios, Ciudad de Villeta, El Bus, La Chaqueña y La Lomita.

Para acceder al beneficio, los pasajeros que utilicen cualquiera de las líneas mencionadas podrán abordar posteriormente los buses eléctricos en los trayectos E1, E2 o E3 de forma completamente gratuita.

El sistema establece una ventana de tiempo de hasta 120 minutos desde la validación del primer viaje para realizar hasta dos transbordos sin costo adicional. Las combinaciones se pueden realizar de forma interna entre las tres líneas de electromovilidad para ampliar las opciones de cobertura.

El proceso opera mediante validaciones automáticas que reconocen el historial de viaje del usuario y aplican el beneficio tarifario de manera inmediata.

La iniciativa, que ahora deberá ser analizada por la Cámara de Diputados, autoriza al Estado a emitir bonos o títulos de deuda pública para obtener recursos destinados a cancelar compromisos atrasados con contratistas de obras públicas.

Desde Cavialpa señalaron que la propuesta representa un paso importante para reconocer el impacto económico que sufren las empresas cuando los pagos se retrasan durante largos períodos. El proyecto establece una tasa máxima de interés del 9,9% anual y fija un plazo de 90 días para calcular los montos adeudados una vez promulgada la ley.

De acuerdo con el sector, las deudas acumuladas por certificados de obras rondan actualmente los USD 300 millones, de los cuales cerca de USD 100 millones corresponden a intereses generados por las demoras en los desembolsos.

Los representantes de la construcción sostienen que la regularización de estos pagos contribuirá a fortalecer la seguridad jurídica de los contratos, recuperar la confianza entre el Estado y las empresas privadas y garantizar la continuidad de proyectos de infraestructura considerados estratégicos para el país.