En entrevista con el canal GEN, el ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, destacó que 858 familias fueron inscritas y acreditadas como acogedoras o adoptivas, mientras que casi 1.000 niños y niñas fueron protegidos por el programa en su primer año de implementación.

“Este es un número muy importante frente a los registros que teníamos antes. Es fruto de una decisión política firme de priorizar la niñez y dar respuestas reales. Los niños separados de su familia necesitan una respuesta inmediata, y esa respuesta debe ser una familia”, afirmó el ministro.

El programa, creado para brindar un entorno temporal cálido y afectivo a niños separados de su familia por motivos graves, se convirtió en una alternativa eficiente al sistema de albergues. Según Gutiérrez, el objetivo es restituir derechos y ofrecer contención emocional, permitiendo que los menores “vuelvan a sentirse niños”.

“Un niño en guarda festeja su primer cumpleaños en una familia, pasa su primera Navidad en un hogar, siente el calor y la protección que necesita para sanar. Eso no tiene precio”, expresó.

El ministro explicó que el programa contempla un mecanismo de control y seguimiento técnico, con visitas domiciliarias y monitoreos posteriores incluso tras las adopciones. El aumento del presupuesto permitió fortalecer los equipos especializados y agilizar los procesos judiciales.

Actualmente, el Ministerio de la Niñez y Adolescencia trabaja en conjunto con el Poder Judicial y la Defensoría Pública para mejorar la respuesta institucional.

Además, las familias acogedoras reciben apoyo económico mensual (en el caso de solicitarlo) mientras dura el cuidado alternativo. “El Estado no puede mirar al costado. Si pide a una familia que cuide de un niño, debe acompañarla y garantizar los recursos para hacerlo dignamente”, subrayó Gutiérrez.

El éxito del programa motivó su fortalecimiento en el Presupuesto General 2026, con nuevas metas de ampliación.

Requisitos para ser familia acogedora:

Tener entre 25 y 65 años.

No tener intenciones de adopción.

Completar evaluaciones y entrevistas psicológicas y sociales.

Presentar documentación personal y aceptar el acompañamiento técnico.

Mostrar disposición para mantener contacto con la familia de origen del niño.

Las personas interesadas pueden postularse a través de familiasdelaguarda.minna.gov.py, donde se detallan los requisitos y pasos del proceso.

Durante su intervención en la presentación de su informe ante la ANR, el mandatario señaló que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada en el período fue del 2,4%, lo que representaba un aumento cercano a G. 69.000 para los trabajadores que perciben el salario mínimo.

“Un número que claramente es muy bajo para la clase trabajadora”, expresó Peña al justificar la decisión de elevar el porcentaje de ajuste.

En ese sentido, informó que resolvió duplicar el incremento inicialmente calculado. “He tomado la decisión de duplicar ese monto y que el incremento sea del 5%. Es un número equilibrado y no pone en riesgo la estabilidad macroeconómica que el Paraguay, a lo largo de gobiernos colorados, ha sabido equilibrar”, afirmó.

El anuncio se produce luego de que el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) concluyera una serie de reuniones sin alcanzar consenso entre empleadores y representantes de los trabajadores. Mientras los gremios empresariales proponían limitar el ajuste al 2,4% determinado por el Banco Central del Paraguay, las centrales obreras reclamaban un incremento de entre el 20% y el 22%, argumentando una pérdida sostenida del poder adquisitivo en los últimos años.

Las organizaciones sindicales sostenían que el salario mínimo requería un aumento de entre G. 579.000 y G. 637.790 para compensar el encarecimiento del costo de vida acumulado, mientras que los empleadores insistían en ceñirse al mecanismo tradicional basado exclusivamente en la inflación.

Ante la falta de acuerdo, el Conasam decidió recomendar un reajuste que contemplara no solo la inflación, sino también otros factores económicos y sociales, aunque sin revelar el porcentaje sugerido.

Con el incremento del 5% anunciado por el Ejecutivo, el salario mínimo pasaría de G. 2.899.048 a G. 3.044.000 mensuales, lo que representa una suba de G. 144.952 para los trabajadores que perciben el sueldo básico.

El nuevo esquema de integración abarca a un total de 26 empresas permisionarias que ya están habilitadas para interactuar con la flota eléctrica.

Entre las compañías incorporadas a este beneficio se encuentran firmas tradicionales como Automotores Guaraní (líneas 15 y 47), Capiatá S.R.L (líneas 53, 58 y 128), La Sanlorenzana (líneas 45, 50 y 56), Grupo Bene (líneas 11 y 203), La Limpeña (líneas 20, 49 y 220) y TTL S.A (líneas 23, 24 y 33).

Además, se suman al sistema los itinerarios de empresas como Aldana S.A, De la Conquista, Ñandutí, Vanguardia, Ciudad de Limpio, Ciudad de Luque, Cerro Koi, General Aquino, Mariscal López, Puerto Falcón, San José Obrero, GMT y T, 1° de Diciembre, 16 de Noviembre, 3 de Febrero, Asociación de Usuarios, Ciudad de Villeta, El Bus, La Chaqueña y La Lomita.

Para acceder al beneficio, los pasajeros que utilicen cualquiera de las líneas mencionadas podrán abordar posteriormente los buses eléctricos en los trayectos E1, E2 o E3 de forma completamente gratuita.

El sistema establece una ventana de tiempo de hasta 120 minutos desde la validación del primer viaje para realizar hasta dos transbordos sin costo adicional. Las combinaciones se pueden realizar de forma interna entre las tres líneas de electromovilidad para ampliar las opciones de cobertura.

El proceso opera mediante validaciones automáticas que reconocen el historial de viaje del usuario y aplican el beneficio tarifario de manera inmediata.

La iniciativa, que ahora deberá ser analizada por la Cámara de Diputados, autoriza al Estado a emitir bonos o títulos de deuda pública para obtener recursos destinados a cancelar compromisos atrasados con contratistas de obras públicas.

Desde Cavialpa señalaron que la propuesta representa un paso importante para reconocer el impacto económico que sufren las empresas cuando los pagos se retrasan durante largos períodos. El proyecto establece una tasa máxima de interés del 9,9% anual y fija un plazo de 90 días para calcular los montos adeudados una vez promulgada la ley.

De acuerdo con el sector, las deudas acumuladas por certificados de obras rondan actualmente los USD 300 millones, de los cuales cerca de USD 100 millones corresponden a intereses generados por las demoras en los desembolsos.

Los representantes de la construcción sostienen que la regularización de estos pagos contribuirá a fortalecer la seguridad jurídica de los contratos, recuperar la confianza entre el Estado y las empresas privadas y garantizar la continuidad de proyectos de infraestructura considerados estratégicos para el país.