Del Rosario López Flores decidió recurrir a la prensa de nuestro país y también del Perú para realizar una denuncia formal contra el Comisario Principal Genaro Torossi Esquivel.

El uniformado -con quien estuvo casada años atrás- la habría agredido física y psicológicamente durante el tiempo que convivieron juntos, además de haberla tenido bajo constantes amenazas.

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Por si fuera poco, Torossi también se habría apropiado de una suma total que asciende a cerca de G. 1.300 millones en el transcurso de tiempo que duró su matrimonio, según la acusación.

Esta ciudadana peruana ya recurrió a varias instituciones, incluyendo la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional y el Poder Judicial, sin embargo, sigue sin ninguna respuesta, hecho que lamenta con mucho pesar.

“Pido justicia, no favoritismo de nadie”, expresó López, quien, como última instancia y en busca de ejercer mayor presión, decidió recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar al Estado paraguayo.

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En una conferencia de prensa, autoridades de la Policía Nacional confirmaron que el comisario se encuentra “en situación de disponibilidad” y pendiente de pasar a retiro, debido a la denuncia de apropiación planteada por su exesposa.

Dicho caso ya se encuentra en la justicia ordinaria y la Fiscalía solicitó un sobreseimiento provisional por un año, a fin de recabar mayores evidencias contra Torossi, indicó el Crio Pablo Ortiz, director de Justicia Policial.

Julio Esteban Duré, de 23 años, acudió a la Comisaría 11º de Asunción para denunciar la apropiación de una encomienda que nunca llegó a destino y que debía ser entregada vía delivery.

Se trata de unos smart glasses (lentes inteligentes), valuados en alrededor de G. 750.000, cuyo traslado estuvo a cargo de un conductor de Moto Bolt, identificado como Jhony Andrés Quiñónez Antúnez, de 19 años.

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Conforme a la denuncia, este joven nunca llegó a entregar el dispositivo a su destinatario final, que reside en la ciudad de Luque, quedándose con el mismo para posteriormente tratar de revenderlo.

Duré, comerciante de profesión, días después se percató que los mismos lentes estaban siendo ofrecidos a la venta a través de la plataforma online Marketplace de Facebook, razón por la que decidió acudir a la Policía.

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Fue así como el afectado coordinó una entrega vigilada con acompañamiento policial, simulando ser un potencial comprador. Al llegar al lugar indicado, en el barrio Herrera de la capital, los uniformados detuvieron al acusado.

En poder de Quiñónez incautaron el paquete, con todos sus accesorios en su interior, confirmándose así el hecho denunciado.

El anuncio fue realizado por el intendente Luis Bello durante un acto llevado a cabo en la sede de la Segunda Compañía del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Asunción, en el barrio Santísima Trinidad.

“Los bomberos cuidan Asunción y Asunción debe cuidar a sus bomberos”, expresó el jefe comunal al confirmar la transferencia de recursos a favor del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Asunción (CBVA).

Desde la Municipalidad destacaron que se trata del primer desembolso realizado desde el año 2020, constituyendo un respaldo significativo para ambas instituciones.

Los fondos provienen del mecanismo establecido por la Ordenanza N.º 186/12, que destina el 3,5% de lo recaudado en concepto de Impuesto a la Construcción para el financiamiento de los cuerpos de bomberos que prestan servicios en la capital.

Según la normativa vigente, el 60% de los recursos corresponde al CBVP y el 40% al CBVA. El dinero deberá ser destinado exclusivamente a la adquisición y reparación de equipos, herramientas, vehículos e insumos, así como a la construcción y mantenimiento de cuarteles y a gastos relacionados con el traslado e importación de donaciones provenientes del exterior.

Los convenios firmados establecen además mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas para la utilización de los recursos, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. Cada desembolso estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria y a la presentación y aprobación de las respectivas rendiciones de cuentas.

El proyecto de Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas para la Inclusión Social y la Reducción de la Pobreza busca regular los programas que asisten a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad.

La normativa incluye a los programas en los que el Estado entrega sumas de dinero (periódicas o extraordinarias) a familias o personas en situación de pobreza, condicionadas al cumplimiento de compromisos específicos orientados a reducir la pobreza.

El elemento fundamental que se incorpora es el Registro Social de Hogares, un instrumento obligatorio para la clasificación socioeconómica de los hogares.

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Desde el Ejecutivo señalaron que, con esta herramienta, se avanzará en una focalización más precisa hacia las poblaciones en situación de pobreza, con prioridad para las comunidades indígenas y las personas con discapacidad a través de programas como Tekoporã.

Para una mejor trazabilidad, transparencia y rendición de cuentas, se implementará de manera progresiva la tecnología en el manejo de la información.

El nuevo marco legal permitirá evitar la duplicación de programas y hacer más eficiente el uso de recursos financieros, ya que habrá una coordinación entre todas las instituciones, con el liderazgo del Ministerio de Desarrollo Social (MDS).

De prosperar esta propuesta en el Congreso, la actual ley que data del año 2011 quedará derogada y entrará en vigencia la nueva.