Incautan drogas, armas y celulares en el Cereso
Varios objetos fueron retirados del penal. Foto: Gentileza.
Un procedimiento de requisa en el pabellón A Baja del Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Encarnación terminó con la incautación de varios objetos que amenazaban la seguridad penitenciaria.
Agentes del Departamento de Seguridad del Ministerio de Justicia, la Policía Nacional, efectivos del grupo táctico GEO, personal del grupo Lince y de Departamento de Antinarcóticos de Itapúa realizaron un operativo dentro del Cereso a tempranas horas del miércoles.
Como resultado de la intervención se logró la incautación de 27,7 gramos de presunta marihuana distribuidos en 27 dosis, 37 armas blancas de fabricación casera, 12 aparatos celulares de distintas marcas con 14 cargadores.
Además, descubrieron una balanza de precisión pequeña, cuatro paquetes de levadura de 500 gramos, siete baldes y diez botellas con bebida fermentada tipo chicha, además de dos ollas a presión.
El hecho fue comunicado al agente fiscal de turno, quien dispuso el retiro de la sustancia estupefaciente por personal técnico de la Policía Nacional.
Los aparatos celulares incautados fueron remitidos a la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios para la investigación correspondiente.
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Seis ascensores de IPS fuera de servicio: se arreglarían en un mes
Al ser muy largo el tiempo de espera, algunos optan por las escaleras.
De los 20 elevadores que tiene el IPS Central, seis se encuentran fuera de servicio. El contrato con la empresa adjudicada para la reparación está suspendido hace ocho meses por una protesta, pero el conflicto se destrabó ayer y comenzarán la reparación dentro de unos días.
La Licitación Pública Nacional N.º 164/24, para la “Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, con provisión de repuestos a demanda para ascensores del Hospital Central” fue adjudicada por un monto de 3.500 millones de guaraníes, con una vigencia de 25 meses a la empresa Renfe.
Los trabajos comenzaron el año pasado y continuaron por tres meses, hasta que una empresa presentó una protesta a la cual hizo lugar la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas hace ocho meses. Finalmente ayer, la protesta fue rechazada.
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“Hoy tenemos seis ascensores parados por falta de mantenimiento correctivo. Estamos esperando la liberación de la parte documental para que esta empresa retorne, creemos que a mediados de la otra semana ya van a presentarse”, explicó Juan Penayo, jefe del Departamento de Mantenimiento del IPS Central.
Al momento de la suspensión del contrato, se estaba haciendo el mantenimiento de dos ascensores. Sin embargo, los seis ascensores quedaron fuera de servicio “recién” hace 30 días. Los elevadores descompuestos son de uso de familiares y visitantes, no así por los pacientes, aclaró.
“Hoy tengo dos ascensores que deberían estar funcionando en 24 horas por el tipo de repuesto que necesita, pero otros que tardarían un poco más porque entran en mantenimiento del sistema, pero una vez que tengamos disponible el contrato, estos seis ascensores que tenemos parados ya estarían funcionando”, afirmó.
Los representantes de la empresa adjudicada empezarán a trabajar a partir del miércoles de la próxima semana. Desde ese momento podrá contarse el plazo de 24 horas.
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Policías rechazan edad mínima para la jubilación y explican por qué
Fuerzas Públicas rechazan establecer una edad mínima para la jubilación, por parte de las fuerzas públicas.
Las Fuerzas Públicas, al igual que los docentes, también están en contra de establecer edades mínimas para la jubilación. Explican qué pasaría si se aplicara esta propuesta y plantean una tasa sobre el usufructo de tierras.
El suboficial Superior (SR) Carlos Silvero, presidente de la Asociación e Integración de Suboficiales Retirados de la Policía Nacional, dijo que están de acuerdo con la aplicación de una reforma, pero no con el planteamiento del Ejecutivo respecto a la edad mínima de jubilación.
“Nosotros estamos de acuerdo en los 35 años de servicio, pero en la edad mínima a ver si nos podrían tener compasión porque el 70 % de las fuerzas públicas entraron a los 17 o 18 años, y no se puede cambiar las reglas cada seis meses o un año”, cuestionó Silvero, en un contacto con radio Universo 970 AM.
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Además de la aplicación de una tasa sobre el usufructo de tierras, proponen un aporte especial proveniente de Itaipú Binacional, para su destino a la Caja Fiscal.
El gremio además propone modificar el esquema de aportes obligatorios, elevándolos al 24%, distribuido de la siguiente manera: 18% a cargo del afiliado y 6% como contribución patronal del Estado. La propuesta del Ejecutivo plantea 19% a cargo del afiliado y 3% a cargo del Estado (22% total)
Pese a que el Ministerio asegura que se respetarán los derechos adquiridos, el gremio sostiene que el artículo 14 del proyecto deroga la ley 4.493/11 que establece los montos de la escala de sueldo básico mensual y otras remuneraciones.
Sin embargo, el ministro de Economía explicó que la ley no es retroactiva y que, quienes ya se jubilaron con otras condiciones, mantendrán sus derechos adquiridos. No obstante, los policías creen que aquí existe una pequeña laguna jurídica.
Todo cotizante que, al momento de la promulgación de a ley, haya reunido los requisitos exigidos por la normativa vigente para acceder a la Jubilación o al retiro, podrá regirse por las disposiciones establecidas en la Ley N.º 2345/2003 y sus modificaciones, así como por las leyes especiales que regulan cada régimen específico del sistema, sin quedar sujeto a las nuevas disposiciones.
Los derechos consolidados forman parte del patrimonio de sus titulares y no pueden ser modificados ni desconocidos por normas posteriores. El nuevo marco normativo regirá únicamente para los futuros servidores públicos y para aquellos que aún no hayan configurado su derecho a la jubilación o al retiro, permitiendo así una transición ordenada, gradual y sin efectos retroactivos.
Jubilación a los 45 años: plan docente implicará inflación y despidos, advierten
Los supermercadistas advierten que si suben los impuestos, todo se encarecerá. Foto: archivo.
La Cámara Paraguaya de Supermercados (CAPASU) expresó su rechazo a la propuesta impulsada por sectores docentes para sostener la jubilación anticipada a los 45 años mediante un mayor aporte estatal, lo que demandará una suba del IVA del 10 al 14 %, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Desde el gremio advierten que esta medida tendría un impacto directo en los precios, el empleo y el poder adquisitivo de la ciudadanía.
El presidente de CAPASU, Gustavo Lezcano, sostuvo que la reforma de la Caja Fiscal es “urgente e impostergable”, pero debe ser profunda y equitativa, eliminando privilegios que hoy benefician a sectores específicos en detrimento del resto de los trabajadores.
“La reforma es necesaria, pero tiene que ser profunda. No puede ser que el obrero del sector privado necesite 25 años de aporte y 65 años de edad para jubilarse, mientras otros sectores lo hacen a los 44 o 45 años, estando todavía en plena edad activa”, afirmó al canal GEN.
El titular de CAPASU cuestionó que estas personas jubiladas de manera anticipada continuan trabajando en el sector privado, percibiendo de esta manera un doble ingreso: su jubilación y su salario.
“Eso es lo que genera el problema que hoy tenemos. Y lo más grave es que se pretenda solucionar subiendo impuestos, a costa del bolsillo de la gente”, remarcó.
En ese sentido, el gremio supermercadista manifestó su respaldo a la propuesta del Poder Ejecutivo de establecer una edad mínima de jubilación para sectores que actualmente no la tienen, como docentes y fuerzas públicas.
Consultado sobre las consecuencias económicas de una eventual suba de impuestos para financiar estas jubilaciones, Lezcano advirtió que habrá inflación, encarecimiento del costo de vida y posibles despidos.
“Si se sube el IVA, el incremento de precios es inevitable. Eso atenta directamente contra el poder adquisitivo de la gente y también puede derivar en pérdida de empleos”, advirtió.
Pidió por ello a los docentes y demás interesados en la reforma, que sean más patriotas y piensen en toda la ciudadanía.
El debate se da en un contexto de fuerte desequilibrio financiero de la Caja Fiscal. Según datos oficiales, mientras en el Instituto de Previsión Social (IPS) existen 10 aportantes activos por cada jubilado, en la Caja Fiscal esa relación es de apenas tres aportantes por beneficiario, lo que acelera el crecimiento del déficit.
Actualmente, el Estado destina alrededor de USD 380 millones anuales para cubrir este sistema. El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, advirtió que sostener jubilaciones anticipadas implicaría consultar a la ciudadanía si está dispuesta a pagar un IVA del 14 % para financiar a los únicos sectores que se retiran antes de la edad jubilatoria promedio.
