En respuesta a una campaña iniciada aparentemente por personas que buscan acceder a tierras del Chaco a precio de reforma agraria y venderlas a costo inmobiliario, el presidente del Indert expuso cómo inició el proceso de adjudicación de tierras.

Los expedientes se abrieron hace unos 20 años, cuando ni siquiera se había concedido la sola idea del corredor Bioceánico.Aparecieron los ocupantes de lote y solicitaron iniciar el proceso de regularización a su nombre.

Ruiz Díaz recordó lo que establece la ley. “Ocupás tierras públicas, querés titular a u nombre pagás la mensura, un abogado etc, se le va a asignar número de finca y va a pasar a nombre del Indert primero porque es del estado. Luego el Indert tiene que transferir al ocupante para que lo utilice de manera productiva”, comentó. Para esa aprobación, el Indert tuvo que haber constatado que el solicitante vive en ese lugar.

En ese proceso ya abierto, algunos entes, entre ellos, Aduana, mostraron interés en las mismas tierras. Se abrió un expediente cuando el padrón 312 estaba a nombre del Indert, pero ya con una resolución a favor de Adolfo Gabriel Ehreke por las 29 hectáreas.

Posteriormente, se decide fraccionar el padrón 312 y se le entrega la fracción A (11 hectáreas) a la Aduana y B para el señor Ehreke, por 17 hectáreas. Posteriormente, Ehreke acciona judicialmente para recuperar la totalidad.

“Hoy las 29 ya están tituladas, se restituye el derecho. Nosotros hemos adjudicado a nuestro beneficiario conforme al estatuto agrario”, comentó Ruiz Díaz en una entrevista con el canal Gen.

El presidente insistió en que la adjudicación de tierras en zona de la Bioceánica se realizó fundamentada a la Ley y que el establecimiento del precio, es parte de un proceso, por resolución de la Junta Asesora y de Control de Gestión del Indert, por lo cual no se otorgan tierras sin previo estudio técnico y jurídico.

“El sistema de valoración del Indert no es como una inmobiliaria. Si nos van a acusar porque estamos dando tierras a precios por debajo del valor del mercado, no podríamos hacer la reforma agraria. ¿Qué clase de reforma agraria será esa?”, se preguntó.

El titular del Indert no tiene potestad para fijar precios, explicó la gerente de créditos de la institución, Diana Cárdenas. También recordó que los lotes del INDERT están establecidos en el Estatuto Agrario.

Por otro lado, Ruiz Díaz hizo mención a un acuerdo fraulento que pretendía hacer un negocio con las tierras fiscales.

“Estoy trancando un acuerdo de permuta del año 2022 que canjeaba 1.300 hectáreas de Itakyry (a G 100 millones/ha) y fondeaba un crédito de 16 millones de dólares para lotear de forma privada inmuebles de la Bioceanica”, comentó Ruiz Díaz y contó que impidió que un abotado de San Lorenzo ejecute el trámite.

Cansado de los constantes reclamos a la Municipalidad de Asunción, nace la plataforma Asu Reclamos, impulsada por un ciudadano asunceno, Ever Escalante.

Según el creador, la aplicación nace desde un barrio, donde los vecinos padecen un montón de situaciones que muchas veces no son escuchadas por la comuna. Con la app Asu Reclamos cada reclamo podrá tener su seguimiento y gestión.

La plataforma permite reportar baches, basura, problemas de alumbrado y espacios públicos. Además de registrar los reclamos con ubicación georreferenciada y acompañar el proceso de cada caso, promoviendo la rendición de cuentas.

Cada reporte es registrado, clasificado y acompañado, con el compromiso de gestionar ante las instancias correspondientes y mantener informada a la ciudadanía.

La aplicación ya se encuentra disponible como una herramienta abierta para todos los vecinos de Asunción y del país.

La Licitación Pública Nacional N.º 164/24, para la “Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, con provisión de repuestos a demanda para ascensores del Hospital Central” fue adjudicada por un monto de 3.500 millones de guaraníes, con una vigencia de 25 meses a la empresa Renfe.

Los trabajos comenzaron el año pasado y continuaron por tres meses, hasta que una empresa presentó una protesta a la cual hizo lugar la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas hace ocho meses. Finalmente ayer, la protesta fue rechazada.

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“Hoy tenemos seis ascensores parados por falta de mantenimiento correctivo. Estamos esperando la liberación de la parte documental para que esta empresa retorne, creemos que a mediados de la otra semana ya van a presentarse”, explicó Juan Penayo, jefe del Departamento de Mantenimiento del IPS Central.

Al momento de la suspensión del contrato, se estaba haciendo el mantenimiento de dos ascensores. Sin embargo, los seis ascensores quedaron fuera de servicio “recién” hace 30 días. Los elevadores descompuestos son de uso de familiares y visitantes, no así por los pacientes, aclaró.

“Hoy tengo dos ascensores que deberían estar funcionando en 24 horas por el tipo de repuesto que necesita, pero otros que tardarían un poco más porque entran en mantenimiento del sistema, pero una vez que tengamos disponible el contrato, estos seis ascensores que tenemos parados ya estarían funcionando”, afirmó.

Los representantes de la empresa adjudicada empezarán a trabajar a partir del miércoles de la próxima semana. Desde ese momento podrá contarse el plazo de 24 horas.

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El suboficial Superior (SR) Carlos Silvero, presidente de la Asociación e Integración de Suboficiales Retirados de la Policía Nacional, dijo que están de acuerdo con la aplicación de una reforma, pero no con el planteamiento del Ejecutivo respecto a la edad mínima de jubilación.

“Nosotros estamos de acuerdo en los 35 años de servicio, pero en la edad mínima a ver si nos podrían tener compasión porque el 70 % de las fuerzas públicas entraron a los 17 o 18 años, y no se puede cambiar las reglas cada seis meses o un año”, cuestionó Silvero, en un contacto con radio Universo 970 AM.

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Además de la aplicación de una tasa sobre el usufructo de tierras, proponen un aporte especial proveniente de Itaipú Binacional, para su destino a la Caja Fiscal.

El gremio además propone modificar el esquema de aportes obligatorios, elevándolos al 24%, distribuido de la siguiente manera: 18% a cargo del afiliado y 6% como contribución patronal del Estado. La propuesta del Ejecutivo plantea 19% a cargo del afiliado y 3% a cargo del Estado (22% total)

Pese a que el Ministerio asegura que se respetarán los derechos adquiridos, el gremio sostiene que el artículo 14 del proyecto deroga la ley 4.493/11 que establece los montos de la escala de sueldo básico mensual y otras remuneraciones.

Sin embargo, el ministro de Economía explicó que la ley no es retroactiva y que, quienes ya se jubilaron con otras condiciones, mantendrán sus derechos adquiridos. No obstante, los policías creen que aquí existe una pequeña laguna jurídica.

Todo cotizante que, al momento de la promulgación de a ley, haya reunido los requisitos exigidos por la normativa vigente para acceder a la Jubilación o al retiro, podrá regirse por las disposiciones establecidas en la Ley N.º 2345/2003 y sus modificaciones, así como por las leyes especiales que regulan cada régimen específico del sistema, sin quedar sujeto a las nuevas disposiciones.

Los derechos consolidados forman parte del patrimonio de sus titulares y no pueden ser modificados ni desconocidos por normas posteriores. El nuevo marco normativo regirá únicamente para los futuros servidores públicos y para aquellos que aún no hayan configurado su derecho a la jubilación o al retiro, permitiendo así una transición ordenada, gradual y sin efectos retroactivos.