En la administración de Mario Abdo Benítez se firmó un acuerdo entre el Indert y Héctor Urbano Parodi, funcionario de la Municipalidad de San Lorenzo, quien decía tener un inmueble de 1.400 hectáreas en Itakyry y ofreció al Indert entregar el título. La institución respondió que no tenía cómo pagar, por lo que Parodi propuso un acuerdo de permuta por el cual el Indert asumió una deuda de USD 16 millones que Parodi podía cobrarla a través de tierras en la zona de influencia de la Bioceánica, según explicó el actual titular del Inder, Francisco Ruiz Díaz.

“Si yo tomo esos 16 millones y los divido en valores promedio, voy a encontrar que tengo que entregar 200.000 hectáreas del Chaco. Con ese acuerdo se formó una inmobiliaria, con esa inmobiliaria se iba a entregar 200.000 hectáreas principalmente en la zona de influencia en la Bioceánica”,comentó Ruiz Díaz.

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Con el acuerdo, la inmobiliaria tenía un crédito de 16 millones de dólares para vender toda la zona de la Bioceánica.

Todos los expedientes hoy cuestionados se abrieron en el 2018, o al menos, la gran mayoría. Lo que el Indert asegura haber hecho es restituir el derecho a las personas estafadas.

Ruiz Díaz se enteró de esto en diciembre del 2023, razón por la cual, el 17 de enero del 2024 sacó una resolución por la cual cancela todo tipo de permuta.”Tranqué todo tipo de permuta y ahí la inmobiliaria se quedó sin esas 200.000 hectáreas porque no le he permitido permutar tierra, quieren volver a abrir la canilla que cerré”, advirtió.

Aquel documento señalaba en el punto cuatro, que la vía de la compensación (permuta) en dación de pagos que se pretende imponer a la institución no es una figura establecida en la Ley y compromete de forma peligrosa los recursos necesarios para llevar a cabo la reforma agraria.

La reforma agraria se tiene que ejecutar en un 95 % en la región Oriental, y solamente un 5 % en el Chaco.

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Cansado de los constantes reclamos a la Municipalidad de Asunción, nace la plataforma Asu Reclamos, impulsada por un ciudadano asunceno, Ever Escalante.

Según el creador, la aplicación nace desde un barrio, donde los vecinos padecen un montón de situaciones que muchas veces no son escuchadas por la comuna. Con la app Asu Reclamos cada reclamo podrá tener su seguimiento y gestión.

La plataforma permite reportar baches, basura, problemas de alumbrado y espacios públicos. Además de registrar los reclamos con ubicación georreferenciada y acompañar el proceso de cada caso, promoviendo la rendición de cuentas.

Cada reporte es registrado, clasificado y acompañado, con el compromiso de gestionar ante las instancias correspondientes y mantener informada a la ciudadanía.

La aplicación ya se encuentra disponible como una herramienta abierta para todos los vecinos de Asunción y del país.

La Licitación Pública Nacional N.º 164/24, para la “Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, con provisión de repuestos a demanda para ascensores del Hospital Central” fue adjudicada por un monto de 3.500 millones de guaraníes, con una vigencia de 25 meses a la empresa Renfe.

Los trabajos comenzaron el año pasado y continuaron por tres meses, hasta que una empresa presentó una protesta a la cual hizo lugar la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas hace ocho meses. Finalmente ayer, la protesta fue rechazada.

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“Hoy tenemos seis ascensores parados por falta de mantenimiento correctivo. Estamos esperando la liberación de la parte documental para que esta empresa retorne, creemos que a mediados de la otra semana ya van a presentarse”, explicó Juan Penayo, jefe del Departamento de Mantenimiento del IPS Central.

Al momento de la suspensión del contrato, se estaba haciendo el mantenimiento de dos ascensores. Sin embargo, los seis ascensores quedaron fuera de servicio “recién” hace 30 días. Los elevadores descompuestos son de uso de familiares y visitantes, no así por los pacientes, aclaró.

“Hoy tengo dos ascensores que deberían estar funcionando en 24 horas por el tipo de repuesto que necesita, pero otros que tardarían un poco más porque entran en mantenimiento del sistema, pero una vez que tengamos disponible el contrato, estos seis ascensores que tenemos parados ya estarían funcionando”, afirmó.

Los representantes de la empresa adjudicada empezarán a trabajar a partir del miércoles de la próxima semana. Desde ese momento podrá contarse el plazo de 24 horas.

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El suboficial Superior (SR) Carlos Silvero, presidente de la Asociación e Integración de Suboficiales Retirados de la Policía Nacional, dijo que están de acuerdo con la aplicación de una reforma, pero no con el planteamiento del Ejecutivo respecto a la edad mínima de jubilación.

“Nosotros estamos de acuerdo en los 35 años de servicio, pero en la edad mínima a ver si nos podrían tener compasión porque el 70 % de las fuerzas públicas entraron a los 17 o 18 años, y no se puede cambiar las reglas cada seis meses o un año”, cuestionó Silvero, en un contacto con radio Universo 970 AM.

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Además de la aplicación de una tasa sobre el usufructo de tierras, proponen un aporte especial proveniente de Itaipú Binacional, para su destino a la Caja Fiscal.

El gremio además propone modificar el esquema de aportes obligatorios, elevándolos al 24%, distribuido de la siguiente manera: 18% a cargo del afiliado y 6% como contribución patronal del Estado. La propuesta del Ejecutivo plantea 19% a cargo del afiliado y 3% a cargo del Estado (22% total)

Pese a que el Ministerio asegura que se respetarán los derechos adquiridos, el gremio sostiene que el artículo 14 del proyecto deroga la ley 4.493/11 que establece los montos de la escala de sueldo básico mensual y otras remuneraciones.

Sin embargo, el ministro de Economía explicó que la ley no es retroactiva y que, quienes ya se jubilaron con otras condiciones, mantendrán sus derechos adquiridos. No obstante, los policías creen que aquí existe una pequeña laguna jurídica.

Todo cotizante que, al momento de la promulgación de a ley, haya reunido los requisitos exigidos por la normativa vigente para acceder a la Jubilación o al retiro, podrá regirse por las disposiciones establecidas en la Ley N.º 2345/2003 y sus modificaciones, así como por las leyes especiales que regulan cada régimen específico del sistema, sin quedar sujeto a las nuevas disposiciones.

Los derechos consolidados forman parte del patrimonio de sus titulares y no pueden ser modificados ni desconocidos por normas posteriores. El nuevo marco normativo regirá únicamente para los futuros servidores públicos y para aquellos que aún no hayan configurado su derecho a la jubilación o al retiro, permitiendo así una transición ordenada, gradual y sin efectos retroactivos.