Desde este 24 de noviembre, los pescadores recibirán el pago por parte del Estado en compensación por la veda.

El lanzamiento oficial se realiza en Pilar, departamento de Ñeembucú, donde recibirán el pago 231 pescadores de la zona, según el Ministerio de Desarrollo Social.

El pago es entre G. 750.000 y G. 2.300.000, dependiendo de si el beneficiario es un individuo o una familia, y de la zona de pesca.

Cabe recordar que el subsidio se entrega a pescadores en situación de pobreza, extrema pobreza o vulnerabilidad, cuya única actividad económica es la pesca.

El año pasado, un total de 4.491 pescadores de todo el país recibieron el pago durante el cese de la actividad, se estima que este año recibirán aproximadamente esa misma cantidad.

La veda inició el pasado 2 de noviembre en aguas compartidas con Argentina y Brasil. En el caso de Argentina, se extenderá hasta el 20 de diciembre, mientras que con Brasil finalizará el 31 de enero del 2026, garantizando el tiempo necesario para la reproducción de las especies.

Impulsado por la legisladora Bettina Aguilera, el documento destaca la importancia estratégica de la muestra en su edición 2026.

El texto refiere que la ciudad de Areguá es ampliamente reconocida por su riqueza cultural, artesanal y turística, siendo, además, uno de los principales destinos del país durante la temporada de producción de frutillas.

En ese sentido, se menciona que la Expo Frutilla se consolidó como uno de los eventos más importantes del calendario turístico nacional, congregando anualmente a miles de visitantes provenientes de distintos puntos del país y del extranjero.

Según la proyectista, la exposición constituye una valiosa oportunidad para que los productores locales y, en especial las productoras, comercialicen sus productos, generando ingresos que contribuyan al desarrollo económico de sus familias.

Asimismo, sostiene que dicho evento promueve buenas prácticas de nutrición con el consumo de la frutilla y de una amplia variedad de productos derivados, impulsando el emprendimiento, la innovación gastronómica y el fortalecimiento de los pequeños y medianos emprendimientos productivos.

La exposición también representa un importante espacio de promoción de la identidad cultural de Areguá, integrando manifestaciones artísticas, artesanales, gastronómicas y recreativas que enriquecen la oferta turística del país y fortalecen el patrimonio cultural nacional.

La Directora General de Protocolo y Ceremonial de la comuna, Tania Villalba, denunció ante el Juzgado al edil quien supuestamente la amedrentó al término de un acto oficial organizado para homenajear al arquero Orlando Gill.

“Me pone contra la pared del pasillo y me comienza a apuntar con el dedo diciéndome que por qué carajos no le atendí el teléfono, qué mierda me creo, que soy una inútil”, expresó Villalba durante una entrevista en la radio Universo 970/Nación Media.

La gravedad del hecho escaló al punto de que un consejero de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente (CODENI), quien se encontraba en el lugar, tuvo que interponerse entre ambos, según señaló la afectada, confirmando que dicha persona ya prestó declaración en calidad de testigo.

Días después del altercado, el edil presentó una minuta ante la Junta Municipal donde, según el testimonio de Villalba, realizó nuevas amenazas, esta vez respaldado por otros concejales, dando lugar a un acalorado debate de más de 40 minutos.

A raíz de la divulgación del caso, la funcionaria aseguró que otros compañeros de diversas dependencias municipales se pusieron en contacto con ella para manifestar su apoyo y visibilizar un presunto patrón reiterado de conducta.

La Contraloría Ciudadana de CDE expuso públicamente presuntas irregularidades que involucran de manera directa a Gilda María Portillo Vera, de profesión abogada.

Esta profesional del derecho aparece contratada como “asesora” en la Municipalidad de Ciudad del Este, con un salario de G. 11.000.000, según consta en planillas oficiales.

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En su rol de abogada, la misma ejerce la representación legal del exintendente Miguel Prieto en el caso conocido como “Tajy”, además de otras causas penales que el mismo afronta ante la justicia.

En paralelo, Portillo también representa legalmente al actual concejal Sebastián Martínez Insfrán y el secretario general de la intendencia, Francisco Raimundo Arrúa Alvarez, quienes enfrentan denuncias por corrupción al igual que Prieto.

“Llamativamente, andaba cobrando como asesora externa en la Municipalidad de Minga Guazú, cuando el intendente Diego Ríos aún pertenecía al partido de Miguel Prieto (Yo Creo), y desde febrero pasó a percibir honorarios profesionales como asesora en la Municipalidad de Ciudad del Este”, mencionó a Universo 970 AM Víctor Enriquez, asesor jurídico de la Contraloría Ciudadana.

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El mismo habla de un “conflicto de intereses” por parte de Gilda Portillo, ya que aparece como funcionaria municipal y, a la par, defiende a dos personas acusadas de provocar un millonario perjuicio patrimonial al municipio, llegando incluso a ser imputados por lesión de confianza.

El equipo jurídico de la Contraloría Ciudadana se encuentra evaluando los aspectos legales del caso para determinar si corresponde impulsar una denuncia penal.