Mirta Arias, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, afirmó que el mejor escenario sería declarar feriados tanto el 26 de diciembre como el 2 de enero, aunque destacó que el 26 es el más factible por la dinámica de viajes y reencuentros familiares.

En charla con Unicanal, la trabajadora sostuvo que el feriado posterior a Navidad beneficiará directamente a miles de familias que viajan al interior y enfrentan complicaciones por el transporte y los tiempos de retorno. “Los trabajadores podrán estar con sus familias sin la presión de volver rápido. La Navidad es una fecha profundamente familiar”, señaló.

La dirigente también aseguró que la medida activará la economía en las distintas ciudades del país. “La gente cobra su aguinaldo y va al interior a pasar con sus seres queridos. Allí hará sus compras. Será algo positivo para las economías locales”, destacó.

En contrapartida, los empresarios y comerciantes no están para nada a favor de la posible medida. En ese sentido, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP) expresó su preocupación por la posible declaración de feriado tanto el 26 de diciembre como el 2 de enero, argumentando que la medida tendría un impacto directo en la actividad económica.

El gremio advierte que nuevos feriados implican incremento de costos laborales, especialmente para mipymes, afectación a la continuidad operativa de sectores que dependen de planificación anual estricta, interrupciones en la cadena de abastecimiento y en la prestación de servicios, menor previsibilidad normativa, clave para la inversión y la estabilidad empresarial.

La CNCSP sostuvo que comprende la importancia de las festividades, pero considera que sumar feriados no es compatible con los objetivos de fortalecer la economía, generar empleo y mantener la competitividad del país. Solicitó que cualquier decisión se tome con criterios de responsabilidad, previsibilidad y protección de la productividad.

Mientras los trabajadores defienden el impacto social y humano del feriado, los empresarios alertan por sus efectos económicos. El Gobierno aún debe definir si avanzará o no con la medida que ya polariza opiniones.

El Gobierno Nacional dejó sin efecto los decretos 5306 y 5307, vinculados al régimen de industrias convergentes y proyectos de transformación energética, según confirmó este martes el ministro de Industria y Comercio y jefe de Gabinete, Javier Giménez.

“El presidente ordenó que se deje sin efecto los decretos relacionados con industrias convergentes”, afirmó el secretario de Estado, al anunciar la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo.

Las normativas habían sido promulgadas en enero de este año y posteriormente modificadas en abril, con el objetivo de establecer condiciones especiales para atraer inversiones de alto consumo energético al país.

El Decreto 5306 declaraba como política pública el desarrollo de las denominadas industrias convergentes, categoría que incluía actividades como centros de datos, inteligencia artificial, computación de alto rendimiento y otras iniciativas tecnológicas intensivas en el uso de energía eléctrica. La normativa contemplaba además mecanismos especiales para la habilitación de estos proyectos y esquemas tarifarios específicos para el suministro de energía.

Por su parte, el Decreto 5307 estaba orientado a proyectos denominados “Power to X”, destinados a transformar energía eléctrica en productos de valor agregado como hidrógeno verde, amoníaco verde, metanol y combustibles sintéticos, considerados estratégicos dentro de la transición energética global.

Ambos decretos buscaban aprovechar la disponibilidad de energía hidroeléctrica paraguaya para captar inversiones nacionales y extranjeras, ofreciendo previsibilidad para proyectos de gran escala.

Sin embargo, el Ejecutivo decidió dar marcha atrás a estas disposiciones. “Este gobierno no tiene empachos en corregir en lo que se tenga que corregir”, sostuvo Giménez al explicar la determinación.

El ministro argumentó que la prioridad del Gobierno pasa actualmente por fomentar un mayor aprovechamiento interno de la energía generada en el país. “La prioridad ahora es dejar de exportar energía y que se use en Paraguay”, expresó.

La derogación de las normas marca un cambio en la estrategia impulsada por el Ejecutivo respecto al uso de la energía disponible, en momentos en que el debate sobre industrialización, inversiones y aprovechamiento de los excedentes hidroeléctricos ocupa un lugar central en la agenda económica nacional.

El encuentro se llevó a cabo en Villa Serrati, sede del MEF, y estuvo encabezado por el ministro de Economía, Oscar Lovera, y la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión. También participaron el viceministro de Economía y Planificación, Gerardo Ruiz Díaz; la gerente de Economía, Nathalia Rodríguez; así como representantes de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) y la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco).

Durante la reunión fueron evaluados los avances en el cumplimiento de los pagos correspondientes a obligaciones pendientes con el sector, además de la ejecución presupuestaria del MOPC en el presente ejercicio fiscal.

Las autoridades también analizaron el ritmo de ejecución de las obras públicas desarrolladas durante el año y las proyecciones previstas para el segundo semestre de 2026, en el marco de las inversiones impulsadas por el Gobierno en infraestructura.

El ministro Lovera destacó la importancia de mantener una coordinación permanente entre el sector público y privado, señalando que este tipo de espacios contribuye a generar previsibilidad financiera y facilitar el desarrollo de los proyectos en ejecución.

En ese contexto, reiteró la apertura del Ministerio de Economía para continuar dialogando con los distintos actores vinculados a la actividad de la construcción y evaluar alternativas que permitan atender las necesidades del sector.

Por su parte, la ministra Centurión valoró el acompañamiento de los gremios en la búsqueda de mecanismos para avanzar en la regularización de los compromisos pendientes del Estado, al tiempo de destacar el trabajo conjunto desarrollado con el equipo técnico del MEF.

A su turno, representantes de Cavialpa y Capaco resaltaron la predisposición mostrada por ambas instituciones y destacaron la importancia de la mesa de trabajo instalada entre el Gobierno y el sector privado para coordinar acciones y plantear soluciones a los desafíos que enfrenta la actividad constructiva.

La abogada Gisselle Auada se comunicó con nuestra redacción para hacer pública una denuncia vinculada a una serie de incidentes ocurridos días atrás en el distrito de Villa del Rosario, departamento de San Pedro.

Según comentó a HOY, durante un recorrido que realizó en la noche del sábado en compañía de otras personas se topó con un grupo de manifestantes obstaculizando el paso por el puente que conecta con la Compañía Puerto de la Amistad.

Estas personas, entre las cuales se encontrarían parientes y miembros del equipo político del intendente local, Julián Barressi, les negaron el paso y mostraron una actitud hostil en todo momento, pese a los insistentes pedidos para cruzar.

A raíz de ello, Auada y su equipo se dirigieron a la comisaría local para denunciar el hecho. Una vez allí, se cruzaron con una mujer, de nombre Andrea García, quien minutos antes había sufrido una agresión por parte del mismo grupo.

Con intenciones de acompañar a esta mujer y ayudarla a llegar hasta su vivienda (que se encuentra al otro lado del puente), Auada pidió acompañamiento policial.

Una vez en el lugar, la profesional del derecho pidió a los manifestantes que puedan despejar el puente para permitirles el tránsito. “Ahí a duras penas nos dejaron pasar”, refirió.

En ese interín, se produjeron algunas escaramuzas y amenazas protagonizadas por el grupo integrado por “Pachin” Barressi, Jota Barressi, Charopa Benítez, Agustín Céspedes, entre otros nombres que constan en la denuncia formulada ante la Comisaría 13ª de Villa del Rosario. Uno de ellos, incluso, fue filmado portando una hondita que habría intentado utilizar para atacarlos, mencionó Auada.

La abogada sostuvo que, luego de este episodio, Julián Barressi empezó a amedrentarla de manera innecesaria, acusándola sin fundamentos de supuestamente comprar su título. “Por haberse enojado, no sé por qué, empieza a despotricar en contra de mi persona refiriendo estas barbaridades”.

El caso se encuentra en manos de la fiscal Irma Arias, quien iniciará una investigación en representación del Ministerio Público.