El viceministro de Economía y Finanzas, Felipe González Soley, habló al término del encuentro al que convocó Santiago Peña al Consejo Nacional de Empresas Públicas, con el objetivo de poner en orden las finanzas.

Como primer punto, los representantes de las entidades presentaron un informe sobre el estado financiero de cada una.

“Nos instruyó a sentarnos a la mesa y buscar soluciones conjuntas e inmediatas. La colaboración entre empresas permitirá mejorar la gestión financiera y, con ello, la calidad del servicio público”, comentó Soley.

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En tal sentido, se prevé recurrir a mecanismos como: compensaciones de deudas y nuevos esquemas de coordinación financiera. Para ello, se conformará una mesa conjunta entre los presidentes de entes para acordar estrategias de cooperación.

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Actualmente, el decreto que reglamenta el Presupuesto General de la Nación ya fija normas que impiden a las empresas públicas seguir acumulando deudas por servicios básicos y que obligan a elaborar planes de pago de hasta 60 meses, según recordó la directora general de Empresas Públicas, Sara Zárate.

El acuerdo al que lleguen será nuevamente presentado al mandatario, a fin de que apruebe el mecanismo elegido y permita su ejecución.

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La jueza Lici Sánchez afirmó que existe un grave desorden administrativo y en el sistema de salud, en el marco del creciente número de acciones de amparo presentadas por pacientes, principalmente para acceder a medicamentos oncológicos, muchos de ellos de altísimo costo y, en algunos casos, no autorizados para su venta en el país.

En entrevista con radio Ñanduti, la magistrada sostuvo que la situación obliga a los jueces a tomar decisiones urgentes que terminan incidiendo directamente en el presupuesto de otras instituciones, lo que —advirtió— genera una tensión con el principio constitucional de división de poderes.

Sánchez cuestionó con dureza la falta de control previo en la prescripción médica. “No puede ser que los médicos estén recetando medicamentos sin cerciorarse previamente si hay o no hay”, expresó.

Como ejemplo, relató un caso que calificó de alarmante, ya que una receta médica solicitaba 1.000 pastillas, cuando cada frasco contenía solo 28 unidades, con un costo de 39 millones de guaraníes por frasco. “Cuando pedimos los costos, realmente te caés de espalda”, señaló.

La jueza aseguró además que existen fármacos que no cuentan con autorización para su comercialización en el país, pero que aun así son recetados y luego incluidos en órdenes de compra a través de resoluciones judiciales.

“Es grave lo que está pasando”, afirmó, al advertir que esta práctica expone al Estado a riesgos sanitarios, administrativos y financieros.

Sánchez recordó que el amparo es una medida excepcional y urgente, destinada a resolver una situación crítica de salud, pero que su uso reiterado está llevando a los jueces a ordenar compras directas, asumiendo incluso responsabilidades administrativas que no les corresponden.

“Estamos ingresando al presupuesto de otra institución. Por Constitución Nacional hay división de poderes”, subrayó.

La magistrada explicó que, aun con una orden judicial de cumplimiento inmediato, el Ministerio de Salud debe seguir procedimientos administrativos, que incluyen contrataciones directas y llamados a laboratorios, lo que retrasa la provisión de los medicamentos. “¿De qué sirve una orden judicial si el laboratorio no provee por una cuestión administrativa o económica?”, cuestionó.

La jueza Sánchez instó a rever el sistema, fortalecer los controles técnicos, transparentar la compra de medicamentos y definir mecanismos claros para evitar abusos. “El amparo es para resolver lo urgente. Pero después la institución tiene que tomar conciencia. Si hay fallecimientos, reacciones adversas o medicamentos no utilizados, ¿dónde van a parar esos fármacos?”, se preguntó.

Nelson Roberto Acuña Cabañas (28) fue detenido por el Departamento de Investigaciones, luego de una serie de averiguaciones y operativos que condujeron hasta él.

Antes identificaron a Sonia Elizabeth Alen Cabral de 23 años, pareja del detenido, como supuesta cómplice del asesinato del tarotista, ya que habría marcado la cita con la víctima.

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Se incautó la motocicleta y un teléfono celular que el detenido tenía consigo. El arma utilizada para el crimen todavía no fue encontrada, pero sí hallaron una bota de las mismas características a la utilizada por el autor.

De momento no se tiene información acerca del móvil del crimen. Se sospecha que la mujer estaría fuera del país.

El hecho ocurrió el jueves 15 de enero a las 20:30 en la Fracción Santa Ana de Pedro Juan Caballero, donde resultó víctima Rodrigo Cristaldo Pereira (23), brasileño, hijo de paraguayos.

Según testimonios, un desconocido con capucha llegó al lugar a bordo de una motocicleta, conversó con el tarotista y ambos ingresaron a la casa. Una vez en la sala, el sicario sacó el arma de fuego y disparó a quemarropa.

Presentación Caballero Cabral, de 91 años, falleció ayer tras el incendio de su vivienda en San Bernardino. La Essap emitió un comunicado en el que lamentó la pérdida humana y dio un mensaje de acompañamiento y solidaridad con la familia.

Además, la institución ordenó la recopilación de los antecedentes técnicos y administrativos correspondientes y la verificación del estado de la red y de la infraestructura en el área.

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También anunciaron plena colaboración con las autoridades para esclarecer lo acontecido.

La aguatera estatal promete reforzar el trabajo con los municipios y bomberos, principalmente en materia preventiva, así como planificar inversiones y actualizar los registros.