El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, convocó a las partes luego de advertir que aplicará sanciones disciplinarias, incluida la posibilidad de revocar medidas alternativas y ordenar prisión preventiva, si se presentaban incidentes dilatorios.

En el inicio de la diligencia, el agente fiscal Silvio Corbeta se ratificó plenamente en la acusación y solicitó que el caso sea elevado a juicio oral y público.

“El Ministerio Público solicita la calificación de los acusados por lesión de confianza y asociación criminal, en relación al señor Miguel Prieto Vallejos, y a Francisco Arrúa por los mismos hechos punibles”, expresó Corbeta al canal GEN.

Ya durante la audiencia, el fiscal resaltó que “este perjuicio de G 2.130.036.069 a través de los pagos dispuestos en abril y julio de 2020, en un procedimiento realizado de manera indebida por vía de la excepción, no habría sido posible sin la participación y colaboración de los funcionarios a su cargo, designados en cargos de confianza”

Tras la postura del Ministerio Público, corresponde ahora a las defensas de los acusados plantear los incidentes que consideren pertinentes. El juez Otazú reiteró que no tolerará maniobras dilatorias, recordando el extenso historial de suspensiones previas.

Hasta el momento, no se presentó ninguna recusación ni pedido de suspensión, lo que permitió avanzar con la exposición fiscal.

Según la investigación, durante la emergencia sanitaria de 2020 la Municipalidad de Ciudad del Este adquirió alimentos mediante una licitación por excepción direccionada, generando un perjuicio superior a los G. 2.949 millones. El mecanismo habría beneficiado a la empresa proveedora mediante precios inflados y compras irregulares.

El caso, bautizado como Tía Chela, es considerado un emblema de supuesta corrupción en la administración Prieto, con elementos que comprometen directamente al exintendente esteño y a su círculo cercano.

La reunión del mandatario fue con la ministra de Salud, María Teresa Barán y miembros del Consejo del Instituto de Previsión Social (IPS).

“Buscamos eliminar las barreras en el acceso a las prestaciones. Trabajando juntos, optimizamos recursos para dar respuestas rápidas y de calidad a todos nuestros compatriotas”, expresó el presidente Santiago Peña.

El encuentro liderado por el presidente Peña fue realizado en Mburuvicha Róga.

La defensora pública de la Niñez, Carolina Medina, este lunes tuvo una audiencia con los padres de la bebé de 9 meses que la semana pasada fue intoxicada con cannabis.

El objetivo de la comparecencia fue ratificar formalmente a los abuelos paternos de la niña como responsables de su cuidado, garantizando así un entorno seguro y adecuado para su protección integral.

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La defensora explicó que esta medida de protección busca asegurar el bienestar de la niña y el de sus hermanos, priorizando siempre el interés superior del niño y el resguardo de sus derechos fundamentales.

Cabe recordar que la Fiscalía formuló imputación contra el padre y la madre de la criatura (un joven de 25 años y una mujer de 21 años, respectivamente), por el delito de violación del deber del cuidado.

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Su hija había sido llevada al Hospital Regional de Pedro Juan Caballero debido a un cuadro de somnolencia. Tras realizarse los estudios toxicológicos correspondientes, se confirmó la intoxicación por marihuana.

Dos menores de 2 y 4 años de edad, quienes convivían en el mismo entorno, también quedarán bajo resguardo de los abuelos.

En el transcurso de esta tarde se confirmó la localización de la Kia modelo Sportage utilizada en el fallido asalto perpetrado en el barrio Virgen de la Asunción, a metros de la Avenida Artigas.

El vehículo fue abandonado a cinco cuadras del sitio donde se produjo el hecho, sobre la calle Indias casi Capitán Albino Grau, en el barrio Tablada de Asunción.

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Dicho rodado se encontraba con el motor en marcha y las puertas abiertas, presentando un impacto de bala en el parabrisas del lado del acompañante, según el informe.

Tras abandonar la camioneta, los asaltantes huyeron a bordo de un automóvil Toyota Ractis, propiedad de un conductor a quien amenazaron con arma de fuego para que los lleve hasta la zona de la Facultad de Derecho UNA, en el barrio Trinidad de la capital.

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Una vez allí, los malvivientes (que eran cinco en total) fueron rescatados por un cómplice a bordo de un vehículo de color oscuro, cuyas características aún no fueron precisadas por la Policía.

Para este golpe, también utilizaron un camión utiliario de la marca Kia color blanco, robado días atrás en jurisdicción de la Comisaría 11 Metropolitana y que fue abandonado en la misma escena.