Para el Tribunal de Sentencia, compuesto por los jueces Laura Ocampo (presidenta), Cándida Fleitas y Juan Pablo Mendoza, quedaron probados todos los hechos denunciados por las 6 víctimas denunciantes, que además fueron respaldadas por otras más que contaron con detalles lo que sufrieron en manos del hoy condenado.

“Estamos bastantes conformes con la sentencia, los jueces entendieron y no descartaron ningún hecho. Las víctimas están conformes y muy sentidas con todo esto. Hay casos muy fuertes”, resaltó una de las fiscalas del caso.

En la lectura de la sentencia, la jueza Cándida Fleitas detalló cuáles fueron los hechos probados. Según contó, las periodistas eran citadas en la oficina de Carlos Granada para una supuesta “corrección laboral”. Allí primero les exigía vestirse con vestidos cortos y luego las manoseaba. “Les tocaba los pechos y partes íntimas”, señaló la magistrada.

Agregó que Granada se aprovechaba de la necesidad de las trabajadoras, algunas de ellas con familiares enfermos o en situaciones económicas apretadas, y que las presionaba incluso para mantener una relación con él. “Les decía: aprovechame y te va a ir bien”. 

En una muestra del nivel de depravación, según subrayó la jueza, una de las víctimas intentó zafarse diciéndole que estaba con su menstruación, pero esto no fue impedimento para que concrete el acoso sexual. “La víctima dijo: ‘Yo estaba con mi periodo menstrual para que no me toque, pero él lo mismo me toca para comprobar’. Es una cuestión sumamente íntima. Hasta nuestras parejas nos respetan cuando estamos en nuestro periodo, pero él (Carlos Granada) tenía que comprobar, metió su mano para comprobar. Eso es sumamente asqueroso”, lanzó.

La jueza resaltó que el daño ocasionado por el acosador en sus víctimas fue tanto que algunas se sentían como “una basura”, ni siquiera querían ir más a trabajar o incluso pensaron en quitarse la vida.

Por su parte, tras conocer su condena, Granada no pidió disculpas a las víctimas, al alegar su inocencia. “Yo soy inocente. ¿Cómo voy a pedir disculpas por algo que no hice? Hubo relato acá, pero no escucharon mi parte”, dijo.

Tampoco el comunicador mostró arrepentimiento en ninguna de las etapas del proceso ni solicitó algún tipo de resarcimiento a las víctimas.

El Instituto Forestal Nacional (INFONA) presenta la Política Forestal Nacional (PFN). Este instrumento de política pública a largo plazo establece un marco estratégico para el país. La iniciativa impulsa el desarrollo sostenible de los recursos del bosque a través de prácticas innovadoras. El plan también fomenta la competitividad y otorga valor agregado a los productos madereros en los mercados nacionales e internacionales.

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El INFONA ejerce como autoridad principal y ente rector del sector, pero el cumplimiento de esta visión requiere la acción coordinada de diversos organismos. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) alinea la producción agropecuaria con la conservación forestal. El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible protege las áreas silvestres y supervisa las normas ambientales relevantes. Otros actores, como el Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Economía y Finanzas, también asumen roles claves para la industrialización y los incentivos económicos.

El proceso de creación tomó como base las guías de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Del mismo modo, el documento armoniza sus principios con los compromisos climáticos globales y las decisiones del MERCOSUR sobre producción y consumo responsables.

Pese a su relevancia, el documento exhibe una falta de detalle operativo. La política ofrece una orientación general, pero no especifica los instrumentos o las prácticas para su ejecución técnica inmediata. Esta tarea recae sobre estrategias futuras y planes regionales con metas y acciones más precisas.

La Cámara de Diputados convocó a una audiencia pública para analizar el proyecto conocido como “Ley Canela”, que propone un nuevo marco regulatorio para la fabricación, importación, almacenamiento, comercialización, tenencia y utilización de artefactos pirotécnicos en Paraguay.

La actividad, impulsada por el diputado José Rodríguez (ANR-Capital), se llevará a cabo el miércoles 29 de julio, de 08:00 a 12:00, y reunirá a especialistas, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y otros sectores interesados en debatir la iniciativa.

El proyecto recibe el nombre de “Ley Canela” en referencia al caso de la perra Canela, que sufrió graves lesiones en el hocico tras la explosión de un petardo durante los festejos de Año Nuevo. El hecho generó una amplia conmoción y reavivó el debate sobre la necesidad de una regulación más estricta de la pirotecnia para proteger a las personas, los animales y el medioambiente.

La iniciativa no plantea prohibir totalmente la pirotecnia, sino establecer reglas más estrictas, diferenciando la pirotecnia visual de la sonora y concentrando sobre esta última las mayores restricciones debido a su impacto en la salud, la seguridad y el bienestar animal.

Entre los principales cambios figura la prohibición de la venta callejera, ambulante o informal de artefactos pirotécnicos en todo el país, permitiendo su comercialización únicamente en establecimientos habilitados. Además, prohíbe la venta, entrega o facilitación de estos productos a menores de 18 años.

Asimismo, la propuesta establece que la pirotecnia sonora solo podrá utilizarse en espectáculos autorizados por las autoridades competentes y ejecutados por operadores habilitados. Estos eventos deberán realizarse a más de 500 metros de hospitales, centros de salud, instituciones educativas, hogares de niños, residencias de adultos mayores y refugios de animales, con el objetivo de reducir los riesgos para los sectores más vulnerables.

El proyectista sostiene que la normativa vigente resulta insuficiente para prevenir los daños ocasionados por el uso inadecuado de estos artefactos. Según los datos expuestos en la iniciativa, durante las celebraciones de fin de año unas 60 personas resultan heridas por pirotecnia y cerca del 87% de las víctimas son menores de edad.

A ello se suma el impacto económico para el sistema de salud, ya que la atención integral de cada paciente puede representar un costo de entre G. 400 millones y G. 500 millones, considerando cirugías, internación y rehabilitación.

La audiencia pública servirá para recoger opiniones y aportes de especialistas y de los distintos sectores involucrados antes de que el proyecto continúe su tratamiento en el Congreso. La iniciativa también contempla la derogación de la Ley N.º 6.754/2021, que prohíbe la venta y suministro de pirotecnia y explosivos a niños, niñas y adolescentes.

Un importante operativo desplegado en el norte del departamento de Alto Paraná derivó en la incautación de un cargamento masivo de marihuana prensada que totalizó 6.877 kilogramos (casi 7 toneladas). La droga se encontraba acopiada a orillas del lago Itaipú, en el distrito de Mbaracayú, lista para su exportación clandestina hacia el Brasil.

El hallazgo inicial fue realizado por la División de Inteligencia de la Policía de Alto Paraná en la zona de la colonia Yvytu Rokái (también identificada en el perímetro de la colonia Guaraní). En el sitio, los intervinientes hallaron una gran cantidad de paquetes fuertemente embalados con bolsas de polietileno y cinta adhesiva, ocultos en un puerto clandestino de la ribera.

Marinos de la Armada Paraguaya incautaron 6.877 kilos de marihuana, distribuidos en 299 paquetes y ocultos entre la vegetación, a 30 metros de la ribera del Lago Itaipú

Dificultades por el clima

Debido al enorme volumen del cargamento y a las condiciones climáticas adversas registradas en la región —con fuertes ráfagas de viento que generaban un peligroso oleaje en el lago—, las autoridades no pudieron utilizar embarcaciones pequeñas para el traslado inmediato de la evidencia. Ante esta situación, se solicitó el apoyo de la Base Naval, que dispuso de buques de mayor porte para asegurar y transportar los fardos.

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El fiscal antidrogas asignado al caso, Luis Escobar, ordenó que todo el cargamento de estupefacientes fuera trasladado hasta la Base Naval de Ciudad del Este para su correspondiente pesaje definitivo, guarda y custodia.

Las autoridades presumen que la estructura criminal operaba en la zona aprovechando la densidad fronteriza del lago para el paso de sustancias ilícitas mediante lanchas rápidas. El procedimiento continuará bajo investigación para intentar identificar a los responsables del acopio.