En entrevista con el canal GEN, el titular del MIC acusó al diario del Grupo Zuccolillo de manipular sus declaraciones y sacarlas de contexto para instalar un enfrentamiento con el Gobierno.

La autoridad explicó que sus palabras se dieron durante una exposición de una hora en la presentación previa del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, donde abordó la estructura del empleo y la necesidad de mejorar la calidad laboral en el país.

“La frase fue completamente sacada del contexto general. Había explicado con números que el desempleo en Paraguay ronda el 6,5%, que es bajo, y que el verdadero desafío es mejorar la calidad del empleo”, señaló.

Según el ministro, jamás afirmó que “no hay desempleo”, sino que expuso que un país con 0% de desocupación “ni existe ni es sano”, porque implica falta de mano de obra disponible. Recordó que, de los 3 millones de personas empleadas en Paraguay, alrededor de 2 millones necesitan mejorar su nivel de ingreso, lo que solo será posible avanzando hacia la industrialización.

Giménez fue más allá y apuntó contra ABC Color, al señalar un claro interés editorial en distorsionar sus palabras. “Esto viene dentro de ese esquema de enfrentar al medio de comunicación al Gobierno”, afirmó.

El ministro recalcó que su exposición giró en torno a dos ejes: la necesidad de fortalecer la formación técnica mediante escuelas y universidades mejor preparadas, y el proceso de industrialización que busca atraer inversiones, dar valor agregado a las exportaciones y generar empleos de mayor calidad.

OTRAS MENTIRAS DE ABC

ABC Color distorsionó declaraciones de Nancy Hernández, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), durante su visita al país.

El medio publicó en tapa que la jueza había dicho que “la democracia paraguaya atraviesa uno de sus momentos más críticos”, lo que Hernández desmintió al día siguiente, aclarando que se refería a la democracia en general en la región, y no a Paraguay.

En otra oportunidad, el diario sobre la cale Yegros manipuló un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para instalar una supuesta advertencia sobre el riesgo a la libertad de expresión en Paraguay.

Esta supuesta advertencia no aparece en la conclusión de la asamblea de la asociación de medios periodísticos, sino que en realidad figura en un informe enviado desde nuestro país por los propios delegados del Grupo Zuccolillo.

En otra ocasión, ABC mintió al decir que la empresa Comepar SA, proveedora del programa Hambre Cero, recibía trato privilegiado del Estado al recibir los mayores desembolsos mientras las demás pedían el pago de la deuda.

Los documentos oficiales del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) evidenciaron que esta firma registra la deuda más elevada, en contrapartida a lo publicado por el Grupo Zuccolillo.

Cansado de los constantes reclamos a la Municipalidad de Asunción, nace la plataforma Asu Reclamos, impulsada por un ciudadano asunceno, Ever Escalante.

Según el creador, la aplicación nace desde un barrio, donde los vecinos padecen un montón de situaciones que muchas veces no son escuchadas por la comuna. Con la app Asu Reclamos cada reclamo podrá tener su seguimiento y gestión.

La plataforma permite reportar baches, basura, problemas de alumbrado y espacios públicos. Además de registrar los reclamos con ubicación georreferenciada y acompañar el proceso de cada caso, promoviendo la rendición de cuentas.

Cada reporte es registrado, clasificado y acompañado, con el compromiso de gestionar ante las instancias correspondientes y mantener informada a la ciudadanía.

La aplicación ya se encuentra disponible como una herramienta abierta para todos los vecinos de Asunción y del país.

La Licitación Pública Nacional N.º 164/24, para la “Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, con provisión de repuestos a demanda para ascensores del Hospital Central” fue adjudicada por un monto de 3.500 millones de guaraníes, con una vigencia de 25 meses a la empresa Renfe.

Los trabajos comenzaron el año pasado y continuaron por tres meses, hasta que una empresa presentó una protesta a la cual hizo lugar la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas hace ocho meses. Finalmente ayer, la protesta fue rechazada.

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“Hoy tenemos seis ascensores parados por falta de mantenimiento correctivo. Estamos esperando la liberación de la parte documental para que esta empresa retorne, creemos que a mediados de la otra semana ya van a presentarse”, explicó Juan Penayo, jefe del Departamento de Mantenimiento del IPS Central.

Al momento de la suspensión del contrato, se estaba haciendo el mantenimiento de dos ascensores. Sin embargo, los seis ascensores quedaron fuera de servicio “recién” hace 30 días. Los elevadores descompuestos son de uso de familiares y visitantes, no así por los pacientes, aclaró.

“Hoy tengo dos ascensores que deberían estar funcionando en 24 horas por el tipo de repuesto que necesita, pero otros que tardarían un poco más porque entran en mantenimiento del sistema, pero una vez que tengamos disponible el contrato, estos seis ascensores que tenemos parados ya estarían funcionando”, afirmó.

Los representantes de la empresa adjudicada empezarán a trabajar a partir del miércoles de la próxima semana. Desde ese momento podrá contarse el plazo de 24 horas.

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El suboficial Superior (SR) Carlos Silvero, presidente de la Asociación e Integración de Suboficiales Retirados de la Policía Nacional, dijo que están de acuerdo con la aplicación de una reforma, pero no con el planteamiento del Ejecutivo respecto a la edad mínima de jubilación.

“Nosotros estamos de acuerdo en los 35 años de servicio, pero en la edad mínima a ver si nos podrían tener compasión porque el 70 % de las fuerzas públicas entraron a los 17 o 18 años, y no se puede cambiar las reglas cada seis meses o un año”, cuestionó Silvero, en un contacto con radio Universo 970 AM.

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Además de la aplicación de una tasa sobre el usufructo de tierras, proponen un aporte especial proveniente de Itaipú Binacional, para su destino a la Caja Fiscal.

El gremio además propone modificar el esquema de aportes obligatorios, elevándolos al 24%, distribuido de la siguiente manera: 18% a cargo del afiliado y 6% como contribución patronal del Estado. La propuesta del Ejecutivo plantea 19% a cargo del afiliado y 3% a cargo del Estado (22% total)

Pese a que el Ministerio asegura que se respetarán los derechos adquiridos, el gremio sostiene que el artículo 14 del proyecto deroga la ley 4.493/11 que establece los montos de la escala de sueldo básico mensual y otras remuneraciones.

Sin embargo, el ministro de Economía explicó que la ley no es retroactiva y que, quienes ya se jubilaron con otras condiciones, mantendrán sus derechos adquiridos. No obstante, los policías creen que aquí existe una pequeña laguna jurídica.

Todo cotizante que, al momento de la promulgación de a ley, haya reunido los requisitos exigidos por la normativa vigente para acceder a la Jubilación o al retiro, podrá regirse por las disposiciones establecidas en la Ley N.º 2345/2003 y sus modificaciones, así como por las leyes especiales que regulan cada régimen específico del sistema, sin quedar sujeto a las nuevas disposiciones.

Los derechos consolidados forman parte del patrimonio de sus titulares y no pueden ser modificados ni desconocidos por normas posteriores. El nuevo marco normativo regirá únicamente para los futuros servidores públicos y para aquellos que aún no hayan configurado su derecho a la jubilación o al retiro, permitiendo así una transición ordenada, gradual y sin efectos retroactivos.