La ministra de la Mujer, Alicia Pomata, analizó en entrevista con el canal GEN la condena de 10 años de cárcel impuesta al periodista Carlos Granada por hechos de coacción sexual y acoso en el ámbito laboral. Señaló que el fallo es “ejemplar” y abre un espacio de reflexión sobre la violencia que viven muchas mujeres en sus lugares de trabajo.

Explicó que siguió de cerca el desarrollo del juicio y destacó que las víctimas y sus familias expresaron conformidad con la sentencia. Sin embargo, subrayó que el daño emocional y psicológico persiste.

“La condena me parece ejemplar. Pero más allá de lo judicial, el daño ya está hecho. Van a necesitar años de terapia y mucha contención”, dijo.

La ministra sostuvo que casos como este revelan la difícil realidad que enfrentan mujeres sometidas a acoso laboral, especialmente cuando existe una relación de dependencia económica o jerárquica.

“Les decían: ‘Si no accedés, no vas a seguir tu carrera’. Eso es abuso. No podemos seguir tolerando que acceder a un trabajo digno sea tan difícil para tantas mujeres”, reflexionó.

En ese sentido, Pomata resaltó el rol de quienes acompañaron a las denunciantes (mujeres, hombres y compañeros de trabajo) y criticó a quienes optaron por el silencio pese a haber sido testigos de lo que pasaba en el canal televisivo. Por ello, llamó a la sociedad a involucrarse más activamente ante hechos de violencia.

“Si ves una situación así, aunque no seas la víctima, tenés que ser ese apoyo. Las condenas deben servir para reflexionar dentro de las empresas y preguntarnos cómo se permitió algo así tanto tiempo”, expresó.

La ministra confirmó que el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Trabajo están ultimando un protocolo de no violencia en el ámbito laboral, que será lanzado en los primeros días de diciembre.

“Muchos casos llegan a Recursos Humanos y se cajonean. Por eso trabajamos con la ministra Mónica Recalde en una reglamentación que se aplicará en empresas e instituciones”, adelantó.

El documento incluye lineamientos para prevenir, detectar y actuar ante situaciones de acoso, especialmente en estructuras laborales verticales donde suelen darse abusos de poder por parte de hombres en altos cargos.

Pomata también abordó el debate público generado por la condena, al enfatizar que el caso Granada se basó en testimonios, relatos y pruebas que demostraron un patrón de abuso, no de seducción.

“Tenemos que trabajar mucho la diferencia entre seducción y abuso. En este caso no hubo seducción; fue terrible. El ‘no’ es no”, remarcó.

Asimismo, la ministra insistió en la necesidad de promover relaciones sanas, respeto a los derechos humanos y prácticas de “masculinidad positiva”, donde incluso entre colegas se pueda advertir conductas inapropiadas.

La decisión fue adoptada por unanimidad mediante el Acuerdo y Sentencia N.º 129, firmado por los ministros María Carolina Llanes, Alberto Martínez Simón y Silvana Luraghi, quienes concluyeron que los recursos no cumplían con los requisitos legales de fundamentación y que, en algunos casos, fueron presentados fuera del plazo establecido.

Con esta resolución quedan definitivamente firmes las condenas impuestas en el juicio oral y posteriormente confirmadas por el Tribunal de Apelación Especializado.

El Ministerio Público informó que, durante la investigación y el juicio, los fiscales Rodrigo J. Espínola, Francisco Cabrera y Néstor Coronel demostraron la existencia de un esquema para desviar recursos públicos asignados a la Gobernación de Central con el objetivo de afrontar la emergencia sanitaria.

Según la acusación, los fondos fueron desviados mediante la utilización de documentos falsos, rendiciones de cuentas irregulares y la simulación de obras que nunca llegaron a ejecutarse.

Además de Hugo Javier González, también quedó firme la condena de 10 años de prisión para Miguel Ángel Robles Ibarra. En tanto, Javier Marcelo Rojas Giménez, Luis Eduardo Allende Araujo, Lourdes Verónica Lezcano Decoud y Modesta Valiente Escobar fueron condenados a dos años de prisión, con suspensión de la ejecución de la pena.

Con la resolución de la Corte Suprema concluye el proceso ordinario en una de las principales causas de corrupción relacionadas con el uso de recursos destinados a atender la emergencia sanitaria durante la pandemia del COVID-19.

La institución informó que el objetivo de la intervención es fortalecer la seguridad alimentaria de las familias en situación de vulnerabilidad, garantizando el acceso a alimentos esenciales y brindando una respuesta oportuna a las necesidades detectadas en estas comunidades.

En total, fueron distribuidos 130 kits de alimentos en la comunidad Jotoicha, 110 en San Miguel, 66 en Nasuc y 75 en San Ramón.

Asimismo, la SEN entregó 21 kits a Primavera 1, 22 a Primavera 2, 42 a San Pío, 35 a Trinidad, 30 a la comunidad San Pedro y 16 kits de alimentos a San Antonio.

Desde la institución señalaron que estas acciones forman parte de las intervenciones permanentes que se realizan en el Chaco para asistir a las poblaciones más vulnerables y garantizar el acompañamiento estatal ante las necesidades alimentarias.

La intervención estatal se activó tras la difusión de un video en redes sociales que alertó sobre la crítica situación en el barrio. Las imágenes mostraban a niños y adolescentes, principalmente varones de entre 10 y 15 años, portando y manipulando armas de fuego, presuntamente implicados en la comercialización de drogas.

Ante esta situación, el caso fue derivado de urgencia a la Fiscalía Ordinaria Penal para evaluar la responsabilidad de los padres por exposición al peligro, así como a la Fiscalía del Crimen Organizado y Tráfico.

Durante los procedimientos, las autoridades localizaron a seis niños cuyos padres también se dedicaban de forma directa a la venta de sustancias ilícitas.

Lourdes Fernández, directora de Protección del MINNA, advirtió que la utilización de menores en estas redes es una práctica común que los expone de manera directa al consumo de estupefacientes. La funcionaria señaló que, aunque el operativo resultó invasivo y generó temor en la comunidad, el análisis de las cámaras de vigilancia de la zona permitirá visibilizar los mecanismos de reclutamiento de estos niños.

Durante las revisiones en las viviendas, los agentes capturaron a varios padres en flagrancia mientras comercializaban drogas y se incautaron de diversos elementos cortopunzantes.

Respecto al destino de los niños cuyos padres resultaron detenidos, las autoridades informaron que se está evaluando el entorno de sus familias ampliadas. En paralelo, un defensor de la Niñez dispuso medidas de protección urgentes para que los menores sean trasladados y resguardados en los centros especializados con los que cuenta el MINNA