La iniciativa, titulada “Que promueve medidas preventivas, control y vigilancia para la eliminación de criaderos de mosquitos vectores de enfermedades en áreas urbanas”, surge, según la exposición de motivos, como respuesta a los brotes recurrentes de dengue, zika y chikungunya que afectan al país desde hace años, con graves consecuencias para la salud pública y la economía.

El proyecto fue presentado por los diputados Liz Acosta (ANR-Alto Paraná); Jorge Barressi (ANR-San Pedro) y Miguel Ángel Del Puerto (ANR-Caaguazú) y establece que propietarios, tenedores o responsables de inmuebles deberán mantener sus predios libres de criaderos de mosquitos y cumplir con las medidas sanitarias dictadas por autoridades nacionales y municipales. “El incumplimiento podrá derivar en sanciones administrativas y, en casos graves, penales”, advierte el documento de justificación del proyecto.

La propuesta, por otro lado, designa como autoridades de aplicación al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (SENEPA), el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y los municipios, cada uno en el ámbito de sus competencias.

Una de las principales novedades del proyecto es la incorporación de herramientas tecnológicas para mejorar la fiscalización. Entre ellas se contemplan el uso de drones para monitoreo aéreo, aplicaciones móviles para reportes ciudadanos, sistemas de georreferenciación para mapear zonas críticas y bases de datos interoperables entre instituciones.

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Establece que las inspecciones deberán realizarse al menos una vez por trimestre en zonas urbanas de alta densidad poblacional, con mayor frecuencia en áreas de riesgo epidemiológico. Los resultados serán publicados en plataformas digitales oficiales para garantizar transparencia y fomentar la participación ciudadana.

El proyecto contempla, en su régimen sancionatorio, multas administrativas que van desde 20 hasta 2.000 jornales mínimos, dependiendo de la gravedad de la infracción. En el ámbito penal, se prevén penas de 6 a 24 meses de prisión o multas de 100 a 500 jornales mínimos.

Las penas podrán agravarse hasta 5 años en casos como emergencias sanitarias declaradas, inmuebles abandonados con numerosos criaderos, zonas de alta morbilidad o reincidencia.

El pedido fiscal apunta a incorporar como prueba los datos extraídos del teléfono celular de Lindomar, quien formaría parte del entorno del presunto narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua. De ser admitida, esta evidencia podría resultar clave para ampliar la causa y eventualmente incorporar el delito de narcotráfico, ya que actualmente Arnaldo Giuzzio está acusado por supuesto cohecho pasivo agravado (coima).

El juicio oral y público fue fijado para el miércoles 18 y jueves 19 de febrero de 2026, a las 8:30, luego de que la Cámara de Apelaciones rechazara el último recurso presentado por la defensa del exsecretario de Estado. El juzgamiento estará a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, presidido por la jueza Adriana Planás Bajac e integrado por Ubaldo Matías Garcete y Yolanda Morel de Ramírez.

Ante estos mismos jueces, el fiscal Jorge Arce había solicitado en marzo del 2025 que se incorpore como prueba la desgrabación de los celulares de Lindomar Reges Furtado, quien fue capturado en enero de 2025 en un condominio de lujo del barrio Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro.

Lindomar había logrado fugarse en febrero de 2023 durante un fallido operativo de la Fiscalía y la Senad en el Paraná Country Club, en Alto Paraná.

La Fiscalía sospecha que Giuzzio pudo haber recibido beneficios de Lindomar y que, incluso, habría facilitado información para permitir su huida del país. “Hay información de que en esos teléfonos podrían existir datos relevantes que deben ser valorados dentro del juicio”, había señalado el agente fiscal al fundamentar el pedido ante el Tribunal.

En caso de que los magistrados autoricen la inclusión probatoria, se solicitará vía exhorto internacional que la Policía Federal del Brasil remita oficialmente los datos de la extracción realizada al celular de Lindomar.

Para la investigación, este material podría marcar un punto de inflexión en el proceso judicial y abrir la puerta a una eventual ampliación de la imputación más allá del hecho de coima por el que actualmente será juzgado el exministro.

Según la investigación fiscal, entre julio de 2021 y febrero de 2022, Arnaldo Giuzzio mantuvo contacto directo y frecuente con Marcus Vinicius, detenido en Brasil por lavado de dinero, tráfico de drogas y activos, en el marco del operativo Turf. Los fiscales sostienen que el brasileño buscaba posicionarse como proveedor del Estado, ofreciendo chalecos antibalas y vehículos blindados al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional.

En ese contexto, se registran los primeros beneficios recibidos por Giuzzio, tales como el blindaje de un móvil policial a modo de “cortesía” y el préstamo gratuito de un vehículo blindado para uso personal durante unas vacaciones familiares en Brasil.

Las comunicaciones se realizaban vía WhatsApp, tanto al número personal de Vinicius como al registrado a nombre de la empresa Black Eagle, además de reuniones presenciales en oficinas privadas y en el campo de tiro de la FOPE.

Un informe de la Secretaría de Defensa del consumidor muestra un crecimiento del 345 % en cantidad de reclamos ingresados a la institución, con un total de 11.998 reportes, principalmente desde Central, Asunción, Alto Paraná e Itapúa.

El ránking de los rubros que más cantidad de reclamos generan y que, en conjunto representan el 57 % del total son:

Servicios financieros y seguros: 24 %

Telecomunicaciones: 10 %

Productos electrodomésticos y electrónicos: 10 %

Automotor: 8 %

Salud: 5 %

Los principales motivos de reclamo son cuatro, que, a su vez, se dividen en subcategorías:

Práctica abusiva: Cobro indebido, exigir pagos sin respaldo documental, renovación automática no consentidas, variación unilateral del precio o de otras condiciones, maltrato en la gestión de cobranza, inclusión indebida en burós de créditos o falta de actualización de información, no dan de baja estando con reestructuración en el pago.

No entrega del automotor dentro del plazo prometido, pese al pago de señas, entregas iniciales o cuotas. Cobro de comisiones o pago mínimo por uso de TC/TD.

Falta de información: no otorgan suficiente información sobre las características del bien o servicio, no otorgan la liquidación detallada de la deuda, no informan la falta de garantía, demoras excesivas en el servicio técnico, sin solución definitiva, productos no cuentan con precios ni descuentos en promociones.

Publicidad engañosa: cambio de precio en caja o en góndola, gastos adicionales a lo publicitado, producto o servicio distinto a lo publicitado.

Mal servicio: internet/cable, falta de atención o respuesta eficaz a reclamos en los canales presenciales o digitales, deficiencias en reparaciones y servicios técnicos, incluyendo trabajos mal realizados.

Sedeco informó que, en el 80 % de los casos ingresados, se logró un acuerdo en audiencias conciliatorias. En tal sentido, s

Cansado de los constantes reclamos a la Municipalidad de Asunción, nace la plataforma Asu Reclamos, impulsada por un ciudadano asunceno, Ever Escalante.

Según el creador, la aplicación nace desde un barrio, donde los vecinos padecen un montón de situaciones que muchas veces no son escuchadas por la comuna. Con la app Asu Reclamos cada reclamo podrá tener su seguimiento y gestión.

La plataforma permite reportar baches, basura, problemas de alumbrado y espacios públicos. Además de registrar los reclamos con ubicación georreferenciada y acompañar el proceso de cada caso, promoviendo la rendición de cuentas.

Cada reporte es registrado, clasificado y acompañado, con el compromiso de gestionar ante las instancias correspondientes y mantener informada a la ciudadanía.

La aplicación ya se encuentra disponible como una herramienta abierta para todos los vecinos de Asunción y del país.